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“Las enfermedades están terminando con mi vida. Presenté carta al presidente Luis Arce y moriré en puerta del Palacio esperando memoria, verdad, husticia y reparación total a víctimas de las dictaduras 1964-1982. Yo parí a mi hija en la cárcel y no recibí, justicia ni resarcimiento”, manifestó Judith Muñoz, periodista que fue víctima del Plan Cóndor en la dictadura del general Hugo Banzer.
Muñoz, cuyo apellido le fue cambiado por la dictadura Argentina en la década 1970, tiene múltiples dolencias y por su edad –nació el 16 enero 1952– siente que muere de a poco.
“Apoyé al Proceso de Cambio desde el principio y confié que el Estado me haría justicia. No hubo nada de aquello”, resignó.
HIJA NACIDA EN CELDA MILITAR
Su hija, Libertad Bolivia Judith, nació en marzo 1972 en Celda 4 del Campo de Concentración “Regimiento Bolívar 2 de Artillería Viacha” (donde cabían de 700 a 1.200 presos políticos) con apoyo del preso político y médico Walter Pareja. Los pañales fueron improvisados con ropa de las presas.
“Mi hija estuvo en constante peligro de secuestro, desaparición y muerte. Por orden del sanguinario Bánzer, los militares debían ocultar toda prueba. Y mi caso es ser madre en cautiverio, con una hija que fue salvada por personal del Hospital Ferroviario de Viacha”, reveló.
“Mi abuela Julia Muñoz de Durán sufrió mucho y no sé cómo apareció con mi hija en Sucre. Nunca pude llevarla a Argentina ni a Suecia. Peor aún, en la época de escuela y colegio, sufrió constante bulling y fue tortura tener sus documentos de identidad, logrados con ayuda de Waldo Albarracín”, agregó.
Muñoz también estuvo presa y fue torturada en la “Casa de Piedra Achocalla” otro campo de concentración cerca de La Paz.
LAS VÍCTIMAS SE NOS MUEREN POCO A POCO
Muñoz indicó que por Ley, junto con su hija presentó su testimonio y documentos a la Comisión CONREVIP pero ambas fueron rechazadas. “Y la Comisión de la Verdad fue un fracaso”, precisó.
“Las mujeres y varones, que aportamos la democracia, y al Proceso de Cambio, se nos mueren, por su salud y por abandono del Estado”, acotó.
Por ello, la carta de pedido de justicia también está dirigida a los conductores de los otros tres órganos del Estado: David Choquehuanca (Asamblea Legislativa), Ricardo Torres (Tribunal Supremo de Justicia), Oscar Hassenteufel (Tribunal Supremo Electoral) y, a Juan Lanchipa como Fiscal General del Estado, y a los presidentes de los diputados y senadores.
Desde que en 2004 está vigente la Ley 2640, el Estado no completó el proceso de reparación y resarcimiento a las víctimas de dictaduras. “Solo unos pocos recibieron montos muy mínimos”, concluyó.
//FUENTE: ANC//
