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El gobierno de El Salvador confirmó que desde que se implementó el régimen de excepción en el país hace cuatro días, el sábado pasado, ha efectuado la captura de unos 2.500 miembros de pandillas.
El presidente Nayib Bukele confirmó la cifra, como es costumbre, a través de su cuenta de Twitter. Además, anunció que ha solicitado al presidente del Congreso, Ernesto Castro, que convoque a los legisladores para darle más herramientas legales con las que enfrentar a las pandillas.
Según las autoridades del país, hasta la fecha llevan realizados unos 50 operativos especiales que permitieron las capturas con arrestos masivos, acordonamiento de barrios y registros casa por casa.
Como parte del operativo se incluyen requisas en centros penales y el despliegue de 21.000 miembros del ejército y 24.000 miembros de la policía a lo largo del país.
A través de un comunicado, el gobierno aseguró que el martes 29 de marzo, el país tuvo “cero homicidios a escala nacional”, atribuyéndolo a las medidas.
Críticas
La implementación del estado de emergencia ha generado preocupación entre algunas organizaciones de derechos humanos que temen que las faltas de garantías constitucionales abran la puerta para que se comentan violaciones contra los derechos humanos y han pedido al gobierno garantizar la integridad de las personas bajo su custodia.
Los pedidos, de organismos como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), entre otros, han generado incomodidad y fuertes ataques por parte de Buekele hacía sus críticos.
En un último intercambio de tuits, la directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk condenó los ataques contra los activistas por pronunciarse contra los abusos.
“Estos tuits dejan en evidencia el nivel de intolerancia de @nayibbukele y su descarado esfuerzo por cerrar espacios democráticos”, escribió Taraciuk.
A lo que el mandatario respondió con un “A quién le quede el saco…”.
El estado de emergencia en el país centroamericano podría durar 30 días y posiblemente extenderse, según el decreto, aprobado en el Parlamento por amplia mayoría.
De acuerdo con el documento, durante ese periodo estará restringida la libertad de reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, el derecho a la asistencia de un abogado durante la detención y autoriza las detenciones sin orden judicial.
El presidente Bukele ha denunciado que gobiernos anteriores entablaron pactos con las pandillas que dominan el país a cambio de reducir los homicidios, algo por lo que él también ha sido señalado por parte de opositores políticos y medios de comunicación. El presidente ha negado con vehemencia que su administración haya llegado a un acuerdo similar.
La Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras pandillas que viven principalmente del narcotráfico y la extorsión tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los cuales más de 17.000 están encarcelados, según las autoridades del país.
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