El número de denuncias por trata de personas en contra del expresidente bolivano Evo Morales crece en la misma medida que el dirigente cocalero se resiste a enfrentar a la Justicia. En las últimas horas, la lista de querellas aumentó de tres a ocho. A este panorama se suma que el exmandatario no sólo está prófugo sino también en una supuesta huelga de hambre desde hace tres días. Con esta última táctica pretende impulsar la instalación de una “mesa de diálogo” con el gobierno de Luis Arce.
Morales cayó en desesperación, al menos eso parece, luego de que la secretaria de Género de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, revelara que existen cinco nuevas denuncias en su contra por el traslado de cinco menores de edad sin el consentimiento de sus padres desde Cochabamba a La Paz, con la participación de sindicalistas de Chapare como intermediarios.
Estas nuevas denuncias contra Morales engrosan la causa que la Fiscalía de Tarija inició el 26 septiembre por la presunta relación de Morales con la joven C.V.P. cuando ella “tenía 15 años” y con quien, además, tendría un hijo. Según la fiscal a cargo, Sandra Gutiérrez, hay “pruebas materiales” que sustentan el caso al cual se sumaron dos denuncias por abuso sexual presentadas por dos extrabajadoras de limpieza del Palacio de Gobierno, quienes sostienen que fueron atacadas por Morales mientras cumplían con sus labores en las instalaciones del Ejecutivo boliviano.
Con la presión alta
La presión de los líos legales condujo a Morales a anunciar que suspenderá la ingesta de alimentos. Si bien centra su discurso en asegurar que la medida sólo es “un acto de protesta ante la coacción y mala gestión” de Arce, la lucha por el control de partido oficialista para las elecciones de 2025 es la real motivación de la estratégica medida.
Las dudas no caben, especialmente cuando Morales vocifera que cualquier negociación con la administración de Arce debe desarrollarse en dos mesas: una política y otra económica. Para ello, incluso, exige la liberación de los 20 manifestantes afines a él detenidos por el bloqueo de carreteras y de otro grupo de dirigentes que enfrentan procesos judiciales, por la reciente marcha de Caracollo a La Paz.
Todo el pliego mencionado, el expresidente lo ensalza con la calificación de “terrorista” a Arce por detener a 66 de sus seguidores que mantenían el bloqueo de las vías terrestres.
Del lado del Ejecutivo, la disposición a sentarse está limitada, así lo deja claro la la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien en un comunicado divulgó que en el gobierno prevalece la voluntad para conversar asuntos relacionados con el gobierno pero “la respuesta siempre ha estado condicionada a temas como la candidatura de Evo Morales y la liberación de sus procesos judiciales, temas que no nos corresponden”.
Radicalización para evitar la justicia
Radicalizar el conflicto con el gobierno de Arce es el camino que toma Evo Morales. La Cancillería informó que sus partidarios tomaron a 200 soldados de tres unidades militares como rehenes en la zona del Chapare.
En un comunicado, el ministerio de Exteriores precisó que los manifestantes se apropiaron de “armamento de guerra y municiones que se encontraba en el interior de los recintos castrenses”. Mientras, el mapa de la Administrativa Boliviana de Carreteras arroja que hay 14 puntos de bloqueos instalados en Cochabamba y dos en Santa Cruz.
El caos no parece tener fin a la brevedad. Menos cuando Morales admite que tiene dos escopetas ante el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (Reafuc) y un revólver.
Al respecto, asegura que una de las escopetas se la envió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Aunque esta autoridad no ha hecho declaraciones al respecto, él culpa a Morales de organizar una “agenda de desestabilización” en el país.
Al mismo tiempo, la justicia argentina también pone su atención en el dirigente cocalero, después de que el exministro opositor y empresario boliviano Branko Marinkovic solicitara al gobierno de Javier Milei investigar al expresidente boliviano por posibles casos de trata y abusos en Argentina.
- ///FUENTE: PANAM POST///
