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La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) se pronunció sobre el caso del exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín y consideró que si no hay evidencias sólidas y admisibles en la imputación en su contra el proceso penal debe concluir.
Albarracín fue denunciado por presunto abandono de una mujer embarazada y en marzo de este año la justicia dictó detención domiciliaria en su contra. Días después, el resultado de un examen de ADN, efectuado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que no es el padre de la hija de la denunciante.
“Amnistía Internacional recuerda que las autoridades bolivianas tienen la obligación internacional de garantizar una investigación independiente e imparcial y con apego a todas las garantías del debido proceso para las personas involucradas en la causa. Si no hay evidencias sólidas y admisibles que sostengan la imputación en contra de Waldo Albarracín, la misma debe ser desestimada y el proceso penal en su contra concluir sin más”, se lee en una declaración pública de AI.
La organización de derechos humanos observó que pese a que el examen de ADN del IDIF estableció que no existe una relación genética con la menor de edad que determine la paternidad del exdefensor del Pueblo y exrector de la UMSA, las medidas restrictivas de libertad en su contra siguen vigentes hasta la fecha y la Fiscalía todavía no comparte oficialmente el resultado de ese estudio científico con las partes involucradas en este caso.
AI recordó también que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis de 2019, expresó su preocupación por las “graves deficiencias” por parte de las autoridades a la hora de garantizar la autonomía e independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
“Amnistía Internacional recuerda que las autoridades bolivianas deben tomar todas las medidas necesarias para que su sistema de justicia funcione de manera imparcial y autónoma, respetando el derecho al debido proceso de todas las personas y evitando su uso como instrumento para amedrentar a personas defensoras de los derechos humanos”, se remarca.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
