El Tribunal Agroambiental, por primera vez, abrió la participación de “Amigos de la Corte” (amicus curiae), provenientes de la sociedad civil, en el proceso judicial por la preservación del jaguar y su hábitat, en virtud de un Auto de Admisión a una medida cautelar ambiental preventiva, interpuesta en su favor.
Desde el Tribunal Agroambiental convocaron a todos los interesados a presentar sus argumentos y aportes en forma escrita y/o digital al correo electrónico eibanezm@organojudicial.gob.bo (Secretaría del Tribunal Agroambiental). Adicionalmente, invitaron a la audiencia pública, que se celebrará el 23 de abril en la ciudad de Sucre, a las 09:00, donde podrán exponer sus ideas y testimonios directamente ante el Tribunal Agroambiental.
La decisión de este Tribunal sienta un precedente judicial en el ámbito ambiental, ya que ha convocado a representantes de distintos niveles del Estado, que van desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, entidades territoriales autónomas, organizaciones no gubernamentales, colectivos ambientales, naciones indígenas, académicas, etc., que argumentarán la problemática de la defensa del jaguar y su ecosistema, y argumentarán la importancia de la protección de este animal amenazado por los incendios, expansión agrícola, etc.
Los artífices
El 4 de febrero de este año, la diputada chiquitana María René Álvarez presentó una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental, instancia presidida por Cristian Méndez, que desde el principio mostró apertura y buena disposición con este tema.
La demanda de la diputada inició como denuncia de biocidio y tráfico de jaguares en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, en la que solicitó a los magistrados que dicten medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat de jaguares, para frenar la caza de este animal.
«Nuestra preocupación por la constante caza y tráfico de especies en la Chiquitania no es de ahora, pero este último caso de cinco jaguares muertos por acción de un empresario argentino, demostró que esta gente actúa con toda impunidad hace varios años. Por eso, junto al abogado Juan Carlos Camacho, decidimos presentar una demanda en el Tribunal Agroambiental, porque acudir a las autoridades del Gobierno, sean ministerios o entidades como la ABT, el Sernap u otros resulta vano, porque ellos son parte del problema», explicó sobre sus razones.
Para Álvarez, el hecho de que el Tribunal Agroambiental admitiera el recurso presentado en corto tiempo es positivo. Dijo que es un hito histórico que sentará jurisprudencia ambiental y demuestra que estos temas deben resolverse en el ámbito de la justicia, «y no en los escritorios de los burócratas del Ejecutivo que politizan cualquier tema y siempre hacen cálculo político».
Con la audiencia, la legisladora chiquitana espera que el Tribunal Agroambiental garantice la protección de esta especie y siente jurisprudencia ambiental para la defensa de otros animales que todavía son presas de gente inescrupulosa que no tiene respeto por la vida. «Pero también aprovecharemos la audiencia en Sucre para pedir explicaciones sobre estos casos de biocidio a las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente, de Gobierno, de Justicia y otros, porque esta falsa empresa operó unos cinco años en nuestro territorio con la fachada del turismo, mientras publicaba sus ofertas en las redes sociales con ganancias de hasta 50 mil dólares. ¿Cómo se explica tanta impunidad si no es por la inacción o, si fuera el extremo, la complicidad de las autoridades del nivel central del Estado?», cuestionó.
La decisión que tome el Tribunal Agroambiental, dijo, será importante y servirá como un instrumento para activar mecanismos legislativos de protección y preservación de la biodiversidad. Álvarez advirtió que también llevará esta causa a tribunales internacionales, porque este es un delito transnacional, con responsabilidad de un empresario argentino, Néstor Noya, «a quien junto a sus cómplices españoles y bolivianos también les seguimos un proceso penal por biocidio», complementó.
Finalmente, recordó a los candidatos que el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de evaluar la labor de sus ministerios y entidades dependientes, que actualmente no cumplen su trabajo, son negligentes y posiblemente cómplices de estos hechos ilícitos. «Los candidatos que hoy quieren postular a la presidencia también deben informarse sobre estos temas y asumir un compromiso de defensa ambiental ante el pueblo», desafió.
Colectivos ambientales
Entre los que se adhirieron a la causa figura la organización activista Alas Chiquitanas, que nació hace cinco años, para colaborar a los bomberos en los incendios forestales que destruyen la biodiversidad, incluido el jaguar.
«Nos adherimos formalmente como terceros interesados (Amicus Curiae) en este proceso histórico.
Recordemos que esta acción se inició gracias a la presentación de una acción por parte de la diputada María René Álvarez», dijo Daniela Justiniano, pero recordó que el jaguar no es solo una víctima del tráfico y la caza ilegal, sino también de la deforestación, falta de recursos para su conservación, los incendios, y los intereses económicos que están arrasando con el hábitat de esta especie y poniendo su sobrevivencia en peligro.
Justiniano agregó que como colectivo elevaron ante el Tribunal Agroambiental un petitorio de 20 puntos, entre los que destacan el reconocimiento de la gravedad del tráfico ilegal de partes del jaguar, el biocidio y los incendios forestales como violaciones a derechos constitucionales.
Además exigen al Ministerio de Medio Ambiente y Agua una estrategia nacional urgente y efectiva para combatir el tráfico de fauna silvestre; la creación de un fondo estatal permanente para los Centros de Custodia de fauna silvestre, garantizando su sostenibilidad y operación adecuada.
Pidieron modificar la Ley 1333 y el Código Penal para endurecer las sanciones por delitos ambientales, tráfico de fauna e incendios. Implementar medidas urgentes de control de incendios forestales, fortaleciendo vigilancia, prevención y respuesta. Reformar la Ley de Gestión de Riesgos (602) para agilizar respuestas ante desastres ambientales, sin trabas burocráticas. Promulgar una Ley Nacional de Bomberos Voluntarios que garantice presupuesto, derechos y protección legal para su labor.
Agregaron que es urgente dotar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y a los guardaparques de recursos, reconocimiento y condiciones dignas para cumplir su rol ambiental.
«Requerimos que se sancione a autoridades que emitan información falsa sobre incendios y remitir casos de desinformación al Ministerio Público. El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) y otras entidades en la lucha contra los delitos ambientales. Abrogar las leyes incendiarias y establecer penas de cárcel a quienes provocan quemas ilegales. Incluir la conservación como cumplimiento de la Función Económica Social (FES) en tierras fiscales y privadas. Implementar un Plan Nacional de Restauración Ecológica de áreas afectadas por incendios y deforestación. Crear programas de salud mental post emergencia para bomberos, guardaparques y comunidades afectadas por incendios. Inmovilizar áreas quemadas con vocación forestal, priorizando su restauración ecológica», dejaron por escrito.
Adicionalmente, Alas Chiquitanas pidió investigar negligencias institucionales ante los incendios de 2024, remitiendo a la Fiscalía los casos correspondientes. Garantizar el acceso público y en tiempo real a la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Proteger a personas defensoras ambientales, incluyendo veterinarios y voluntarios que han denunciado irregularidades.
- ///FUENTE: EL DEBER///
