El promedio del hacinamiento carcelario de los distintos centros penitenciarios urbanos y provinciales de Bolivia llegó al 105% a finales de 2024, siendo el departamento de Cochabamba el que presentó mayor sobrepoblación carcelaria con un 214%, informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Esta cifra muestra que, hasta diciembre de 2024, el hacinamiento carcelario incrementó un 11% en Bolivia. De 28.838 privados de libertad registrados en 2023, el año pasado la gestión concluyó con 32.035 reclusos en los diferentes recintos penitenciarios del país.
Cochabamba es el departamento con mayor sobrepoblación carcelaria, con 4.607 internos en recintos diseñados para una capacidad de apenas 1.466 personas. Esta descomunal cifra representa un -214% de hacinamiento carcelario, según ilustró Limpias el pasado lunes, durante la presentación de resultados de 2024 del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
En segundo lugar figura el departamento de Santa Cruz, con -169% de hacinamiento carcelario, pues registró 11.556 reclusos hasta diciembre pasado, mientras su capacidad es de 4.298 internos. El tercer puesto lo ocupa Oruro, con -155% de hacinamiento, habiendo registrado 2.041 privados de libertad en recintos con capacidad para 800 personas.
Según Régimen Penitenciario, en 2019 había 18.208 privados de libertad y en 2020 se llegó a tener solo 17.305, el único año en la última década en la que la población carcelaria disminuyó.
Luego, en 2021, la cifra subió de manera insospechada a 18.703 internos, y solo aumentó desde entonces, pues hubo 24.824 internos en 2022 y finalmente, un año después, se registraron 28.838 en 2023.
Considerando estos datos, Limpias observó que “nunca hubo un incremento tan sustancial de la población carcelaria”, considerando que la población carcelaria en Bolivia casi se ha duplicado en cinco años.
DESPROPORCIONAL
Limpias observó un “crecimiento desproporcional” en los centros penitenciarios del país, fenómeno que atribuyó a las limitaciones en la infraestructura de varios de ellos, por un lado, y al uso discrecional de la detención preventiva, fomentada por la presión social de las víctimas, quienes muchas veces exigen cárcel como única forma de justicia.
“No se olviden que hay mucha presión a los jueces cuando a la hora de mandar (a la cárcel) a una persona con detención preventiva (…) Hay una presión de nuestra sociedad. La reflexión (que debe hacerse) es que el sinónimo de ‘justicia’ para muchos es privación de libertad, la víctima quiere cárcel, sino siente que no le han hecho justicia y es lo que tiene colapsado actualmente nuestros sistema penitenciario”, expresó Limpias.
OBSERVACIONES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Bolivia en varias ocasiones para conocer la situación de las cárceles y estableció que hay vulneraciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios.
Al margen de verificar una “deficiente atención médica”, escasez de agua y alimentos, así como ausencia de espacios para recibir visitas, la CIDH encontró “deficiencias físicas” en las infraestructuras.
“La causa de esta situación se enmarca en un empleo excesivo de la prisión preventiva, que, de medida excepcional, se convirtió en una práctica recurrente”, menciona la CIDH en su informe tras su última visita en 2023.
- ///FUENTE: EL DIARIO///
