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Victor Hugo Chávez Serrano es experto en las demandas que enfrentan a Bolivia y Chile en la Corte de La Haya. Cuando se interpuso el primer caso de negociación advirtió que era “un suicidio jurídico” y “lastimosamente” la Corte le dio la razón. Ahora, cuando se trata el caso Silala, alerta que “Bolivia parte con las de perder, considerando que solicitó soberanía sobre el lecho y canales y no sobre las aguas”.
Como su hermano (el procurador Wilfredo Chávez), Víctor Hugo estudió derecho antes de titularse también como politólogo y economista. Cuenta que su pasión por estudiar el tema marítimo se catapultó cuando escuchó al militar pinochetista José Toribio Merino definir a los bolivianos como “auquénidos metamorfoseados”. No obstante, recalca, busca guiarse por hechos objetivos en el diferendo.
“No comparto la subjetividad del argumento de que Bolivia tiene derecho soberano al mar desde la Real Audiencia de Charcas, desde el Incario o incluso desde Tiwanaku. Los derechos de una entidad jurídica nacen junto con la persona jurídica. Y en este caso, la persona jurídica llamada Estado boliviano ha nacido con el nombre primigenio de República de las provincias independientes del Alto Perú, el 6 de agosto de 1825. Bolivia tiene sus derechos desde su primera acta constitutiva, que incluye las firmas de los representantes de Atacama, Mejillones y Caracoles”, recalca.
Bolivia mantiene su segundo encuentro con Chile ante La Haya, ¿cuáles son las perspectivas en el caso Silala?
Todo proceso judicial tiene siempre la probabilidad de que alguna de las partes obtenga una victoria, es una moneda de dos caras. También puede haber un fallo de equidad. Eso diferencia a la Corte de Justicia de la Corte de Arbitraje. La segunda falla a la letra muerta de los tratados y de la norma internacional.
En 1999, siendo jóvenes abogados, junto a mi hermano, diseñamos una demanda para que Bolivia vaya a La Haya. Encontramos en el Tratado de 1904 un artículo, el doceavo, añadido en 1907. Se llama Protocolo de Substitución de Arbitraje y señala que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya es la que se debe encargar de resolver toda controversia entre Bolivia y Chile.
Hemos presentado esa propuesta de demanda a los gobiernos de Banzer, de Sánchez de Lozada, de Rodríguez Veltzé y de Evo Morales, renunciando a cualquier emolumento económico por esta iniciativa. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta.
El tema de fondo es que Bolivia y Chile tienen la obligación de acudir ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya porque el Tratado de 1904 no establece la cesión de Bolivia a Chile del territorio comprendido entre el paralelo 24 y 23, por tanto, ese territorio es soberano de Bolivia.
En 2018 usted advirtió que ir a La Haya con los argumentos con los que fue Bolivia era un “fracaso jurídico”. ¿Por qué?
Dije que se vaya, pero no con los argumentos con los que se fue. Lo que se le ha dicho siempre al gobierno, y reitero que se debe hacer, es una demanda ante la Corte de Arbitraje de La Haya pidiendo los derechos de los territorios no cedidos, a la letra muerta, para que Chile demuestre que parte del tratado indica la cesión del paralelo 24 y 23. Son 11 kilómetros -que se suma a los 111 kilómetros de los paralelos- donde están las poblaciones de Antofagasta y Mejillones. Son bolivianas, no porque lo decimos líricamente, sino porque Bolivia no las ha cedido; hay seis islas e islotes dentro de las 200 millas náuticas que corresponden a la zona económica exclusiva de cada Estado costero.
En 2006 fui director de asesoría en la Asamblea Constituyente y presenté el proyecto de redacción del artículo 268 de reivindicación marítima, que actualmente es el 267 de la Constitución Política del Estado. El parámetro es que ningún gobernante debe pretender obtener solo una salida útil al mar, sino que ésta debe ser soberana, empleando medios pacíficos de solución a la controversia. Estos medios son la negociación, que en el caso de Chile tiene variable nula, la mediación con un intermediario y el peritaje, que es un tema técnico, como en el caso del Silala. La otra opción es la demanda internacional, que está implícita en el artículo 267 de la CPE.
Cuando Bolivia presentó la demanda para negociar con Chile se enfrentaba a una variable nula y lo ha confirmado la Corte. Chile no quiere ni puede porque su marco constitucional les prohíbe a las autoridades negociar la soberanía.
La opción es un fallo dirimidor de la Corte de Arbitraje, donde ya no se negocie, sino se determine judicial e internacionalmente, como ha sido el fallo Nicaragua-Colombia, de noviembre de 2012, en el que la Corte Internacional ha dicho las islas de San Andrés no han sido cedidas en el Tratado de 1930. Al no estar cedidas expresamente, se han repuesto a Nicaragua. Es exactamente lo que debemos pedir.
Aún podemos ir a la Corte de Arbitraje, no hemos agotado ese mecanismo, porque lo que nos ha negado la CIJ explícitamente es la obligación de negociar y no nos interesa negociar, queremos demandar y definir como en penales de fútbol.
¿Cómo ve la estrategia boliviana en el caso del Silala?
Esa es una chambonada y no solamente en el caso del Silala. Estoy convencido de que hay una triada de procesos pendientes y mal encaminados que son: la demanda de negociación (no la demanda marítima) entre Bolivia y Chile, la demanda de uso razonable y equitativo del Silala (que es una demanda chilena) y algo que nos estamos olvidando: la demanda de resarcimiento de Quiborax a Bolivia.
¿Qué tiene que ver Quiborax? Pues que el equipo jurídico de esa empresa fue parte del equipo jurídico de Chile contra Bolivia en la demanda en La Haya. Quiborax ha pedido tres millones de dólares y se le ha pagado 46 millones de dólares, ¿cómo se entiende aquello?
Como articulador en los tres juicios estaba Evo Morales como cabeza de la política exterior boliviana, además el entonces vicepresidente García Linera, el ministro de relaciones exteriores Choquehuanca y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Justicia y procurador Hector Arce, quien fue común denominador.
Podían haber hecho la demanda de incumplimiento de tratados, pero han decidido hacer una demanda negociadora, en mi entender, pensando que la Corte iba a dar un fallo equitativo. No contaban con que en algunos casos, como ha sido el nuestro, da razón a una parte.
Es un combo de malos procesos y ahora se trata el del Silala. Si bien Evo Morales anunció el 23 de marzo de 2016 la interposición de demanda, se nota que Chile ya tenía todo estudiado porque tres meses después interpone su demanda del Silala. Ya estaba diseñada.
¿En qué argumentos basa Chile su demanda?
En 2009, el entonces canciller Choquehuanca, en el marco de su diplomacia de los pueblos, se empeñó en lograr un acuerdo sobre la base del Silala cuando la presidenta de Chile era Michelle Bachelet, seguramente esperaba que podía conseguirse algo en el tema marítimo con ello. Si bien los chilenos han prometido y no han hecho nada, Bolivia encargó la suscripción de un acuerdo inicial respecto al uso compartido de las aguas del Silala o Siloli, el 28 de julio de 2009.
En el preacuerdo de 2009 lastimosamente para Bolivia se definió que propiedad dlas aguas del Silala en terreno boliviano es del 50%, el complemento lógico el 50% es de Chile. Eso demanda Chile, no que se defina si el Silala es manantial o río. Pero además pide que Bolivia no perjudique el flujo de las aguas hacia territorio chileno.
¿Qué ha contrademandado Bolivia? Uno deduce que seguramente que las aguas son 100% soberanas de Bolivia: ¡No! Ha contrademandado en sentido de que se declare a la soberanía de Bolivia en el lecho y los canales, pero no el agua del Silala. La contrademanda no habla de la soberanía sobre el agua, porque está el preacuerdo.
En su clausula décimo séptima el preacuerdo señala que en el caso de que no se suscriba un acuerdo definitivo en el lapso de cuatro años, hasta 2013, este preacuerdo tendrá carácter de definitivo. Ese es uno de los puntos sobre el que versa la demanda chilena.
Está , además, el atenuante de que la demanda en su fase escrita ha sido reservada a pedido de Bolivia. Probablemente se pensaba en un posible fallo de negociación, pero hemos perdido soga y cabra: no hay negociación y ahora Chile se queda con el concepto de uso compartido de las aguas del Silala.
El otro elemento controvertido es la resolución de las Naciones Unidas, impulsada por Bolivia, que declara el agua dulce como derecho humano, el concepto no abarca el agua salada ni el agua en general. Nuestros representantes allí desde la Cancillería fueron el viceministro Hugo Fernández y la directora Cecilia Chacón, que luego se convirtió en ministra de Defensa. Como se notará que el preacuerdo de 2009 y la resolución sobre el agua dulce como derecho humano son favorables a Chile. Entonces ha sido hasta una pantomima que Morales anuncie una demanda contra Chile cuando Chile, se nota, tenía elaborada su demanda que ha sido interpuesta en junio del mismo año del anuncio.
Nosotros habíamos recomendado, en la demanda original. que se demande las aguas del Silala y del Lauca, es siete veces más en cantidad que el Silala. No se ha hecho. Choquehuanca dijo en 2018 que le hervía la sangre cuando veía el desvío de las aguas del Lauca, pero no le ha hervido la sangre al suscribir el documento preliminar del Silala que se ha convertido en definitivo.
¿Cuáles son los argumentos de Bolivia?
Bolivia ha contratado los servicios de un Instituto de Hidrología de Dinamarca, que es de primer nivel, pero ni con él se defiende la soberanía boliviana de las aguas del Silala, porque -repito- lo que ha contrademandado Bolivia es el lecho y canales. Bolivia ha pedido confidencialidad, puede hacerlo y Chile dio anuencia. Los alegatos de demanda chilena y la contrademanda boliviana se van a ver recién en esta etapa de alegatos hasta el 14 de abril.
Bolivia tiene abogados de cinco estrellas que la representan. Pero también eran de primer nivel los de la demanda de negociación marítima, la clave es qué van a argumentar. Incluso se ha recomendado que Bolivia cobre la deuda histórica porque la concesión de aguas del Silala fue hecha por la Prefectura de Potosí en 1908 con la condición de que el recurso se use solo para el suministro de locomotoras a vapor. Estas máquinas dejaron de operar en los 50 o sea que han pasado 70 años de uso que deberíamos cobrar a Chile. Entiendo que aquello no se ha incluido en la contrademanda.
¿Cuáles son los escenarios posibles ante La Haya?
Si no pasa nada extraordinario, el 50% del Silala se va a convertir en propiedad de Chile. No olvidemos que en este momento Bolivia es dueña del 100%. En el escenario actual hay tres opciones: gana Bolivia, gana Chile o hay un fallo equitativo e incluso un fallo equitativo es negativo para Bolivia. Chile tiene dos tercios de opciones a su favor, el 66%, y Bolivia solo el 33%, desde el punto de vista matemático.
Estos procesos presentados sin los argumentos precisos mellan la confianza para iniciar otras iniciativas posteriores, si uno se ahoga difícilmente vuelve a la piscina. Precisamos obrar con dignidad y conciencia patriótica. Yo no soy partidario de voltear la página, hemos perdido una demanda de negociación, pero no la demanda marítima, esa nunca la ha interpuesto Bolivia y está pendiente.
En cuanto al Silala, si el fallo afecta la soberanía boliviana del 50% de agua, deben establecerse responsabilidades porque ha habido un entreguismo abierto.
¿Ve alguna posibilidad de negociación ahora que ha asumido la presidencia chilena el izquierdista Mauricio Boric?
Definitivamente no. El marco ideológico solo se lo cree Bolivia, por eso negoció el preacuerdo del Silala con Bachelet, integrante del socialismo del siglo XXI. Chile la tiene clara, aunque el presidente es joven, no va a poner el carretón delante de los bueyes. La variable de negociación con Chile es y ha sido nula; la única opción es un fallo internacional por arbitraje.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
