La pasada semana, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece subir las penas de cárcel para los jueces que beneficien a imputados por los delitos de feminicidio, infanticidio y violación. La propuesta fue criticada por uno de los representantes regionales de Human Rights Watch (HRW), quien consideró que el cambio “no ayuda en nada” y que, por el contrario, deja más vulnerables a las autoridades judiciales.
“Bolivia: El proyecto de ley aprobado por Diputados que sube la pena contra jueces y fiscales por prevaricato no ayuda en nada a reformar la justicia. Al contrario, van a temer tomar decisiones que incomoden a alguien poderoso y los persigan por ello”, escribió César Muñoz, investigador principal de HRW para las Américas, en sus redes sociales.
El profesional sostuvo que el principal problema en el país es que el delito de prevaricato tiene una definición muy amplia e insistió en que lo más importante es elegir fiscales y jueces “independientes”. A su vez, afirmó que la modificación supondría un retroceso, por lo que expresó la opinión de que el Senado debería rechazar el proyecto de ley.
“El Código Penal de Bolivia contiene una definición muy amplia del delito de prevaricato, que abre la puerta a abusos. El proyecto de ley, al elevar la pena por prevaricato a hasta 20 años, hace a jueces y fiscales aún más vulnerables a presiones externas”, destacó.
“Bolivia necesita jueces y fiscales independientes elegidos por sus méritos y con seguridad en el cargo, que apliquen la ley sin miedo a la reacción del gobierno de turno. El proyecto de ley retrocede, en lugar de avanzar hacia ese objetivo. El Senado lo debería rechazar”.
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En concreto, el proyecto de Ley 179/2021-2022 establece modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal y Supervisión, para —entre otras cosas— subir las penas de 5 y 10 años a 20 años de cárcel para los jueces que beneficien a imputados por los delitos de feminicidio, infanticidio y violación.
En la propuesta de normativa también se plantea el ampliar las sanciones, que actualmente alcanzan a jueces, fiscales, abogados y otros auxiliares del servicio de justicia, hacia magistrados, vocales, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
