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“El Gobierno subvenciona el gas, el diésel y el dólar” con esa afirmación la ministra de Trabajo, Verónica Navia, daba a entender que el Gobierno intervenía a través del Modelo Económico Social Comunitario Productivo en la redistribución de la renta de cara a estos pequeños exabruptos circunstanciales que la escasez de diésel, en este caso, está generando en el país.
Por obvios motivos no analizaré el diagnóstico de la ministra Navia con relación a la crisis, me remito a sugerir que la ministra despegue los ojos del escritorio y simplemente observe lo que sucede en la calle, no en los corredores de las oficinas públicas.
Veamos, cuando la ministra analiza bajo la misma categoría bienes económicos como el gas y el diésel con un activo corriente, el dólar como moneda extranjera que cumple funciones que actualmente el boliviano ya no cumple, es decir, medio de intercambio, preservación del valor y unidad de cuenta, cae en el error.
El error conceptual parecería obvio; sin embargo, la ministra señala que son estas políticas las que permiten tener una estabilidad económica del país. Recordemos que desde finales del año 2011 el Banco Central de Bolivia asume el tipo de cambio fijo en Bs 6,96 por dólar americano como parte de la política monetaria. La sola idea de subvención supone que el Gobierno costea parte del precio total de un bien o mercancía para que este pueda ser accesible a uno/varios sectores permitiendo así que estos puedan continuar/ampliar sus actividades productivas y estas con el tiempo puedan fortalecer sus procesos a tal punto que la subvención deje de ser necesaria. Por lo menos esa es la idea en teoría.
Ahora bien, un dólar barato permitiría abaratar las importaciones, haciendo que su costo sea asumido no solo por los sectores productivos sino también por el consumo, familias y empresas. Esto en el año 2011, resultaba costeable en vista que la balanza comercial era positiva consecuencia de los precios internacionales de los hidrocarburos y minería.
Sin embargo, una subvención no es sostenible sino está diseñada para generar un cambio, un salto de calidad en los procesos productivos. Bajo la lógica de la ministra, la subvención del dólar se constituye en una manera en que se acortan los procesos de inversión y consumo hacia un ciclo de corto plazo, la famosa demanda interna. Tal es así que las necesidades de la población no eran cubiertas únicamente por la producción nacional, sino principalmente por las importaciones legales, pero sobre todo vía contrabando.
Subvencionar los carburantes parece una buena idea guiada por la búsqueda del bien común, pero cuánto ha influido en la modernización del sector transporte en el país. Transporte urbano con un incremento descomunal del parque automotor, transporte pesado como el proveedor casi en solitario del servicio del cual depende casi un 90% de la economía nacional son claros síntomas de políticas públicas postergadas que hubiesen sentados las bases para una modernización y diversificación de la oferta en transporte para ambos fines a través de alternativas que el sector privado no el Estado pudo haberse interesado en proveer.
Finalmente, subvencionar un dólar para que este se encuentre artificialmente barato en el mercado parece contradictorio con una política de “bolivianización” de la economía, que a pesar de disuadir intencionalmente las operaciones en moneda nacional bancarizadas a través del encarecimiento de las operaciones en moneda extranjera y bajar las tasas de interés en el mercado financiero, termina por generar incentivos a la importación mediante operaciones que requieren justamente de divisas como el dólar.
La ministra, en honor a la verdad, no sufrió de un lapsus mental, me permito especular y creer que está convencida de que la subvención del dólar no tenía ni tiene otro propósito más que mantener disponible la divisa a un precio estable que genera seguridad y confianza en los ciudadanos. Nada más y nada menos.
¿Y el modelo? Bueno, mientras el “papel” se imponga a la realidad siempre habrá tiempo para que estos pequeños episodios de incertidumbre sean resueltos por los buenos oficios del Gobierno ¿o no?
- CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA
- Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de la Fundación Lozanía
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