Algo más de 600 jueces ejercen sus funciones sobre la base de contratos “transitorios” que culminan cada cierto tiempo y que deben renovarse en función de las disposiciones legales en vigencia, pero también gracias a los contactos que el jurista tenga entre las autoridades del poder político.
Según datos del Consejo de la Magistratura, 1.138 jueces estaban en sus despachos a enero de este año, pero no abastecen. El Ministerio de Justicia señala que apenas el 46% de las causas se resolvieron en los últimos dos años y 1,3 millones de ciudadanos aún no acceden a servicios judiciales. “La justicia está lejos de la gente”, sentenció hace poco Diego García-Sayán, relator para la Independencia Judicial de la ONU.
Hay más. La Escuela de Jueces, la entidad autónoma del Órgano Judicial que está a cargo de la formación e las futuras autoridades, apenas logró graduar a 120 profesionales en los 12 años que tiene de existencia, según reportes de esa entidad. El Gobierno cifra sus esperanzas en este mecanismo para viabilizar, al menos, la base de la mentada reforma judicial.
“Un análisis frío de cómo se hace una buena reforma parte, en todos los países en que fue exitosa, con una escuela judicial, un instituto de la judicatura que forme a los nuevos jueces a las nuevas generaciones. En ninguna facultad se enseña cómo ser juez. Tenemos que darle toda la fuerza a este elemento que es trascendental en la reforma judicial”, sostuvo el ministro de Justicia, Iván Lima.
No obstante, esta entidad académica no está dando los resultados esperados. En promedio, gradúa a 10 jueces por año, un número que es insuficiente para la demanda de justicia que existe actualmente en el país. Además, el 62% de los juzgados está en las capitales y El Alto, el restante 38% en provincias, mientras que un total de 175 municipios no tiene ningún juzgado y sus causas se tienen que derivar a otros distritos.
El caso de Warnes que está cerca de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada del país, es una muestra de esta realidad. Allí hay un solo juzgado mixto que atiende procesos civiles, comerciales, de familia y de sentencia penal. “Eso es realmente abrumador y cercano a un récord mundial”, señaló el abogado Daniel Valverde, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), quien sigue de cerca el debate previo de la reforma del sistema judicial.
El juzgado mixto de Warnes, donde residen 220.000 personas, atiende hasta 3.000 causas al año, “cuando la tasa de litigios judiciales es de 2,5 a 3 por cada 100 habitantes”, apuntó Valverde.
Postulaciones
Durante los últimos 24 meses se han ido postergando, de manera continua, la admisión de profesionales que aspiran a la carrera judicial. La Escuela de Jueces tiene una exigencia académica de algo más de dos años y este año no existen estudiantes en sus aulas, por el momento virtuales.
Eso sí, existen cursos periódicos que son impartidos desde su plataforma. Por ejemplo, las dos convocatorias de 2020 para la selección de postulantes del tercer curso de formación y especialización judicial en las áreas ordinaria, y agroambiental fue postergado sin fecha. En agosto de 2021 se anuló el examen de admisión y la convocatoria de ese año. Lima dijo, entonces, que se procedió así “por un tema de transparencia”.
Este año, los postulantes tuvieron que viajar a Sucre para rendir el examen de admisión que fue fijado para el 19 de febrero. La prueba se canceló sin previo aviso, cuando los juristas interesados ya estaban en la capital. “Hay un silencio absoluto en la Escuela de Jueces del Estado y sobre todo en la Unidad de Formación y Especialización que es la instancia responsable de llevar este proceso de selección”, señaló un postulante en un contacto con El DEBER. Pidió el anonimato “para no tener problemas” en su postulación.
Señaló que, entre sus colegas, “hay poca confianza” en este proceso. Cree que las 60 plazas “ya tienen nombre y apellido, pues tienen que ser afines al MAS”.
El diputado Óscar Balderas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), informó que pedirá información a las autoridades del Órgano Judicial que tienen tuición sobre esta entidad. “Si el Órgano Judicial actúa, en este caso por causas no justificadas en razones jurídicas, sino en razones políticas, estamos ante la génesis de una próxima etapa de persecución política. Necesitamos información y más transparencia”, apostilló el diputado Balderas.
El legislador dijo que “hay denuncias sobre el pago de sobornos de hasta $us 3.000 para acceder a las preguntas de los exámenes de admisión” y que espera que las autoridades judiciales transparenten esa investigación.
Hasta julio de 2021, el Consejo de la Magistratura, la entidad que está a cargo del control disciplinario de jueces, estuvo presidida por Gonzalo Alcón, hermano del juez Rafael Alcón, quien fue encarcelado a fines de enero por liberar a un feminicida serial, quien estaba condenado a 30 años de presidio.
La liberación del delincuente activó una evaluación de todos los jueces, la mayoría de ellos “transitorios”. Este factor pone en duda la independencia judicial. Organizaciones como la Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, recientemente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señalan que los jueces interinos generan una “peligrosa” dependencia del poder político.
Grenny Booling, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol), informó que su entidad buscó a los altos magistrados del Órgano Judicial “para hacer una reflexión, una autocrítica” con miras a tener “instituto de la magistratura” idóneo. Señaló que en el caso de la Escuela de Jueces se debe considerar la experiencia de los juristas y el presupuesto que limita la designación de nuevas autoridades.
Pero Booling va más allá. Con la reforma “se debe evitar que los jueces realicen trabajos administrativos y se garantice su independencia económica con estabilidad laboral”, que debe estar “libre de las presiones, incluso, de organizaciones sociales”.
El presupuesto judicial de 2022 es de Bs 2.188 millones. En el caso de salarios, el año pasado hubo una reducción de hasta el 11% para los magistrados. En Bolivia, un juez recibe un sueldo de entre Bs 13.892 y Bs 15.317, según la escala del Consejo de la Magistratura. Este rango salarial es menor al cuerpo administrativo jerárquico que percibe hasta Bs 17.200.
DATO
Entre 2012 y 2013, durante sus primeros años de vida, la Escuela Judicial gastó Bs 12 millones “sin formar a ni un solo juez”, denunció entonces el mismo Iván Lima, pero cuando era magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Aseguró que la entidad no era eficiente y pedía cambios.
CARRERA JUDICIAL
Ricardo Torres, el actual presidente del TSJ, asegura que en el país “no existe una carrera judicial” ni un presupuesto adecuado. En Bolivia, el Tesoro de la Nación destina apenas el 1% para la Justicia.
SIN EVALUACIÓN
Durante la gestión de Evo Morales, la cantidad de jueces transitorios llegó al 80% y este porcentaje se redujo con medidas administrativas y los escasos profesionales que se lograron graduarse de la Escuela de Jueces.
//FUENTE: EL DEBER//
