ANDRÉS GÓMEZ VELA
El feminicida y violador serial Richard Choque Flores sabía que ofrecer empleo era la mejor vía para llamar la atención de mujeres pobres. “Amigas que quieran ingresos diarios en sus ratos libres, ‘buenos ingresos’ escriban al privado ojo se paga por hora, diario o semanal. Escríbeme”, fue el texto que publicó en su muro de Facebook con el nombre falso de Haide Mitzi Flores Alarcón para captar a sus víctimas.
Iris, 15 años, estaba en edad de estudiar, pero su condición de pobreza la obligó a buscar un trabajo sin saber que iba a encontrar la muerte. Lucy, 17 años, también estaba en edad de acabar el colegio e ir a la universidad, pero su condición social la empujó a escribir a Richard Choque por una oportunidad de ganarse “ingresos diarios en sus ratos libres” sin saber que iba a caer en manos de un criminal.
Tras la desaparición de Iris y Lucy, los familiares de ambas se acercaron (en tiempos separados) a la Policía y al Ministerio Público para denunciar que sus hijas habían sido secuestradas. Pero policías y fiscales les respondieron con el prejuicio que existe contra los pobres: Fue autosecuestro. Tu hija se habrá ido con su novio y está feliz.
Fiscales y policías no armaron operativos, no rastrearon el número de teléfono del que el secuestrador mandaba imágenes y textos, no hicieron un ciberpatrullaje, no acudieron a peritos. Como los denunciantes eran pobres, no investigaron ni se interesaron en encontrar con vida a las víctimas.
“Las mujeres pobres no tenemos a dónde ir a buscar justicia, no hay quien nos escuche”, me dijo en quechua hace años (marzo de 2018), Zenobia Juchahuayño Yucra, madre de Silica Colque, una cholita que fue violada y asesinada el 20 de octubre de 2016 por un subalcalde del MAS (de iniciales I.P.) en el municipio de Pocoata, Potosí.
Zenobia buscó justicia, presentó la denuncia ante la Fiscalía de Colquechaca porque estaba (y está) convencida de la culpabilidad de I.P. Dos personas vieron el hecho y escribieron el nombre del autor en unas piedras en el mismo lugar del crimen. Ambos testigos estaban dispuestos a declarar si el Ministerio Público les daba garantías.
Con mi prima Marlene y otras mujeres de La Paz denunciamos el caso y la fiscalía pidió, 18 meses después del feminicidio, detención preventiva para el principal sospechoso. Un juez de Colquechaca, Potosí, lo mandó a prisión. ¿Qué crees que pasó meses después? Quedó libre.
“Chay runaqja qjolqueyoj, nokjayqu ni imayoj qayqu; asicuspa llojsin carcelmanta. Wawaypaj mana justicia qanchu (esa persona tiene dinero, nosotros no tenemos nada, esa persona salió de la cárcel riéndose de nosotros. Para mi hija no hubo justicia)”, me dijo doña Zenobia en marzo de 2019 con el alma dolida. Ningún defensor del proceso de cambio se interesó por este caso.
En diciembre de 2013, el mismo año que Richard Choque era sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto por asesinar a Blanca Ruby Limachi Sirpa (20), la Policía aprehendió al entonces alcalde del municipio de Pocoata (T. R. V.), Potosí, como principal sospechoso de la violación y posterior muerte de la enfermera Lucía Chucamani.
“Toda la investigación que se ha realizado apunta a que el supuesto autor de este hecho sería el Alcalde (MAS) de este municipio de Pocoata”, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Potosí, Celín Salas.
Un juez de Colquechaca, Potosí, ordenó la detención preventiva de T.R.V. en la cárcel de San Miguel de Uncía. ¿Qué crees que pasó meses después? El juez Emilio Fonseca de Colquechaca liberó a T.R.V. apenas éste llegó a un acuerdo transaccional con la madre de la víctima, a quien pagó $us 9.000. El fiscal de entones de la región, Emilton Jara, se comprometió a continuar con el proceso penal, pero nada pasó. Si la familia de Lucía hubiese tenido suficiente dinero, el responsable hubiera sido condenado.
La pobreza genera graves consecuencias. Un pobre no encuentra justicia. Un pobre no accede a una educación de calidad. Por ello, es presa fácil de políticos demagogos que le hacen creer que la causa de su pobreza data de hace 500 años.
Un pobre no accede a diversidad de fuentes alternativas de información ni a conocimientos. En consecuencia, es víctima de gente ideologizada que le inocula mentiras como que “el covid es un invento de la derecha” o “en las vacunas te van a inyectar un chip”.
Un pobre no tiene acceso a un buen sistema de salud ni tiene seguro y carece de medicamentos. Entonces, la gente que hace política usando a los pobres como excusa de sus acciones les engatusa diciéndoles que “no hay mejor que la medicina tradicional”.
Si Iris, Lucy, Cilica y Lucía no hubiesen sido pobres, quizá hubieran seguido vivas. Para el pobre, no hay justicia pese a que en Bolivia, dicen y repiten, hay un gobierno de los pobres y para los pobres.
ANDRÉS GÓMEZ VELA
Periodista y Abogado
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de Visor21.
