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El abogado Jorge Valda aclaró ayer que la acusación que presentó el Ministerio Público en su contra por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, “no es más que una difamación”, ya que al no encontrar nada en su contra, en el proceso que inició hace seis años, tiene una sentencia ejecutoriada de sobreseimiento.
El jurista explicó que la investigación comenzó el 2015 y que el año 2017, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió un informe de “operaciones inusuales” sin pruebas y en marzo de 2020, el mismo Ministerio Público concluyó con un rechazo a la investigación.
“Se olvidaron mencionar que esta causa fue rechazada en dos oportunidades (…) el año 2020 fue el primer rechazo, recordarán que el 14 de noviembre de 2020 (…) nos detuvieron ilegalmente en Santa Cruz, nos trajeron hasta La Paz y fue precisamente por este proceso. Desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021 se habría dictado la resolución de sobreseimiento, es decir, seis años de investigación para que la fiscal Lupe Zabala sostenga que no existe un solo elemento de prueba con el cual se pueda vincular a mi persona con un hecho de legitimación de ganancias ilícitas. El procedimiento establece que en diez días, el fiscal departamental podría revocar esta determinación en caso de existir una objeción, no ha existido apelación alguna a esta resolución (…), por lo cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (La Paz), determinó la ejecutoria de esta resolución de sobreseimiento y dictaminó el levantamiento de todas las medidas cautelares que se me habían impuesto y dispuso la libertad pura y simple”, explicó.
ACUSACIÓN
El lunes, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que el Ministerio Público presentó una acusación formal en contra de Valda, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, el cual tiene una condena de 10 años de prisión.
“Estamos a la espera de que la autoridad jurisdiccional convoque a audiencia de inicio de juicio para exponer las pruebas obtenidas durante la etapa preparatoria de la investigación, la Fiscalía llegó a colectar varios elementos indiciarios que hacen presumir que el acusado incurrió en el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas como el informe de inteligencia financiera de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del 14 de marzo de 2017, informes de la entidades financieras en las que el abogado habría depositado altas sumas de dinero a sus cuentas personales y de sus familiares, montos que no coinciden con las actividades económicas que realizaba, informes de Impuestos Nacionales, además de declaraciones testificales”, dijo Alave.
//FUENTE: EL DIARIO//
