Julio y Pamela (nombres cambiados) están vetados de la administración pública porque trabajaron en el gobierno de transición de Jeanine Añez. Ahora ninguno puede conseguir una fuente laboral por ser considerados “pititas”.
Los dos de profesión comunicadores pidieron a la ANF guardar en reserva sus nombres, pues creen que revelar sus identidades solo podría aumentar las dificultades para acceder a una fuente laboral.
El derecho al trabajo está protegido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que la Constitución Política del Estado y convenios internacionales obligan al Estado a su cumplimiento sin discriminación y de forma igualitaria.
Bolivia celebra 1 de mayo el Día del Trabajo, en un escenario marcado por la polarización política, con una tasa de desocupación de 5,2% al cerrar el 2021.
Julio y Pamela se encuentran en ese porcentaje de desempleados, pero no porque sean ineficientes o no tengan experiencia, sino porque las instituciones estatales contraladas por el MAS y en algún caso privadas afines, los han vetado por ser supuestamente “pititas”, vulnerando su derecho al trabajo.
El gobierno de Añez hizo algo similar, por lo menos, de los medios de comunicación estatales despidieron a periodistas, comunicadores o a trabajadores muy identificados con el gobierno de Evo Morales, al igual que a funcionarios del aparato estatal.
Tras los hechos violentos que se suscitaron entre octubre y noviembre de 2019, y un periodo de transición gubernamental, el MAS recuperó el poder en las elecciones de 2020, desde entonces, autoridades y dirigentes afines al partido gobernante han pedido “sacar” a los trabajadores que estuvieron en el gobierno de Añez.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) accedió a los testimonios de Julio, Pamela y también de Elsa una aspirante a pasantía, profesionales que nos contaron los problemas que enfrentaron al momento de intentar ingresar a la administración pública..
Julio (nombre cambiado), en declaraciones a la ANF, dijo que a inicios del año 2021 fue invitado a ocupar el cargo de comunicador en un ministerio, sin embargo, cuando se presentó una persona, de la que prefiere no revelar su nombre, le pidió sus datos personales y los introdujo en un sistema.
El resultado fue que su nombre aparecía en una supuesta lista negra, Julio sospecha que fue creada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) con base en la información de la Contraloría, porque es la entidad donde los funcionarios públicos realizan sus declaraciones juradas.
“Me invitaron a ser comunicador de uno de los ministerios y cuando fui una persona me pidió el número de carnet, lo puso a un sistema y me dijo: ‘tú estás en la lista negra, no te van a dejar trabajar, estás en la lista negra y tienes que hacer un montón de cosas’. Tenía que conseguir avales, hacer cartas, un montón de cosas para que me puedan sacar de la lista negra para ingresar a trabajar, pero todo ese trámite implicaba un montón de cosas, compromisos”, relató Julio, notoriamente indignado, porque a causa de esa “lista negra”, hace un año que no ha podido conseguir trabajo.
Contó que enterarse que está en una “lista negra” fue decepcionante y frustrante, porque no tiene una filiación político partidaria, pero que por haber trabajado en el gobierno de transición está “estigmatizado”, y no se valora los años de estudio universitario, su esfuerzo para seguir estudiando, capacitándose y actualizándose.
“¿Dónde queda todo eso?, todos tus estudios, todo tu esfuerzo, ¿Quién lo valora?, ¿Dónde lo van a valorar?, ¿De qué sirve que estés tantos años en la universidad o en el colegio?”, cuestionó.
“Lo que debería prevalecer es el profesionalismo y la capacidad, el desempeño en el proceso. Deberían dar tiempos prudentes para demostrar las capacidades y conocimientos en lo que es comunicación institucional, gubernamental. Eso es lo que me ha sucedido, es frustrante y agobiante”, recalcó.
Julio criticó al Gobierno y a la Central Obrera Boliviana (COB) porque no encuentra coherencia entre lo que dicen y hacen, y más que defender a la clase obrera apoya la permanencia del Gobierno en el poder.
“No le interesa que tengamos trabajos dignos, formales, donde se garanticen todos los derechos sociales, el acceso a la salud, etc., entonces es algo agobiante y yo siento, creo que la población también, que la COB ya no representa a la clase obrera, sino que representa a un grupo elitista, a los administradores de la cosa pública”, dijo.
Por otra parte, Julio observa que las instituciones o empresas públicas lanzan convocatorias para la contratación de nuevo personal solo por cumplir con las normativas, pero antes de la convocatoria cree que ya se tiene definido quién accederá al puesto.
Pamela (nombre cambiado) también contó su experiencia a la ANF. Ella es de profesión comunicadora social, tuvo la oportunidad de acceder a una fuente laboral en uno de los medios estatales, pero cuando presentó su hoja de vida, la persona que la atendió le pidió cumplir algunos requerimientos.
Uno de ellos era eliminar de su hoja de vida el trabajo que cumplió en la Alcaldía de La Paz durante la gestión de Luis Revilla, además, debía excluir el dato de que trabajó en otros medios de comunicación catalogados como opositores, en relación a ANF y Página Siete.
También se le pidió eliminar de sus redes sociales cualquier post (mensaje) que pueda ser considerado como apoyo al gobierno de Añez y contrario al gobierno de Luis Arce y Evo Morales.
“Yo mandé mi hoja de vida y ella me dice: ‘hay una cosa, el único requisito que hay para entrar es que no hayas trabajado en ANF, Página Siete o en alguna de las alcaldías o gobernaciones que son de oposición’. Ha visto mi hoja de vida y me dijo: ‘sácalo de tu currículo todo lo que es de la Alcaldía’. Entonces yo lo saqué, pero era como perder desde el 2019 currículum, o sea era como si desde el 2019 no hubiera ejercido. (…) Otra cosa que me dijo es que borre de todas mis redes sociales todo lo que sea a favor de Añez o que parezca a favor de Añez y lo que esté en contra del Gobierno y del Evo. Eso me dijo: bórralo todo”, declaró.
Llegar a acceder al cargo de periodista en ese medio no era cuestión de cumplir esos requerimientos, según relató Pamela, su hoja de vida también debía pasar “unos filtros”, por ejemplo, ser aprobado o avalado por el Viceministerio de Comunicación.
En noviembre de 2021, Elsa se presentó a una convocatoria para hacer pasantía en un viceministerio. Después de tres meses de haber presentado sus documentos, fue convocada para una entrevista donde las preguntas no tenían nada que ver con sus capacidades, su formación y conocimiento en el área al que postulaba.
Las preguntas que tenía que responder Elsa era si había trabajado con alguna organización social afín al MAS, qué piensa y qué concepto tiene del partido de Gobierno, si tiene carnet de militancia del MAS, qué le pareció la gestión del gobierno del MAS y qué cambios destacaría de los 14 años de esa administración.
Además, qué piensa de Carlos Mesa, líder de la alianza política Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y líder de la alianza política Creemos.
“He ido a la entrevista. Lo primero que me han preguntado es que, si yo había trabajado con alguna organización social afín al MAS (…). Luego me preguntaron qué pienso y qué concepto tengo del MAS (…). Obviamente yo respondí en favor del MAS porque mi objetivo era entrar como pasante, según mi criterio hay muchas falencias, pero yo respondí de manera muy positiva. Después nos preguntaron si estamos dispuestos a compartir la ideología del MAS, su criterio acerca del partido del Gobierno sobre todo”, relató Elsa.
Tras las interrogantes, todos los postulantes recibieron una especie de charla donde lo único que destacaban era la gestión del Gobierno, también resaltaron la imagen de Evo Morales como el primer presidente indígena de Bolivia, los cambios que logró durante sus 14 años en el poder.
El caso de Mariel Rivero, vetada de ATB
En diciembre de 2021, la presentadora de televisión y modelo, Mariel Rivero, denunció que fue vetada de ATB porque durante el gobierno de Añez fue presentadora de noticias de la estatal Bolivia Tv.
Según la denunciante, fue contratada por una productora independiente para que sea presentadora de un programa que se emitiría por la señal de ATB. Sin embargo, cuando Jimmy Iturri, dueño de dicho medio de comunicación, se enteró que Rivero sería la presentadora suspendió el programa bajo el argumento de que Rivero estaba vetada y que presumiblemente el Viceministerio de Comunicación no permitiría que trabaje en ese medio.
“Estábamos en tratativas, obviamente ya lanzaron mi imagen, tarifarios y artes en redes sociales y esa fue la detonante para que el señor Jimmy Iturri, donde le pagan el espacio en ATB, diga que yo soy una periodista vetada por tema político, por haber trabajado en Bolivia Tv en la gestión 2020, el año de transición y que el Viceministerio de Comunicación no va permitir que trabaje en ninguna red nacional mientras ellos estén en el Gobierno”, relató Rivero en una entrevista con radio Compañera.
La afectada resaltó que la productora que la contrató no depende de ATB y además iba a pagar un monto alto por el espacio que había adquirido en dicho medio de comunicación.
“Ellos mismos, cuando me contactaron, me dijeron nosotros decidimos qué hacer, no pertenecemos a ATB. Nosotros somos una producción independiente, pagamos el espacio nosotros queremos que tú seas la presentadora por el trabajo que realizas”, contó.
Recordó que, a finales de 2020, cuando Luis Nemtala y Marcelo Hurtado eran los encargados del medio, la contactaron para que forme parte del equipo de prensa de ATB, pero llegó Iturri y cancelaron la propuesta.
“En este momento se me está atacando a mí, que yo estoy en una lista negra, lo cual me sorprende mucho”, prosiguió.
Dirigentes y autoridades violan el derecho al trabajo
En varias oportunidades, no solo autoridades electas y designadas, sino que dirigentes afines al MAS, pidieron que los denominados “pititas” sean expulsados de las entidades públicas porque consideran que son “golpistas”.
El 25 de octubre de 2021, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien debería velar por el derecho al trabajo y respaldar a los trabajadores, pidió la “purga” al interior de los ministerios, porque algunos “pititas” aún estarían trabajando como funcionarios públicos.
“(Se debe) incluso purgar en algunos ministerios (porque) siguen existiendo pititas”, aseveró en declaraciones a la prensa.
El 1 de noviembre de 2021, los sectores sociales afines al MAS pidieron a los ministerios las listas de funcionarios públicos, a escala nacional, para conocer su filiación política. Los funcionarios que no estén en los libros del MAS serán considerados “pititas” y corren el riesgo de perder su fuente laboral.
“Estamos viendo la posibilidad de elaborar una lista negra, identificando con documentos, para sugerir a nuestro hermano Lucho (Luis Arce) que esos ‘pititas’ no trabajen más, en cambio sean tomados en cuenta compañeros que en verdad están en la lucha”, declaró aquel día Omar Arce, encargado de la dirección Departamental del MAS de La Paz.
El 14 de marzo de 2022, representantes de la dirección del MAS exigieron la destitución de funcionarios de las instituciones públicas de Cochabamba porque en su criterio son “pititas”.
Las experiencias son particularmente de periodistas o comunicadores que además viven los problemas laborales que ha dejado el COVID-19. Medios de comunicación que despidieron personal, reduciendo en muchos casos al máximo sus equipos de trabajo, en otros casos redujeron los salarios y en estos tiempos con poca capacidad de contratación.
¿Qué dice la Constitución y la OIT?
El artículo 46 de la Constitución Política del Estado protege el derecho al trabajo, el texto dice: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.
Y el artículo 48, entre otros puntos, señala que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores.
El artículo 54 señala que es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, puntualiza que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Según el convenio número 111 de la OIT, discriminación es “cualquier exclusión que perjudique a una persona en razón de su grupo étnico, color, piel, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social de manera que le impide conseguir un trabajo y desarrollarse en éste”.
//FUENTE: ANF//
