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Josefina. Es el nombre del terreno de 29 hectáreas en El Torno, que hasta hace poco fue noticia por estar dentro de una concesión minera, para sorpresa de la propietaria, María Binda Gutiérrez Padilla, y de la dirigencia de la zona. Se enteraron en plena cuarentena rígida, en 2020.
El predio fue bautizado así en honor a la mamá de María Binda, ya fallecida, que hizo posible la compra hace casi 15 años. Tiene tres hectáreas desmontadas y el resto es bosque espeso y manantiales. Por eso la Fundación Natura, con experiencia en la conservación de fuentes de agua, lo ha incluido en su lista de lugares dignos de protección, con contrato de por medio.
Luego de bloqueos de caminos, acusaciones de ida y vuelta entre los comunarios y la minera Farah, beneficiada con la concesión, e intervenciones de los gobiernos municipal y nacional, finalmente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) dejó sin efecto la licencia ambiental para esa concesión.
Pero María Binda; Milton Cortez, secretario general de la Subcentral Forestal del Distrito 6 de El Torno, además de otros actores, como legisladores, concejales y Natura, no están convencidos. Exigen que el MMAyA publique en los medios correspondientes que se dejó sin efecto la licencia ambiental otorgada a la empresa minera Farah.
Desconfían porque a partir del caso de Josefina, descubrieron que existen aproximadamente 70 concesiones mineras en la franja de amortiguamiento del Parque Nacional Amboró.
“Cómo es posible que se entreguen permisos mineros en un área tan sensible por la biodiversidad que tiene, y porque del Amboró salen un montón de cuencas y microcuencas, tanto de la zona de amortiguamiento donde se están entregando las licencias, como del mismo parque. Cuál es la lógica de atentar contra las áreas protegidas”, apuntó María Teresa Vargas, directora ejecutiva de Natura.
Según Vargas, el Gobierno Municipal de El Torno, igual que Natura, han detectado que es una franja muy sensible que recarga el acuífero cruceño, ubicada entre el parque Amboró y la cuenca del río Piraí, exactamente donde se ubican los permisos mineros.
Conscientes
A diferencia de otras poblaciones, los habitantes de esas comunidades no se dejaron impresionar con las posibilidades que promete la incursión minera.
“Qué lugar ha prosperado después de que han pasado por ahí las mineras, todos han quedado en la pobreza, basta mirar a Oruro y Potosí, donde los niños salen a pedir a la carretera en el frío. Nuestra comunidad es una zona productiva, nace lo que uno siembra porque es húmedo, no sufrimos sequía.
La gente ha visto eso, entendió que se verían afectados”, dijo María Binda.
Milton Cortez manifestó que, a pesar de que solo estudió hasta quinto básico, se da cuenta de las cosas. “No somos ingenieros, pero sabemos que si se hace un corte cerca de una toma de agua, sí o sí el agua se desvía. La empresa dijo que metería perforación de 600 metros. Eso socializamos y el Gobierno Municipal hizo inspecciones y concluyó que esa actividad podía afectar.
Gracias a Dios la gente se acopló y entendió que era una causa justa”, celebró.
Actualmente Cortez está denunciado por la empresa minera. “Recibió un memorial por contribuciones y ventaja ilegitima y uso indebido de influencias”, explicó la diputada María José Salazar, de Comunidad Ciudadana (CC), que ha seguido de cerca el caso.
La legisladora informó que ya mandó una solicitud al MMAyA para que la cancelación de la licencia ambiental sea publicada.
Cree que el éxito, aunque no completo, de la demanda de los comunarios de El Torno, tuvo que ver con la unidad. “Estaban los dueños de las parcelas, control social, subcentrales, central, cooperativas de agua, las ONG Natura y Probioma, etc.”, detalló.
Además, dijo que una ventaja fue que el lugar es pequeño, a diferencia de otros puntos presionados por actividades extractivas, como el Madidi y el Tipnis. “En El Torno las comunidades están cerca unas de otras, les resulta más fácil organizarse y movilizarse, además cuentan con escuela sindical”, aseveró.
Según Salazar, se nota que en la zona los pobladores tienen una conciencia ambiental mejor desarrollada que en otros lugares. “Se unieron masistas y opositores, tenían claro que proteger las fuentes de agua era más importante que todo”, resaltó.
Efectos
Miguel Crespo, director ejecutivo de Probioma, explicó que la minería deja demasiados impactos socioambientales.
Enumeró problemas como la contaminación y uso del agua en desmedro de la actividad económica y la salud (riego, agua potable, etc.). También mencionó la destrucción y contaminación de acuíferos, nacientes de aguas, etc.; contaminación de los suelos, deforestación, desplazamiento de las comunidades, acoso sexual, avasallamiento y agudización de las enfermedades, como problemas en el sistema respiratorio por el polvo y por el uso de reactivos químicos (cáncer, malformaciones, etc.).
“Fundamentalmente se enriquecen los que explotan las concesiones, los dueños o socios en el caso de las cooperativas mineras, y la gente local, a la que toman como jornaleros, no tiene beneficio alguno porque es explotada sin seguridad laboral o social. Son condiciones infrahumanas”, recordó.
Para Crespo, en Bolivia no se ha resuelto hasta ahora el problema de los pasivos ambientales y eso es una bomba de tiempo. “Seguimos con ese modelo extractivista en todo, incluyendo el agro; no se ha resuelto el tema de un desarrollo sostenible, hay niveles terribles de explotación, como en el sector minero”, insistió.
Probioma tiene mapas de concesiones mineras en la Chiquitania, que se han multiplicado de forma alarmante en los últimos años.
“No deberían darse concesiones en zonas de recarga hídrica, como El Torno, antes no había concesiones ahí, recién se están dando a troche y moche”, criticó.
Una de las grandes preocupaciones de los comunarios con terrenos dentro de concesiones es la pérdida del derecho propietario, ya que la minería es de prioridad nacional -eso le dijeron de la empresa minera-, pero la directora de Natura recuerda que esas prioridades no están por encima de derechos fundamentales, y uno de ellos es el acceso de los seres humanos al agua.
//FUENTE: EL DEBER//