Una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pretende dejar en suspenso el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado, a 15 días de que Juan Lanchipa deje el cargo, el próximo 22 de octubre.
La diputada Luciana Michele Campero, de Comunidad Ciudadana, presentó la demanda argumentando que la Ley 1579, que regula la selección y designación del nuevo Fiscal General, contraviene la Constitución Política del Estado (CPE). Según Campero, esta normativa permite que magistrados en ejercicio sean candidatos sin haber presentado su renuncia a la función pública con 90 días de antelación, lo que infringe el principio de igualdad de condiciones entre todos los postulantes.
En su memorial, la parlamentaria solicitó la admisión de esta demanda y aplicación de una medida cautelar que deje en suspenso el proceso de preselección de candidatos y además definir la aplicación de normas de suplencia en el cargo de fiscal general, ante una inminente ausencia de autoridad titular por término de mandato.
La accionante considera que la ley 1579 viola el derecho a la participación como elegible al cargo de Fiscal General en igualdad de condiciones con quienes ejercen cargos públicos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), TCP y Consejo de la Magistratura.
“La ley de convocatoria (1579) viola el principio de seguridad jurídica, (…) viola el derecho a la postulación al cargo de Fiscal General en igualdad de oportunidades, toda vez que los actuales magistrados del TSJ y del TCP, aun en el ejercicio de sus funciones no se encuentran de ninguna manera en igualdad de condiciones de un abogado que no sea autoridad nacional pública, esto por el cargo que ejercen de poder”, señala parte de su memorial.
Explicó que esta es la razón por la que el artículo 238 de la CPE obliga a quienes quieran postular al cargo público, en este caso de Fiscal General, a que presenten su renuncia a sus funciones por lo menos tres meses antes al día de la elección.
“La renuncia de las autoridades públicas con jurisdicción nacional se debe precisamente a que se coloquen en igual situación que sus pares”, remarca.
PETITORIO
En su petitorio, Campero solicita al TCP que admita la AIA contra la ley 1579, por ser violatoria a los artículos 6 y 238 de la CPE y solicita se declare la inconstitucionalidad de esta ley transitoria.
Además demanda se declare la inconstitucionalidad del texto: “debiendo presentarse para tal efecto la documentación pertinente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se procese en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, y se proceda a la derogación de esta parte del artículo 25 parágrafo II de la Ley Orgánica del Ministerio Público “por ser violatoria a los principios constitucionales precitadas”.
- ///FUENTE: CORREO DEL SUR///
