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El Congreso de El Salvador aprobó una ley que permite agilizar la construcción de más prisiones, la iniciativa surge cuando el Gobierno dijo que sobrepasó la captura de más de 14.000 supuestos pandilleros.
“Seguimos respaldando la #GuerraContraPandillas para que los salvadoreños continúen en paz y tranquilidad en sus comunidades. Nos aseguraremos que todos estos terroristas paguen sus delitos en más centros penitenciarios.” Fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de twitter del Congreso, dominado por partidarios del presidente Nayib Bukele.
La normativa, que contó con 64 votos para su aprobación de los 84 legisladores que componen la Asamblea Legislativa, forma parte de una serie de acciones y nuevas leyes enmarcadas en el régimen excepción impuesto en el país por la Administración Bukele para dar caza a presuntos pandilleros.
“Más cárceles para los pandilleros, para que no vuelvan a ver la luz del sol”, escribió en sus redes Cristian Guevara, jefe del partido político del mandatario. Además explicó que la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios establece un marco regulatorio especial para “la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios, debido al incremento de la población privada de libertad”.
La nueva ley, sin embargo, no establece el número específico de cárceles que se construirán, dónde o cuándo comenzará el proceso.
La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que solo en las últimas 24 horas se había detenido a 495 personas en distintos puntos del país, todos están acusados de ser pandilleros. Con dichas capturas son 14.068 los detenidos a la fecha.
Demandan acciones apegadas a derechos humanos
Luego de darse a conocer las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Bukele, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado salvadoreño a asegurar que las acciones de prevención y sanción a los crímenes “se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los derechos y la dignidad humana”.
Frente a la suspensión de garantías, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado”, citó el organismo en un comunicado.
Simultáneamente las agrupaciones la Organización de Derechos Humanos (Cristosal) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) pidieron al Poder Judicial que declare inconstitucional la reforma al código penal, aprobada el 6 de abril, que castiga con penas de prisión de hasta 15 años a medios, periodistas o cualquier comunicador que reproduzca y transmitir información de pandillas.
La medida, según advierten los periodistas, podría criminalizar ciertas formas de informar sobre las pandillas en los medios.
“Las reformas están imponiendo una limitación absoluta de los derechos, particularmente del periodismo. Esto significa que los periodistas pueden ser procesados por informar”, dijo en conferencia de prensa Ruth Elenora López, representante de Cristosal.
Por su parte el representante de APES, César Castro, afirmó que la medida “impone una mordaza al derecho que tiene un periodista o medio de informar al público, es un atentado a la libertad de información”.
El Salvador declaró el régimen de excepción y el estado de emergencia a fines de marzo luego de un fin de semana de violencia que incluyó al menos 87 asesinatos denunciados, que el gobierno atribuyó a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Desde entonces, la policía y el ejército han detenido a miles de presuntos pandilleros usando poderes de emergencia que les permiten hacerlo sin órdenes judiciales.
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