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VISOR21.- La pandemia de Covid-19 que azota al mundo desde que hubo una fuga viral en China, llegó a Bolivia con dos casos de compatriotas que volvían al país desde Europa. Desde entonces, la cifra de casos llegó a casi 900 mil infectados y más de 21 mil muertes en cuatro olas epidemiológicas que compartieron Jeanine Áñez y Luis Arce.
El martes 10 de marzo de 2020, a las 19:50 se anunciaba una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. El entonces ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmaba que dos mujeres habían dado positivo a los exámenes de laboratorio, ambas provenientes de Italia, donde el coronavirus estaba causando estragos sanitarios. Una era residente en la localidad de San Carlos en Santa Cruz y la otra pasó de La Paz a Oruro.
De la primera se conoció luego, que incluso fue recibida con una fiesta, desde donde se fue propagando el contagio. De la otra persona se alertó que su viaje hacia Pagador fue en bus, con el consecuente riesgo de propagación del virus. Las alarmas sanitarias se encendieron y el Gobierno constitucional de transición tuvo que dejar la gestión para enfocarse en una emergencia sanitaria que no se veía en un siglo.
El gobierno de Jeanine Áñez acusó al régimen de Evo Morales de haber desatendido al sistema de salud, pues pese a las grandes infraestructuras no existía equipamiento ni recursos para personal médico y sanitario.
Para fines de aquel marzo, ya se anunciaba una cuarentena, medida extrema que se había aplicado en Europa luego de la expansión del letal virus. El domingo 22 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez decretó cuarentena total en todo el territorio por 14 días; sin embargo, la medida se extendió hasta mayo y luego bajo la forma “dinámica” hasta junio, terminando en agosto cuando se llegó al pico de la primera ola.
El costo político para Áñez fue alto, pues la medida impopular, la caída de la economía y las constantes restricciones bajaron su nivel de popularidad que hasta antes de la pandemia eran tan altos que incluso le llevaron a anunciar su candidatura presidencial.
El 29 de marzo de 2020 se registró la primera muerte por Covid-19 en Bolivia. Se trató de una mujer de 78 años, residente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que había sido diagnosticada tres días antes.
El ministro de Salud informaba que la adulta mayor falleció por distrés respiratorio severo, neumonía típica y coronavirus positivo. “La víctima contrajo el virus por contacto con una familiar que llegó del exterior del país”.
Las primeras cifras de Covid-19 reflejaban 81 casos confirmados y 1 persona fallecida. Los datos diarios verían incrementar los casos en un ambiente social de temor y pesimismo cada noche, cuando se anunciaban los reportes epidemiológicos a través de los medios estatales.
En el pico de la pandemia, el masismo activó un bloqueo de carreteras bajo la excusa de exigir elecciones generales al Gobierno, cuando aquella era competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que había decidido posponer los comicios de agosto a octubre.
Al menos 30 personas perdieron la vida por falta de oxígeno medicinal, producto de los bloqueos ejecutados por los denominados “autoconvocados”, sobre todo en La Paz y Oruro, denunciaron desde el Ejecutivo. Incluso se abrió un proceso internacional a través de la Procuraduría General y denuncias de representantes cívicos ante la Fiscalía; empero, éstas fueron rechazadas en el Ministerio Público “por falta de pruebas” y a nivel internacional tampoco hubo avance.
Los sindicados de promover esos “bloqueos criminales”, como llamó el gabinete ministerial de entonces, fueron el jefe del MAS, Evo Morales, que se encontraba en Argentina, y los dirigentes cocaleros Andrónico Rodríguez y Leonado Loza, hoy senadores electos.
Morales luego reconoció que la crisis de agosto fue coordinada por él y algunos dirigentes de sus organizaciones sociales aliadas, pero que ante los pedidos de radicalizar las medidas se sugirió “cuidar a Áñez para garantizar las elecciones”, pues los bloqueos y el avance de la pandemia, con el consecuente daño a la economía, ya habían logrado su objetivo político y era cuestión de tiempo para volver al poder.
Áñez estuvo 12 meses como presidenta, de los cuales, ocho tuvo que convivir con la pandemia. Ella y todo su gabinete se contagiaron, pero lo que caló más profundo en su gestión fueron las denuncias de corrupción por la compra de respiradores para salas de terapia intensiva y otros ambulatorios. Presuntos sobreprecios y contratos ejecutados desde el Ministerio de Salud bajo la administración de Marcelo Navajas y funcionarios masistas que se habían mantenido en sus cargos, provocó el entierro de las aspiraciones de continuidad para la presidenta transitoria.
El gobierno de Jeanine Áñez terminó su gestión con 142.475 casos confirmados y 114.466 recuperados. Hasta el 8 de noviembre de 2020 se registró 19.214 casos activos y 8.795 muertes.
Con el cambio de mando y el regreso del masismo con Luis Arce como presidente, la pandemia entró en una segunda ola menos contagiosa pero más letal. Diciembre de 2020 y enero de 2021 fueron meses de luto con 10.167 decesos acumulados, pero desde el nuevo aparato mediático aquello se minimizó. Poco a poco, los reportes diarios se fueron perdiendo y en la meseta ya se hablaba de las vacunas anticovid.
El 29 de enero de 2021 llegaba desde Rusia a Bolivia el primer lote de 20 mil vacuas Sputnik V.
“Son 20 mil dosis que se aplicarán inicialmente a nuestro personal de salud que está en primera línea. #VamosASalirAdelante”, tuiteaba Arce, mientras se alistaba un gran montaje mediático para recibir una caja que fue bajada desde el aeropuerto de El Alto hasta el edificio del Ejecutivo o “Casa Grande del Pueblo”. Ese mismo día se aplicaba la primera dosis a una enfermera en La Paz, con lo que se iniciaba la campaña de vacunación en Bolivia.
Áñez había firmado la adscripción de Bolivia al Mecanismo de Acceso Mundial a la Vacuna (COVAX), para ser uno de los 40 países que se beneficien con los fármacos, que hasta agosto de 2020 no estaban disponibles en Sudamérica, pues aún se encontraban a prueba y solo seis marcas habían pasado la fase 3 de inoculación masiva en el mundo.
Arce, por su lado, ya contó con las principales marcas a disposición, Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm. Su ministro de Salud, Jeyson Auza, explicaba las características de cada marca en abril de 2020, como anuncio de su pronta disponibilidad y aplicación por poblaciones vulnerables y rango de edad.
Sin embargo, pese a esas acciones sanitarias, el virus continuó con su propagación en dos olas más.
Nuevamente, el MAS optó por ejercitar una campaña de manipulación mediática para minimizar las cifras. Dividió las tasas de letalidad según las olas epidemiológicas, con el único objetivo de descalificar a la gestión de Áñez y acusarla de haber “matado al pueblo” durante esos meses.
Para el término de la cuarta ola, Auza comparó el 6% de letalidad durante el “gobierno de facto” contra el 0,6% de la actual gestión, “diez veces menor”, en sus palabras, “gracias a la vacunación”.
En datos concretos, Bolivia cumple su segundo año de pandemia, al 10 de marzo de 2022, con 869.744 casos confirmados y 804.502 recuperados. El reporte Covid-19 arroja 70.770 casos activos y 21.472 muertes.
La comparación estadística entre los gobierno de Áñez y Arce en estos dos años de pandemia deja 8.795 muertes entre el 29 de marzo al 8 de noviembre de 2020, y 12.677 fallecidos entre el 9 de noviembre de 2020 y el 10 de marzo de 2022, que significa un porcentaje de letalidad mucho mayor a las cifras que maneja el actual Ministerio de Salud.
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