Más de 4 millones de hectáreas quemadas; es decir, el equivalente a toda la extensión territorial del departamento de Tarija, es el resultado en lo que va a la fecha y solo por este año en nuestro país, del daño ambiental ocasionado. Es como si se hubieran soltado tres bombas atómicas para alcanzar la magnitud de superficie devastada por los 2.249 focos de calor. Esto sin considerar que perecieron en absoluto dolor bajo el fuego, alrededor de 6 millones de animales con sus crías, la misma cantidad de personas que los nazis exterminaron en la II Guerra Mundial contra inocentes víctimas que no se pudieron defender nunca.
¿Pero qué es lo que hace el Partido-Gobierno-Estado del Nacional Socialismo en Bolivia?
Con un presupuesto destinado para el funcionamiento de un mal llamado Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que nos cuesta Bs 2.342 millones por año, enviaron nada menos que a 70 bomberos, para aplacar el fuego de 4 millones de hectáreas. Pero no solo eso, sino que además emitieron el Decreto Supremo No. 5225 con el que piensan que se van a apagar los incendios forestales, y decidieron de yapa, sesionar en Gabinete desde Santa Cruz, con toda la huella de carbono que representa la sola existencia de los políticos de turno y su traslado, además del séquito y la parafernalia de prensa y propaganda, propia de la farándula circense a la que ya están acostumbrados.
No se debieron haber molestado, de verdad, no lo debieron haber hecho.
¿Pero qué es lo que está quemándose desde hace más de cuatro meses?
Se tratan específicamente de suelos fiscales, territorios indígenas originarios campesinos, tierras comunarias que representan el 75% de todas las tierras disponibles y con estos suelos, parques y reservas naturales, que se supone deberían estar bajo la protección de la hegemonía de un Estado, que quedó velado es famélico, raquítico y paralítico a la hora de cumplir con sus deberes constitucionales. Mas no hablemos de hacerlo a la hora de cuidar los intereses de cientos de cocaleros, interculturales y colonizadores “sin tierra”, que son voto útil y tienen un pacto solapado con el Gobierno.
Es decir, todo este ecocidio equivalente a la peor de las guerras de la humanidad, sirve para crear posteriormente suelo fértil para tráfico de suelos por el movimiento social llamado “interculturales”, que les producirá jugosas ganancias por su venta y que posteriormente serán destinadas para la producción de monocultivos de soya, oleaginosas, ganadería y como no podría ser de otra manera, de la hoja milenaria de coca.
Para el efecto, diez leyes actualmente son las que permiten todo este desastre ambiental, todas ellas por encima de cualquier Decreto Supremo de “pausas ambientales” que, ya no puede revertir el daño ocasionado porque es demasiado tarde. Mucho más desde que se pasearon como un papel higiénico la Constitución Política del Estado, que establece en su Artículo 33, que: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. (Siendo) el ejercicio de este derecho (que) debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”; lo propio con el Artículo 316 que establece que: “La función del Estado en la economía consiste en conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana” y finalmente el Artículo 342, por el cual: “Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”.
¿Desarrollarse de manera normal y permanente, mantener el equilibrio del medio ambiente significa que los terroristas ecocidas prendan fuego a todo lo que pueda ser alimento para las flamas y el Partido-Gobierno-Estado MAS, no haga nada al respecto?
Claro que no harán nada o harán apenas una pantomima inútil plagada con discursos demagógicos, porque están en juego nuevamente sus eternos intereses políticos de por medio; que como en un libreto o en un manual tienen que manejar el doble discurso, de enarbolar la defensa de la Pachamama y por el otro, la de la industrialización a costa de la Madre Tierra; de refilón y en forma soterrada, abonando también un sindicalismo parasitario, que desde siempre se vale del enriquecimiento a costa de muerte y depredación.
Al final de la ecuación el resultado de un gobierno que ya no gobierna, se reduce a desafortunadas y tristes declaraciones públicas, de un senador del Partido-Gobierno-Estado MAS (Loza, 10/09/2024), cuando le preguntan si las normas anti-ambientales deben ser abrogadas y derogadas. Respondiendo sin rubor alguno y cito: “Esas leyes no se deben abrogar ni derogar, porque sería un grave error hacerlo y en todo caso lo que se tienen que hacer es fortalecerlas, no ignorarlas”.
Es decir, son los propios terroristas ambientales quienes no tienen ningún reparo en incendiarlo todo y que se pasen a esta o a cualquiera de las leyes como un fósforo por la oreja, ignorándolas olímpicamente. Y el senador sólo confirme en su prístina inocencia que su gobierno es tan cómplice con sus leyes, como quien echa gasolina al fuego.
Por otra parte, el Ministerio Público, debería ser el llamado para actuar de oficio y que mediante una gran comisión de fiscales, ya debieron haberlos presentado y procesado a estos delincuentes. Tristemente no hay “aceite” y no lo harán.
Alguien dirá que ya hay 61 denuncias. Pero sólo hay 4 detenidos y en caso de sancionarlos, estos deberán pagar Bs 2.459 por hectárea quemada. Un gran logro para la justicia con la Madre Tierra. Eso es lo que vale la vida de 6 millones de seres vivos entre los que se cuentan cientos de miles de perezosos, osos hormigueros, capibaras, tortugas, víboras, ranas, serpientes, tatúes, pichones de toda clase de aves y un larguísimo etcétera.
Así, la Sagrada Madre Tierra, la Pachamama de todos los ancestros, ahora arde como el infierno, arde por los cuatro costados y todo lo que se les puede ocurrir a los indolentes burócratas, es extinguir el fuego ventilándolo con un papelito que no tiene ningún valor. Vaya forma de solucionar los problemas: eliminar el fuego por Decreto.
A todos nos queda el camino de la Acción Popular por el incumplimiento de deberes de todas las autoridades; una receta sólo para extirpar al Órgano Ejecutivo gangrenado y el escarmiento ejemplarizante, si no es demasiado tarde, para que los futuros animales políticos consideren mejor de qué lado están: del lado de la vida o de la muerte.
- JORGE ESPAÑA LARREA
- ABOGADO. SOCIÓLOGO
- *NDE: LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL LIBERAL Y CONSERVADORA DE VISOR21
