Después de presentar una denuncia ante la Autoridad de Bosques y Tierra, la mañana del 11 de septiembre, tras ingresar a su propiedad, René Castedo -junto a acompañantes y representantes de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT)- vieron cómo la infraestructura en su propiedad había sido dolosamente vandalizada e incendiada de manera intencional. Los avasalladores hicieron boquetes en los cielos falsos de los dormitorios de sus trabajadores, y allí aplicaron diésel mezclado con aceite quemado para prender fuego a los techos de las viviendas.
“Por protección divina, yo creo, no ardieron los techos y tampoco todos los horcones y más bien quedó toda la evidencia de los actos dolosos causados por los delincuentes”, expresa el ganadero que tiene derecho propietario sobre las tierras que ocupa para sus labores productivas desde hace 25 años.
En los últimos años, los incendios forestales en Bolivia aumentaron de forma alarmante, devastando inmensas áreas del territorio. Sin embargo, cada vez más reportes indican que muchos de estos incendios no son simplemente el resultado de fenómenos naturales o accidentes, sino que están siendo provocados con fines específicos. En muchos casos, el fuego se ha convertido en una herramienta para tomar el control de tierras de forma intencional, facilitando la apropiación ilegal.
A pesar de haber obtenido un fallo favorable en el año 2008 del Tribunal Agroambiental Nacional, que reconocía sus derechos sobre el terreno, de manera inexplicable su proceso de saneamiento en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se prolongó desde entonces y no concluye hasta la fecha con artimañas procesales que dilatan la titulación de la propiedad. Castedo narra que estos actos solo fueron el inicio de otros hechos graves y delictivos. Asimismo, tuvo que comenzar a monitorear su propiedad mediante imágenes satelitales y, gracias a ello, logró detectar incendios provocados de manera intencional cerca de sus tierras.
Los grupos delictivos tomaron su propiedad en diversas oportunidades; lo que lo llevó a presentar denuncias ante las autoridades competentes hasta la emisión de una orden de desalojo, que se ejecutó en diciembre de 2022. Pero en los últimos años, la situación se ha vuelto más crítica, puesto que los grupos irregulares comenzaron a amenazar a sus trabajadores y a obstaculizar el acceso a la propiedad, derribando árboles para impedir el ingreso.
Los avasallamientos de tierras han aumentado con un modus operandi claro y agresivo que deja a los propietarios legítimos en situaciones de gran vulnerabilidad. Estos actos suelen comenzar con la ocupación física de los terrenos, que a menudo incluyen la construcción de cercas, y siguen con la quema de cultivos y bosques existentes, en un intento por legitimar el control sobre la tierra tomada.
Santa Cruz ya lleva tres meses asediado por el humo de los incendios, que han formado líneas de más de 100 kilómetros. También caciques y comunarios de pueblos indígenas señalan a los avasalladores como causantes de los incendios que dañan los ecosistemas en la Chiquitania y la zona de Guarayos, que son las más afectadas por el fuego. La Central Indígena de Bajo Paraguá se declaró en estado de emergencia, tras verificar desmontes y quemas que dan paso al fuego descontrolado en el Área Protegida Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco.
Marcos Tomichá, gran Cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), indicó en diversas oportunidades a los medios de comunicación que la gente combate el fuego, pero que los incendios continuarán mientras no se ponga freno a los avasallamientos. “Lamentablemente, siguen las quemazones; continúan quemando los cordones en los lugares de asentamiento. Siguen destrozando nuestros pulmones verdes. Es gente que viene de otro lado, tal vez no sabe cómo manejar (el monte) y hace desmanes”, manifestó.
En Ascensión de Guarayos se verificó que el fuego es generado en chaqueos que comienzan en cordones de asentamientos. “Hemos recorrido lugares donde hay asentamientos, desmontes y quemas que preocupan bastante”, dijo a los medios el alcalde Pablo Guaristi y lamentó que las alcaldías y la Gobernación no tengan tuición en la dotación de tierras ni en la autorización de desmonte y chaqueos. Dijo, además, que es urgente hacer ajustes en la normativa actual, porque los gobiernos municipales son los que conocen el plan de uso de suelo en su jurisdicción y pueden identificar las áreas agrícolas y las de reservas forestales.
René Castedo no duda. La quema en su propiedad no fue producto de un incendio forestal, sino un daño intencional, diseñado para que parezca accidental o como si fuera consecuencia de un incendio forestal. Después de la visita ocular con funcionarios de la ABT, aportó múltiples pruebas y solicitó que se investigue a los cabecillas involucrados, quienes -se sabe- incluso son propietarios de tierras y poseen maquinaria. Sostiene que el INRA, especialmente su área de saneamiento, está coludido con estos hechos y actúa “como una mafia de traficantes de tierra”.
La falta de acción efectiva por parte de las autoridades y la lentitud del proceso judicial han generado un perjuicio económico considerable, además de dificultar el desarrollo de sus actividades ganaderas. “No puedo desarrollar mis actividades con normalidad y ni qué decir del gasto económico, no puedo mantener una ganadería con esos gastos extraordinarios fuertísimos en abogados, denuncias, inspecciones, todos esos son gastos que no vuelven y que no tienen nada que ver con la producción ganadera, y más bien me quitan la posibilidad de hacer otras inversiones con esos recursos para mejorar mi ganadería, además le quitan a uno tiempo, salud y tranquilidad”, afirma.
René, como otros propietarios de tierras ubicadas en la provincia Ñuflo de Chávez y Guarayos, ha decidido continuar su lucha legal, presentando nuevas demandas y pruebas con la esperanza de que se tomen medidas efectivas para resolver el conflicto y evitar mayores daños. La misma situación afecta a otras áreas, como en el manejo forestal Vasber (Área Transitoria Especial en Urubichá), donde mediante un sobrevuelo se verificó al menos seis asentamientos. Estos avasallamientos están en tierras para uso forestal y según la categorización establecida por el INRA son tierras fiscales no disponibles.
