El proyecto urbanístico Urubó Golf, en el municipio de Porongo de Santa Cruz, carga con denuncias de sus copropietarios y hasta de extrabajadores del complejo. Su principal socio, Luis Carlos Kinn Franco, es la cabeza visible de ésta y otras inmobiliarias en esa zona caracterizada por los precios más altos del suelo citadino en la metrópoli cruceña.
La Constructora e Inmobiliaria Aquavista Golf SA (Ciagolf) y Golf & Country SRL son las empresas propietaria y administradora, respectivamente, del proyecto Urubó Golf que está ubicado en Porongo, apenas luego de cruzar el río Piraí desde Santa Cruz de la Sierra.
El proyecto se sostiene en la parte urbanística de copropietarios de terrenos y a la vez accionistas del country club; y por otro lado, en socios externos que únicamente son miembros del selecto club deportivo mediante una o más acciones.
Urubó Golf se extiende en 183 hectáreas, con lotes urbanizables de 1.000 metros cuadrados que se venden entre 80.000 y 150 mil dólares. Los socios externos suman 1.500, cada uno con una acción que cuesta entre 8.000 y 10.000 dólares, según relatan los copropietarios.
Quejas de copropietarios
“Hace más de seis años que he comprado el terreno y la acción con el objetivo de construir nuestra casa allá. Considerábamos que iba a ser uno de los mejores countries de Bolivia e incluso de Sudamérica, pero venimos esperando que el desarrollador y Ciagolf SA, que es la empresa que nos vendió los terrenos y las acciones, nos cumpla”, dice una propietaria que pidió la reserva de su nombre.
Agustín Zambrana Arze, abogado que representa a un centenar de copropietarios, explica que en Urubó Golf hay “22 millones de dólares de inversiones no realizadas en: red de alcantarillado, planta de tratamiento, red eléctrica, iluminación de vías, red de gas interna, reparación de calles, muelles dentro de la urbanización, barda perimetral, club house sin terminar, parques, plazas y porterías modulares”.
“No he podido construir mi casa allá porque no tengo ni siquiera los servicios básicos. No sé si actualmente es así, pero Ciagolf vendía luz a los copropietarios. Los que vivían ahí hasta hace unos seis meses atrás, estoy segura, no tenían medidor propio. Tienen un transformador para cada módulo; sé de varios casos en que se les ha quemado la casa entera porque la cantidad de familias llega a saturar el transformador”, detalla la propietaria.
El representante legal de Ciagolf SA, Fernando Crespo, a través de una entrevista escrita, explica que “todos los copropietarios que viven en Urubó Golf tienen acceso a energía eléctrica y servicios básicos. Además, el proyecto está totalmente pavimentado con 142.322 metros cuadrados (…), el equivalente a 15,5 kilómetros lineales. También se construyeron bardas perimetrales que ya suman 2.750 metros lineales y se sigue trabajando. La red de agua potable fue concluida y entregada a Saguapac. Ya dimos inicio a la construcción de la red eléctrica subterránea y la red de alcantarillado (…)”.
Los copropietarios demandantes alegan que se vendió más del 90% de los lotes urbanizables. “El proyecto (Urubó Golf) ha sido un éxito total. Suponemos que se han llevado la plata a otros proyectos, pero no nos han cumplido con nada de lo prometido”, reclama la copropietaria.
Según Zambrana, “los propietarios han tomado la decisión de iniciar las acciones legales ante el Ministerio Público”, aunque se reserva mencionar delitos y personas que serán sindicadas. Por su parte, Fernando Crespo aclara que “no existe ninguna demanda penal, esta vía no procede legalmente para reclamos de orden civil y comercial”.
En el año 2013, el arquitecto Jorge Baldivieso Velasco firmó un “contrato de garantía de inversiones” con Luis Carlos Kinn Franco para impulsar ese negocio. Siete años después, el incumplimiento de Kinn derivó en un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cainco. Crespo explicó que esa controversia “llegó a su fin mediante una resolución”.
En ese sentido, luego de enumerar la infraestructura construida para los usuarios del club deportivo, afirmó que “la inversión realizada a la fecha supera los 93 millones de dólares”.
“Más de 100 familias nos hemos reunido, por más de un año y medio, con Ciagolf, esperando que firme un convenio con fechas de entrega de diferentes cosas. Nunca lo firmó. Nos tuvo ganando tiempo… Miles de veces se ha comprometido, con cartas, con hitos, con años, con meses, para diferentes obras, como la piscina, el club house, todo lo que tendría que tener el condominio y el club”, dijo la copropietaria.
Consultado sobre Kinn Franco, Crespo se limitó a decir: “No me corresponde referirme a temas que no son de nuestra responsabilidad”.
Los compromisos laborales
Los copropietarios no son los únicos que denuncian públicamente a Ciagolf SA. Hay protestas periódicas de los extrabajadores en puertas del edificio administrativo, demandando el pago de sueldos adeudados y beneficios sociales impagos.
Crespo explicó que “el proyecto ha generado más de 800 fuentes de empleos directos e indirectos en los últimos siete años”, pero la empresa “tuvo que reestructurar sus operaciones” debido a la pandemia.
Matías Andrés Llanes trabajó para Golf & Country como director de la escuela de golf y en servicios para esa práctica. La semana pasada hizo público su reclamo a través de su perfil de Facebook y anunció que en los próximos días subirá el nivel de sus denuncias.
“El 1 de mayo de 2021 nos dicen que nos iban a hacer un finiquito, o sea que nos iban a despedir, a mí me debían nueve meses de sueldo. Me dijeron que firmemos contrato con la nueva empresa administradora, cumpliendo las mismas funciones, pero con menos sueldo para garantizar el pago”, dice Llanes. Pasaron seis meses con la nueva empresa, pero los sueldos también se retrasaron a pesar de la reducción.
Llanes dice que está fuera del país, pero que prepara su retorno para seguir con un proceso legal por la vía laboral y penal, y para unirse al grupo que realiza protestas esporádicas.
Fernando Crespo no responde sobre el número de despidos, pero explica que, “como consecuencia de dicha reestructuración (por la pandemia), se tuvo que reducir cierto número menor de empleados”.
“A la fecha, la empresa realiza todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la totalidad de las obligaciones que mantiene, incluyendo, entre éstas, los acuerdos a los que arribó con sus ahora extrabajadores, a quienes se les pagará absolutamente todos sus beneficios”, manifestó Crespo.
William Molina fue asistente contable durante siete años y nueve meses en Golf & Country. “Me retiraron porque yo pedía y exigía que se nos paguen los sueldos… Cuando pedí mi quinquenio, no se me tomó en cuenta, lo dejaron pasar, y llegamos a estar con cuatro a cinco sueldos pendientes”, explica, y dice que a esto se añade la falta de pagos a las AFP.
El contable logró un acuerdo para salir de la empresa y firmó un documento de reconocimiento de la deuda más beneficios sociales a pagarse en un monto grande y siete menores mensuales. “El contrato indicaba que, si incumplían el segundo pago, en la fecha del tercer pago ellos tendrían que pagarme todo sin reclamo. A la fecha no cumplieron”, detalla Molina.
En su caso hubo las tres citaciones ante el Ministerio de Trabajo y luego la reunión de conciliación a la que Ciagolf SA envió a una persona que no tenía poder de decisión.
“El ministerio emitió un informe y me da luz verde para que yo vaya a iniciar juicio laboral, les estoy iniciando (…). Para ellos ha sido mejor que yo ni me aparezca por allá, no puedo ir, ya tengo otro trabajo. Ellos sólo dan dinero a los que les hacen bulla”, sostuvo Molina, en contacto con este medio.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
