- Redacción VISOR21
La diputada por Tarija de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, presentó un proyecto de ley que estipula la reversión de las tierras que hayan sido tituladas luego de los incendios forestales desde 2019, porque considera que se debe terminar con ese modus operandi que utilizan los sectores afines al partido de gobierno para apropiarse de miles de hectáreas en el oriente boliviano.
“Decidimos terminar el problema de raíz y presentamos un proyecto de ley que prohíbe la dotación de tierras que sean resultado de los incendios forestales, a cualquier organización política, personas natural o persona jurídica, pero no nos quedamos aquí, el proyecto contempla la reversión de tierras entregadas desde 2019”, expuso la diputada desde sus redes sociales.
Campero explicó que desde 2006 a 2018 se benefició a 31.253 familias que forman parte de las organizaciones afines al MAS, como ser la Confederación Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Mujeres Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa, los interculturales y el movimiento sin tierra. Solo 1.746 títulos fueron para los pueblos indígenas.
El panorama empeoró desde 2019, de forma coincidente con el incremento de incendios forestales en Bolivia que aquel año consumieron cinco millones de hectáreas y este año se estima supere las 10 millones de ha afectadas, con el consecuente daño ambiental.
La propuesta surge luego que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados rechazara tratar la abrogación de las Leyes 1171 y 337, considerada dentro del paquete de leyes incendiarias que el Movimiento Al Socialismo (MAS) promulgó durante la gestión de Evo Morales.
Campero identificó a los legisladores que se opusieron a la aprobación de ambas normas, calificándolos como “ecocidas hipócritas”, pues con esa acción continúan favoreciendo las quemas indiscriminadas en territorio nacional.
Los diputados que votaron contra el tratamiento de abrogación fueron: Genghis Justiniano (CC), Renán Cabezas (MAS), José Nogales (MAS), Fernando Llapiz (Creemos), Luis Changaray (MAS), Lizeth Morales (MAS) y Enrique Cunai (MAS).
Para este jueves se convocó a sesión para tratar el proyecto ley que abroga la Ley 741 que “autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas destinadas a actividades agrícolas y pecuarias”. A la par, se tratará en la Cámara Baja dos nuevos créditos para el país con un contrato de préstamo para emergencias por desastres naturales y de salud pública, por un monto de hasta $us 250 millones de dólares y otro proyecto que aprueba un contrato de préstamo para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II, por un monto de hasta $us 100 millones de dólares.
