“Expresamos nuestra profunda preocupación por los ataques constantes en contra de defensores de derechos humanos, el territorio y el medioambiente. La mayoría de estos ataques quedan impunes y provocan un efecto inhibidor en otras personas que desempeñan una labor importante de defensa de los derechos humanos”, dice una de las conclusiones del informe elaborado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), que será presentado la siguiente semana.
El registro es de 190 casos de agresiones, georreferenciadas y distribuidas en ocho categorías, que van desde judicialización hasta negativa de acceso a la información.
Los casos apuntados no incluyen los hechos del último mes en Bajo Paraguá, donde según la denuncia de Maida Peña, los narcotraficantes la obligaron a renunciar a su cargo como cacique de la comunidad Porvenir.
En esa zona se encuentran dos áreas protegidas, una nacional, el Parque Noel Kempff Mercado, y otra municipal, denominada Bajo Paraguá, que también es reserva forestal.
De acuerdo al Cedib, durante los primeros tres meses del año 2022, el problema se acentuó en las áreas protegidas, con el incremento de actividades extractivas.
“En el caso de la minería, esta actividad continúa siendo impulsada de manera irregular por parte del Estado, donde los principales beneficiarios son algunos sectores cooperativistas, afines al partido oficialista. Esto puede comprobarse con las expresiones del propio presidente Luis Arce, al momento de alentar a mineros de Huanuni señalando que ‘no pueden desperdiciar los precios internacionales del estaño’”, dice el resumen del documento.
En febrero de 2022 se aprobó el Decreto Supremo N°4667, orientado a modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas vinculadas a las atribuciones de YPFB sobre áreas designadas.
Entre las áreas más afectadas está el Parque Nacional Madidi, donde la minería ha explotado y donde los mineros han agredido a guardaparques (Marcos Uzquiano), y a la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena. Son los dos casos más recientes.
El Cedib también se encuentra dando seguimiento a las operaciones en Tariquía, donde se han registrado la reactivación del proyecto, incumpliendo con las normas ambientales y de derechos humanos y donde Amparo Carvajal dijo ser emboscada. Asimismo, el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, dio a conocer que el uso de mercurio está fuera de control en el país, situación que viola el Convenio de Minamata, ratificado por Bolivia.
Informes de varias organizaciones dieron a conocer el impacto del mercurio en pueblos indígenas como los lecos, que habitan a orillas de los ríos.
De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados asumen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, eso incluye a los defensores de la naturaleza.
Las agresiones
“Parece tierra sin ley, con grupos alevosos y armados”, dijo la senadora Cecilia Requena, tras regresar de la comunidad Chushuara, por la zona del Madidi, donde acudió a una inspección de asentamientos mineros, en compañía de otros parlamentarios.
Según la legisladora, fueron amenazados con machetes, dinamita y piedras, e incluso casi son secuestrados.
Calificó de escandaloso, inaceptable y muy peligroso que los conflictos se estén dando en áreas protegidas. “Hay un gobierno inoperante, impotente y en muchos casos, cómplices por omisión y acción”, arremetió.
Requena cree que el Gobierno boliviano está tratando de ignorar las agresiones a ambientalistas y que lo único que hace el nivel central son intentos de desmentido. “Ejemplo, la Cámara de Senadores no se ha manifestado, por más que sea de oposición, cuando una senadora fue agredida”.
Para ella, el Gobierno no entiende que esta dinámica de que el Estado deje de tener control sobre ciertos territorios tampoco le conviene al oficialismo. Recordó que el convenio de Escazú no solo es protección sino también protección, y que el Gobierno está incumpliendo, pero también el Convenio de Minamata sobre el uso del mercurio.
La senadora considera necesario un observatorio permanente que sistematice los registros de agresiones. Cuestionó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) hubiera convertido la información sobre las concesiones en un “negocio”.
“Nadie llega a esa información, todos han pedido a AJAM la actualización de las concesiones mineras. En el mejor de los casos solo dan algún dato. La AJAM se escuda en que esa información georreferenciada es un servicio, que si se da de forma pública deja de tener valor. Pero no tienen derecho a negar esa información al Senado. Hasta hace unos años esa información era pública”, denunció.
A Álex Villca lo sacaron de la directiva de su comunidad uchupiamonas por oponerse al proyecto Chepete El Bala.
A partir de los ataques, Villca trabajó en la conformación de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), que inició con 12 territorios en resistencia, y que hoy casi llega a 40, tanto de oriente como de occidente.
Villca dice que como Contiocap aún no tienen un registro de las agresiones a los fiscalizadores y defensores del medioambiente, pero que ya se está trabajando en eso junto con el Cedib y organizaciones internacionales de derechos humanos.
Recordó que muchos de los miembros de la Contiocap han sido amedrentados, como pasó con los representantes de Roboré, Tariquía y otros.
La diputada de Creemos, María René Álvarez, denunció más de una vez que fue agredida por denunciar deforestación en Bajo Paraguá, además de la extracción minera en el ANMI San Matías.
“Me denunciaron por mi rol de fiscalización en ANMI San Matías, además tuve amedrentamiento y acoso por parte de los dueños de esta minera. Estando en Santa Cruz de la Sierra también me acosaban de forma permanente”, dijo.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Amparo Carvajal, denunció hace poco que fue secuestrada por interculturales en el ingreso a Tariquía, en Tarija, donde debía verificar la pobreza extrema que viven cinco familias de la comunidad El Cajón y que son hostigadas por defender su territorio.
Según Carvajal, le dijeron que no podía pasar, y quisieron sacarla de allí en una movilidad. “Me siento bien secuestrada”, dijo en esa oportunidad.
Marcos Uzquiano fue trasladado del Parque Madidi, donde era jefe de protección, a otra área protegida, a pedido escrito de los cooperativistas mineros.
En entrevista con EL DEBER, en esa época, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Teodoro Mamani, reconoció la fuerte presión de los mineros y dijo que debía protegerse al guardaparque.
Uzquiano trató de denunciar las amenazas que le llegan por las redes sociales, pero dijo que fue en vano, ya que no le dieron importancia.
Narcotráfico
Quizás una de las historias más serias sea la de Maida Peña, ex cacique de Porvenir, y actual vicepresidenta del Comité de Gestión del Parque Noel Kempff, y vicepresidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá.
Dijo que ella sabía del narcotráfico en la zona, pero que nunca antes se lo había “encontrado de frente”.
“Llegaron a la comunidad en mi ausencia, hicieron reunión con la los habitantes y ofrecieron dinero a cambio de protección y de trabajar directo con el Cabildo; empezaron a repartir de a mil dólares por familia y querían que yo acepte”, contó.
Peña dijo que la amenazaron con que, si hablaba, pagaría con su familia y lamentó que ya le desaparecieron a su perro y sus chanchos.
Denunció a un habitante de ser el nexo con los narcos, de vender el territorio a los ilícitos, y a una subalcaldesa de convencer a los comunarios para que ‘transen’.
La diputada María René Álvarez dijo que está informada de los hechos y reconoció que ella también ha recibido amenazas. “Toca ver si el ministro de Gobierno hace su trabajo”, dijo.
//FUENTE: EL DEBER//
