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La posible aprobación de la ley de bonos de carbono en Bolivia, fue criticada por el coordinador del proyecto Semilla Ecosocial, Fabrizio Uscamayta, quien alertó sobre los riesgos que esta medida podría traer.
En una entrevista en el programa “Verdades Ocultas” de Radio Erbol, Uscamayta cuestionó el modelo de desarrollo actual, señalando que disfraza prácticas contrarias al ideal del “vivir bien”, como el uso de transgénicos y biotecnología.
Uscamayta cuestionó el modelo de desarrollo actual, que, según él, maquilla acciones contrarias al ideal del “vivir bien”, como el uso de transgénicos y la biotecnología.
El miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Juan Carlos Alarcón, expresó que la sentencia que declara inconstitucional el Artículo 31 numeral 5, que prohibía la mercantilización de funciones ambientales, es un golpe profundo a los principios del “vivir bien” y a los derechos de la Madre Tierra.
“Esta decisión abre la puerta a la comercialización de funciones ambientales vitales, como el secuestro de carbono, que son esenciales para la vida en nuestro planeta”, advirtió Alarcón.
La mercantilización del medio ambiente, según Alarcón, es un intento de convertir recursos naturales y procesos ecológicos, como la polinización y la purificación del aire, en simples mercancías con un precio en el mercado. Esta práctica, argumenta, vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la soberanía de los territorios indígenas, que podrían ser explotados por empresas extranjeras en busca de lucro rápido. “Estamos viendo cómo empresas intermediarias ofrecen sumas irrisorias para preservar el bosque, creando desconfianza entre las comunidades locales que, con razón, sospechan de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad”, comentó.
El caso de la Chiquitania, donde se ofrecieron sumas ínfimas por hectárea a las comunidades locales a cambio de preservar sus bosques, fue citado como un ejemplo de las desigualdades que generan estos acuerdos. “Los intermediarios se quedan con la mayor parte del beneficio, mientras que las comunidades reciben migajas”, denunció Alarcón, quien subrayó que esta situación es parte de una estrategia global de países desarrollados para seguir contaminando, mientras compran el derecho a hacerlo mediante bonos de carbono en países en desarrollo.
Por otra parte, Cecilia Requena, senadora nacional, también participó en la entrevista, aportando su perspectiva sobre el aporte de la propuesta de la ley 003, de la que participan varios actores políticos de su bancada. Requena socializó la propuesta de ley 003 contra las quemas ilegales y la restauración de ecosistemas, impulsada en respuesta a los incendios que devastaron grandes áreas del país.
Requena explicó que la ley busca atacar las causas profundas de la deforestación y las quemas, proponiendo un cambio en la interpretación de la Función Económica Social (FES) para que la preservación de bosques sea considerada una función económica válida. “Es contradictorio que, en medio de la crisis climática, se promueva la deforestación como una forma de defender la propiedad, mientras el Estado afirma estar en contra de las emisiones de CO2”, señaló.
También argumentó que las políticas actuales, lejos de promover prácticas sostenibles, han incentivado métodos destructivos que amenazan tanto al medio ambiente como a las economías locales. En contraste, destacó los casos de Palos Blancos y Alto Beni, donde la agroforestería ha demostrado ser una alternativa. Estos municipios, según Requena, han llegado incluso a oponerse a la explotación del oro en favor de mantener sus prácticas sostenibles.
La senadora también abogó por una mejora significativa en la gestión pública, señalando que muchas de las quemas que ocurren en Bolivia son ilegales. Propuso implementar multas más severas y mejorar la transparencia del Estado, sugiriendo que la información sobre los incendios debe estar disponible en línea para que la ciudadanía pueda monitorear y exigir respuestas de los funcionarios responsables.
Además, Requena enfatizó la necesidad de un acompañamiento estatal más robusto, con particular atención al cuidado de los bomberos y otros elementos del sistema de respuesta a emergencias. Cerró la entrevista, argumentando que los incendios mueven a la gente hacia la lucha continua.
Existe creciente tensión entre el modelo de desarrollo económico y la necesidad de proteger los derechos ambientales en Bolivia. Con la posible aprobación de la ley de bonos de carbono, los defensores de los derechos de la Madre Tierra temen que se esté abriendo la puerta a un nuevo tipo de mercantilización que podría tener consecuencias para la Madre Tierra y las comunidades locales.
- //FUENTE: AGENCIAS//
