“El pueblo está en el Gobierno; por tanto (el Defensor) va a defender al pueblo en las calles pero también al pueblo que está en Palacio”, decretó el entonces presidente Evo Morales el 13 de mayo de 2010, cuando posesionó a Rolando Villena como defensor del Pueblo.
El otrora vicepresidente Álvaro García Linera reforzó en el mismo acto: “El Defensor del Pueblo va a defender al pueblo y al Estado frente a las conspiraciones y ante quienes quieren acabar con la democracia”.
Tres años después, el Defensor elegido por el MAS con amplia mayoría en la Asamblea Legislativa era repudiado por los gobernantes y sus colaboradores como “el mejor instrumento de la derecha”, “neoliberal”, “político camuflado” y otros calificativos porque Villena denunció los excesos del Gobierno contra las libertades democráticas.
El 4 de mayo de 2016, cuando era posesionado David Tezanos Pinto como el nuevo defensor del Pueblo, Morales insistió en que “en estos tiempos, los más agredidos, no sé si es a partir de Presidente, del Vicepresidente, es el mismo Estado porque está al servicio del pueblo”.
Un año después, Tezanos Pinto guió la nave de la institución -encargada de velar por la vigencia, promoción y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales- hacia aguas tranquilas pero controladas por un poder “omnímodo”, como dijo Villena.
La institución cimentada por Ana María Romero de Campero sucumbió aunque continuó funcionando, pero con un alto costo económico soportado por el Tesoro General de la Nación y la cooperación internacional.
En la casa de la Defensora
Las primeras memorias de la institución dan cuenta de que ésta comenzó a funcionar sin un presupuesto asignado por el Estado y en el domicilio de la primera defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero.
“El 1 de abril de 1998, sin contar con un local ni un presupuesto aprobado, la Defensora empezó a trabajar en su domicilio particular. Al cabo de tres semanas se trasladó a una oficina alquilada en el edificio Illampu y, finalmente, se instaló en la calle Heriberto Gutiérrez, 2374, en un edificio de tres plantas que se tomó en alquiler hasta que la institución sea dotada de un local propio”, dice una de las memorias.
Desde sus inicios y a fin de ajustarse al perfil institucional, el Defensor del Pueblo trabajó de manera independiente frente a los poderes del Estado con el respaldo espontáneo de personas e instituciones, lo que significó una valiosa ayuda para organizar la nueva institución.
Al iniciar sus primeras gestiones administrativas, el Defensor del Pueblo encontró varios escollos. Uno de ellos fue la negociación con los responsables del Tesoro General de la Nación por falta de asignación de fondos a la institución en el Presupuesto de 1998 y por la imposibilidad de reformular el presupuesto ya aprobado por el Congreso.
El Defensor del Pueblo, como se llamaba entonces, comenzó a desarrollar sus actividades el 1 de abril de 1998 y recién el 13 de junio de ese año, después de cumplir requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda, se aprobó su primer presupuesto de 6.879.098 bolivianos. Ese año, la institución alcanzó una ejecución del 98%.
Doce años después, en 2010, el presupuesto de la Defensoría fue registrado en 29,3 millones de bolivianos con una estructura institucional consolidada y con más personal. Los ingresos aumentaron en más de 400%.
Para este reportaje se tomó como muestra el presupuesto de los últimos 10 años de la Defensoría del Pueblo.
Desde 2012 hasta los primeros meses de este año, la Defensoría del Pueblo ha ejecutado 356.444.214 bolivianos, según datos extraídos del Presupuesto General del Estado y del Sigep-Sigma. Esta cifra no contempla el respaldo de la cooperación internacional; por ejemplo Unicef, PNUD y Suecia aportaron más de 1,2 millones de bolivianos en 2019.
Esta cifra fue en aumento algunos años pero en otros hubo reducciones, como en 2012 cuando se programaron 18,3 millones de bolivianos pero había remanentes que no se habían ejecutado en anteriores gestiones.
Para este año se han previsto 37,9 millones de bolivianos para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, de los que 22 millones se destinarán a “servicios personales”; 13,4 millones para “servicios no personales” o pago de servicios básicos y el presupuesto restante se divide entre mantenimiento y reparación de vehículos, muebles, servicios profesionales, publicidad, gastos judiciales, pasajes, viáticos, seguros y otros.
Los defensores del “pueblo que está en Palacio”
Después de que fue elegido en marzo de 2016 con la confianza de 103 parlamentarios, más de dos tercios de la Asamblea Legislativa, Tezanos Pinto puso en marcha su plan con una delimitación clara. La Defensoría del Pueblo debía incidir en la generación de políticas públicas y normativas para las poblaciones y colectivos en situación de vulnerabilidad en particular mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Definió que las áreas de mayor énfasis serían racismo y discriminación, acceso a la justicia, tortura, Observatorio Plurinacional de Derechos Humanos, derechos económicos, sociales, culturales, agua y Madre Tierra.
También trazó la “gestión pacífica” y de prevención de conflictos, y dejó en claro que la “Defensoría del Pueblo no genera antagonismo con el Estado sino coordina con Gobierno central y las entidades territoriales autónomas para el cumplimiento de sus funciones”.
Y así fue.
Desde que asumió el cargo, alineó su mandato al Gobierno de turno y respaldó algunas medidas que vulneran derechos como la construcción de la carretera por el medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) sin consulta previa de los pueblos indígena originario campesinos, como establece la Constitución Política del Estado en Bolivia.
En 2016, durante la movilización de las personas con discapacidad que marcharon desde Santa Cruz hasta La Paz demandando un bono de 500 bolivianos al gobierno de Evo Morales, alineó su discurso y acciones a las del Órgano Ejecutivo. Dijo que la petición afectaría al presupuesto del Estado, responsabilizó a los policías por las violentas represiones en la Plaza Murillo y evitó incluir a autoridades del Gobierno.
Después fue filmado cuando entregaba “ayuda humanitaria”, que consistía en dinero, a los marchistas que habían decidido retornar a sus respectivas regiones luego de que el movimiento quedó fracturado.
Un repaso a sus acciones evidencia el mismo patrón en conflictos como el de Adepcoca y la detención del dirigente Franclin Gutiérrez, o la movilización de Achacachi.
Sus informes defensoriales dan cuenta de acciones concretas en relación con derechos de niñas, niños y adolescentes, indígenas y de grupos Lgbti. También hizo énfasis en la situación de los detenidos en las cárceles; sin embargo, evitó los pronunciamientos sobre los abusos del poder político.
El mandato de Tezanos Pinto llegó a su epílogo de manera inesperada en enero de 2019 en medio de un escándalo después de ventilar sus problemas conyugales en ambientes de la Defensoría del Pueblo y compararse con el entonces presidente Morales, quien también habría usado bienes del Estado en su relación con Gabriela Zapata.
La Defensoría, según la Constitución Política y la ley del Defensor del Pueblo, tiene una autonomía funcional, financiera y administrativa como base para evitar la injerencia política partidaria o de otra índole y no recibe instrucciones de los órganos del Estado.
Su ámbito de intervención incluye derechos humanos, individuales y colectivos.
La función de la Defensoría alcanza a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que prestan servicios públicos.
El 30 de enero de 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Nadia Cruz como la nueva Defensora del Pueblo interina con 96 votos con la previsión de que mientras dure el interinato de la autoridad se designará a la nueva o nuevo Defensor del Pueblo, pero aquello no ocurrió. La abogada permaneció en el cargo más de tres años.
Como Tezanos, Cruz tampoco logró devolver a la Defensoría la independencia establecida por las normas vigentes; concentró sus esfuerzos en los derechos de sectores vulnerables y le tocó enfrentar la crisis política de 2019 y la pandemia por la covid.
En sus informes de gestión e informes defensoriales se abordan temas como la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes, salud, personas adultas mayores, personas con discapacidad, minería y otros. También incidió en las vulneraciones a los derechos humanos durante el gobierno de Jeanine Añez (masacres de Senkata y Sacaba, y las muertes ocurridas en Pedregal).
En este particular, entregó al menos tres informes defensoriales sobre las vulneraciones a los derechos humanos con verificaciones y testimonios, e hizo representaciones en ámbitos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que después conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para investigar la violencia ocurrida entre septiembre y diciembre de 2019.
Sin embargo, no investigó ni tomó contacto con las víctimas del gobierno de Evo Morales – quien renunció el 10 de noviembre de 2019- de Montero, Vila Vila, Challapata, Potosí o ciudadanos que sufrieron ataques de grupos de civiles afines al Gobierno que perpetraron al amparo de las fuerzas del orden.
No existen recomendaciones ni conclusiones que señalen responsabilidades de autoridades gubernamentales en el despliegue de indígenas, campesinos, mineros y funcionarios públicos en La Paz en contra de ciudadanos movilizados después de las elecciones fallidas de octubre del año 2019.
La muerte de Julio Llanos, sobreviviente de la dictadura y activista por los derechos humanos, permanece en la impunidad aunque el informe defensorial confirma que fue víctima de ataques de grupos civiles.
En su informe defensorial, Nadia Cruz denuncia que después de las elecciones de 2019, “las autoridades y servidores públicos de la Defensoría del Pueblo fueron objeto de diferentes actos que limitaron o buscaron limitar su labor”.
Desde el gobierno de Jeanine Añez, los asambleístas desconocieron el mandato de la Defensora porque su interinato habría fenecido, pero la autoridad recibió el respaldo de la CIDH que le otorgó medidas cautelares ante los ataques del poder junto al delegado Nelson Cox, quien después fue candidato del MAS a la Alcaldía de Cochabamba.
Los informes defensoriales de Cruz también hacen un fuerte énfasis en la atención de la pandemia durante la primera ola en el gobierno de Jeanine Añez y concluye que el Estado no cumplió con la protección de la salud de la población.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
