La madrugada del domingo 21 de abril pasado, dos adolescentes en Sucre fueron encontradas consumiendo bebidas alcohólicas y como castigo las encerraron en una celda. Debido a esta acción ilegal, la excoordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) fue imputada por el delito de privación de libertad.
El cuaderno de investigaciones de este caso da cuenta de que las dos adolescentes, a las 9:00 de esa fecha, fueron introducidas en aparente estado de ebriedad en una celda que se encuentra en el centro de acogida para adolescentes Charquipata, ubicado en el pasaje Urioste de la zona Poconas. En este mismo espacio funcionan las dependencias de la Coordinadora de la DNA.
Esa reclusión llegó como denuncia ante la jueza Verónica Vanessa Medrano Daza, del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia 3° de la Capital, y también ante el delegado Defensorial del Pueblo en Chuquisaca, Humberto Mayorga, quienes a las 9:20 del día siguiente, lunes 22 de abril, se presentaron en oficinas de la Coordinadora de la DNA.
Allí evidenciaron que las dos adolescentes “se encontraban en una celda con rejas y asegurada con candado”. Una psicóloga que trabaja en dicho centro les informó que las muchachas estaban encerradas desde las 9:00 del día anterior.
Las menores de edad contaron a Medrano y Mayorga que durante esas 24 horas no recibieron alimentación ni les permitieron utilizar el baño y que, cuando llegó la noche, durmieron en un colchón, que estaba dentro de la celda, y se taparon con una sola frazada. Dijeron también que por algún tiempo las sacaron de la celda para obligarlas a limpiar las oficinas.
Esta celda, que está localizada en la parte baja de la infraestructura y que por ninguna razón tendría que estar en la DNA, era camuflada con paredes bien pintadas y de colores acogedores, según refirió personal público que fue contactado por CORREO DEL SUR.
La Jueza y el Delegado Defensorial del Pueblo, tras conocer personalmente la experiencia de las dos adolescentes, presentaron una denuncia penal contra la coordinadora de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Sucre, cuyas iniciales son C.A.O.R.
Luego de que la Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia 3° de la Capital y el Delegado Defensorial del Pueblo en Chuquisaca presentaran la denuncia en abril, el Ministerio Público determinó imputar formalmente a C.A.O.R. por el delito de privación de libertad el 29 de julio. El artículo 292 del Código Penal establece que la sanción para este tipo de delitos es reclusión de seis meses a dos años y una multa de treinta a cien días.
- //FUENTE: CORREO DEL SUR//
