Al menos 14 organizaciones trabajaron sobre cuál debería ser el perfil de la persona que ocupe el cargo de Defensor del Pueblo en territorio nacional y plantean siete criterios, entre ellos que sea tenga una destacada carrera profesional en derechos humanos, una conducta personal intachable y transparencia.
De acuerdo a la propuesta de las instituciones como Fundación Construir, la Ruta de la Democracia, Cladem Bolivia, Comunidad de Derechos Humanos, Fundación Jubileo, Derechos en Acción, entre otros, a partir de la elección del último titular de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos Pinto quien renunció el 2019 tras un escándalo doméstico se observa la falta de objetividad, imparcialidad que ha creado un halo de desconfianza.
Ante esa situación plantean que se debe observar con “mayor cuidado” el proceso de selección del Defensor del Pueblo previsto hasta mayo y establecen que el nuevo titular de la institución cumpla con al menos siete criterios:
a) Alta calidad moral, profesional y personal irreprochable. Se trata de la ausencia de elementos que cuestionen la ética, reputación profesional o personal de las y los postulantes, frente a la sociedad.
Este atributo adquiere relevancia por la importante misión de la Defensoría del Pueblo como una institución fundamental del Estado para la protección de sus derechos y garantías.
b) Independencia e Imparcialidad. Debe tratarse de un profesional con capacidad para mantener estos principios en los ámbitos personal e institucional
En el ámbito personal tales criterios se expresan en la ausencia de vínculos u otros elementos que supongan o aparenten riesgos para la independencia e imparcialidad en el ejercicio del cargo.
Los elementos de comprobación deben considerar como criterios mínimos:
a) La ausencia de afiliación político partidaria, el haber postulado o ejercido cargo político. b) La existencia de contratos con el Estado que puedan afectar o incidir en su independencia o imparcialidad. c) El haber ejercido el servicio público, especialmente en puestos de confianza o asesoramiento d) El haber postulado a cargos electivos con anterioridad.
c) Experiencia y Reconocida trayectoria profesional. Ejercer las funciones de Defensor o Defensora del Pueblo, requiere una amplia experiencia y reconocida trayectoria profesional pública o privada, fundamentalmente en derechos humanos, así como en derecho constitucional, administrativo, penal y con el trabajo cercano con grupos vulnerables, entre otros.
d) Transparencia. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación. El futuro Defensor o Defensora del Pueblo debe conocer la aplicación de las normas de transparencia y de gobierno abierto.
e) Capacidad de Interlocución con actores públicos, privados y sociales. El Defensor o Defensora del Pueblo debe mostrar un perfil alto en relacionamiento público y el manejo de temáticas tanto técnicas como políticas con un alto nivel de habilidad, sensibilidad, empatía y profesionalismo con todos los sectores interesados, sean estos autoridades gubernamentales, sector privado, sociedad civil, organizaciones sociales y población en su conjunto.
f) Compromiso, respeto y trayectoria en la protección de derechos humanos y los valores democráticos. Los/as postulantes deben demostrar un compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, cualidades que pueden evaluarse a partir de actos concretos en su experiencia que revelen una defensa continua y coherente con estos valores.
Por ejemplo, el activismo en la promoción de los derechos humanos, la producción académica, declaraciones públicas o bien su participación en hechos relevantes de su trabajo en el ámbito público o privado que hayan contribuido a mejorar el marco normativo para la protección y ejercicio de estos derechos.
g) Capacidades de alta gerencia y liderazgo. Los/as postulantes deben acreditar capacidades de liderazgo como autoridad máxima de la Defensoría del Pueblo. Para ello debe evaluarse la experiencia en cargos gerenciales, manejo de recursos humanos, diseño y evaluación de planes, programas y/o políticas, así como el conocimiento pleno de los desafíos de la señalada institución. Las y los postulantes deben proyectarse como autoridades con liderazgos sólidos, capacidad para influir en la manera de pensar y actuar de los/as funcionarios/as subalternos, así como en su compromiso para asumir con mayor motivación y eficiencia las tareas a su cargo.
Sobre la propuesta de reglamento para la convocatoria, selección y designación de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo que se debate en la Asamblea Legislativa, las plataformas también proponen criterios de contenido, entre ellos la imparcialidad. Predictibilidad en el proceso, política de conflicto de intereses, respecto a los principios, sobre la transparencia y publicidad del proceso.
LEA LA PROPUESTA
El planteamiento fue enviado a la Asamblea Legislativa, también piden a la comisión a la cabeza del senador Rubén Gutiérrez que trata la designación del defensor una audiencia para hacer conocer los alcances del trabajo.
El viernes la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral aprobó el proyecto de resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el reglamento y la convocatoria para el proceso de selección y designación del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo.
Ahora, le corresponde al pleno de ese órgano sesionar para tratar los documentos y levantar la bandera a cuadros para nominar a la persona que reemplazará a la interina Nadia Cruz.
La capacidad profesional, meritocracia e integridad personal y ética son los tres requisitos fundamentales para los postulantes al cargo. Sin embargo, la oposición ha planteado varias observaciones a este proceso.
//FUENTE: ANF//
