HUGO BALDERRAMA
Quienes vivimos nuestra adolescencia en los años 90 teníamos una regla básica de sobrevivencia: con el abusador no se negocia, se lo enfrenta. Aunque ponerse de tú a tú con un bravucón no siempre salía bien, dejabas en claro que no estabas dispuesto a ser su víctima.
Esa forma de actuar ―hoy considerada salvaje y primitiva― es la única que servía, y todavía sirve, para poner en cintura a los pendencieros de todos los colores, sabores y tamaños. Sin embargo, el empresariado boliviano aún cree que se puede negociar con el mayor camorrista de todos: El Estado. Veamos.
El pasado 17 de marzo, en la ciudad de La Paz y con la participación de 400 actores económicos del país, se llevó a cabo La Cumbre Por La Reactivación Económica. El evento concluyó con los siguientes nueve puntos: 1) La lucha decidida y efectiva contra el contrabando, 2) la formalización del sector productivo, 3) la modernización de las normativas tributaria, laboral y comercial, 4) la modernización al acceso al crédito, 5) el desarrollo productivo a través de alianzas público-privadas, 6) el desarrollo de los mercados con la integración de los productores de los nueve departamentos, 7) nuevas formas de producción en el marco del desarrollo sostenible y sustentable, 8) políticas de digitalización, innovación y equidad como forma transversal de todas las políticas públicas, 9) el cambio de la matriz energética dentro de la sustitución de importaciones.
En esta columna voy a analizar cuatro de las conclusiones presentadas, las demás son accesorias.
El contrabando es una consecuencia de las tarifas o aranceles aduaneros que bloquean y dificultan la entrada al país de productos más baratos y de mejor calidad del extranjero. En definitiva, el contrabando es beneficioso para los ciudadanos que pueden acceder a productos a precios competitivos.
Luchar contra el contrabando es desconocer por completo los beneficios del mercado libre y los principios más básicos de la teoría económica. Por ende, no hay que batallar contra los contrabandistas, sino contra las aduanas. La eliminación de aranceles o tarifas aduaneras disminuye los costos para el consumidor final, incrementa la cantidad de bienes en el mercado, y permite que el mercado tenga mayor ahorro disponible.
La sustitución de importaciones ―que se presenta como complemento de la anterior medida― es una de las peores políticas que puede sufrir una nación. Por un lado, le quita la libertad de elegir a los consumidores y, por el otro, desemboca en la creación de elefantes blancos ineficientes y deficitarios, algo que Bolivia ya experimentó en las décadas de los 50, 60, 70 y 80.
Respecto a las alianzas público-privadas son, esencialmente, una inmoralidad. Uno, porque generan un trato desigual ante la ley (hay grupos que son beneficiados por encima de otros). Y dos, porque son el origen de los actos de corrupción.
Javier Milei, economista argentino, acuñó el término empresaurios para referirse a esa clase de personajes. Pues su interés no es servir al consumidor con bienes de calidad, sino acrecentar sus cuentas bancarias usando sus conexiones con el poder político.
La sostenibilidad, una de las tantas modas del siglo 21, entró al léxico el año 1987 con la publicación de Nuestro futuro común de Maurice Strong (uno de los principales impulsores del ambientalismo y el neomaltusianismo). El concepto se liga a la planificación central de la economía. Pero no en Estados nacionales, que de por sí son malos, sino en manos de las agencias de la ONU que operan como ministerios de un gobierno único mundial imponiendo leyes mediante acuerdos internacionales (La agenda 2030). El desarrollo sostenible no es más que pretexto para acabar con la soberanía de las naciones.
En síntesis, lo que salió de la cumbre no fue un programa de reactivación económica, sino un pedido de los empresarios por una mayor protección estatal. Por eso, no debería extrañarnos que éstos guarden silencio ante eventuales futuras protestas contra el gobierno. Total, no pueden morder la mano que les da de comer.
Finalmente, una verdadera reactivación económica no pasa por darle más poder al Estado (ya tiene demasiado), sino por bajar impuestos, reducir aranceles, eliminar trámites burocráticos y permitir que funcione el libre mercado. Penosamente, esas cosas no son del agrado del empresariado boliviano.
HUGO BALDERRAMA FERRUFINO
Economista, Master en Administración de Empresas y PhD. en Economía
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de Visor21.
