En audiencia con el relator relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la senadora Centa Rek y la diputada María René Álvarez expusieron la problemática de los avasallamientos de tierras y los efectos en los incendios forestales en Bolivia.
El relator Javier Palumno estableció contacto con las legisladoras nacionales y escuchó el informe sobre los constantes avasallamientos de tierras, que durante los últimos años tienen una relación directa con los incendios forestales, explicando, además, que la titulación de tierras se va manejando como una estrategia de toma territorial que ahora apunta a ingresar a las tierras fiscales.
Tanto la senadora como la diputada, ambas representantes del departamento de Santa Cruz, apuntaron responsabilidades al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), así como los ministerios respectivos, como parte del problema de los asentamientos ilegales y el tráfico de tierras.
De igual forma, se explicó las consecuencias que tienen los avasallamientos en el habitad de los pueblos indígenas, cuyos derechos fundamentales son vulnerados por la incursión de los grupos de interculturales y otros afines al partido en función de gobierno.
“Estamos hablando de un traslado geopolítico que hace el Gobierno de sus grupos interculturales, a través de entidades como el INRA y la ABT”, mencionó Álvarez.
A su turno, Rek alertó que los recursos económicos para atender los incendios son utilizados, según denuncias, en ese traslado de gente afín al Gobierno, pero también se conoce que desde el INRA se ha comenzado a subir el valor de las tierras hasta 600 veces, algo que genera casos de corrupción.
“El problema es muy profundo, Bolivia va a terminar en una guerra civil o un proceso de depredación y enfrentamientos muy peligroso”, expresó la senadora.
El relator de la CIDH estuvo en Bolivia en diciembre pasado y se reunión con personeros de la Cancillería del Estado para recibir información parcial sobre los incendios forestales y la atención que hizo el Gobierno.
Sin embargo, Palumno solo recibió una parte de los datos, ante las diez millones de hectáreas quemadas en Bolivia y la versión gubernamental que trató de responsabilizar a los agroproductores por ese desastre ambiental.
“El Gobierno quiere crear la narrativa de que los cruceños generan los incendios, que los productores son los que fomentan las quemas y eso es falso. Esa narrativa apunta a generar normas que castiguen a estos productores para poder comenzar a revertir las tierras”, respondió la diputada representante de la Chiquitania.
Los créditos solicitados por el Gobierno y el INRA también fueron cuestionados por las legisladoras nacionales, porque no se pueden aprobar recursos desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando no existe transparencia ni siquiera una base de datos que certifique el proceso de saneamiento de tierras o titulación de propiedades.
Finalmente, hubo el compromiso de facilitar información a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sobre todo porque surgieron nuevas denuncias sobre la expulsión de organizaciones ambientalistas que sería el primer paso para iniciar otra etapa de redistribución de tierras fiscales y el ingreso a áreas protegidas del país.
- ///FUENTE: PRENSA DIPUTADOS///
