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Redacción VISOR21
Sección La Grulla, celda 10, conocida como la celda de castigo en San Pedro, un espacio húmedo y oscuro de 2 por 3 metros, fue el lugar donde el politólogo Marcel Rivas Falón permaneció aislado y sin salir durante dos años y cinco meses. El exdirector de Migración es considerado como el primer preso político del régimen de Luis Arce, luego de la retoma del poder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en noviembre de 2020.
Rivas salió en libertad hace dos semanas, pero hoy todavía se encuentra en arresto domiciliario por otro caso en su contra en esta especie de “cacería política” que emprendió el régimen socialista del MAS contra las exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Añez. Desde su domicilio, el cochabambino de 49 años, reveló al portal Cabildeo Digital, la dramática experiencia que vivió desde que fue aprehendido aquel 19 de noviembre de 2020.
El exdirector de Migración detalló a los periodistas Amalia Pando y Edwin Herrera, que la mayor parte de su permanencia en el penal de San Pedro la pasó solo, aislado y encerrado en la llamada “celda de castigo”, por órdenes políticas del Gobierno central y “por quienes dirigen el Ministerio de Gobierno”.
“Lo que ellos querían era matarme y al conocer mi condición de salud seguro esto sería más fácil para ellos”, manifestó, al recordar las complicaciones renales que soporta desde niño y que empeoraron con su detención y traslado a esa celda en el sector de La Grulla.
El exministro de Economía de Evo Morales había ganado las elecciones en octubre de 2020 y el 8 de noviembre de ese año, Luis Arce juraba con puño en alto al cargo de Presidente del Estado Plurinacional. El día 19, Rivas daba una conferencia de prensa cerca de la Fiscalía Departamental de La Paz, cuando fue abordado por un agente policial que le mostró una orden de aprehensión y lo llevó a celdas judiciales. A partir de ese momento, asimiló lo que le iba a pasar.
“Sabía que yo iba a ser uno de los objetivos políticos y mucha de la gente me decía que me vaya, que no vale la pena, a nadie le importa que los tomen detenidos y que sean presos políticos”, expresó.
La celda de castigo, aquella destinada a los presos que matan a otros presos, o que tienen una condición psicológica alterada, fue donde Rivas vivió tras su traslado a los tres meses de su detención preventiva, tiempo que había pasado en la Clínica del Sur en revisión por su estado de salud.
Pese a no existir el alta médica respectiva y a las recomendaciones de los especialistas en nefrología, una tarde llegó la orden de sacarlo del nosocomio y derivarlo al panóptico de San Pedro, en calidad de aislamiento. Cumplidos los 15 días se instruyó que sea derivado al sector La Posta donde las condiciones son diferentes, donde los reclusos tienen un patio, una tienda y hasta un restaurante. Sin embargo, cuando Rivas era llevado a ese sector, desde el mando de la Gobernación del penal y Régimen Penitenciario se dijo a los policías que “no había instrucción para el traslado”.
Los dos años siguientes los tuvo que pasar en un espacio de 2 por 3 metros, con paredes húmedas, una puerta de hierro con una rendija de 15 centímetros de alto que era su única “ventana” hacia el callejón y una letrina en el piso. Al poco tiempo obtuvo permiso para instalar un inodoro y hacer pequeñas refacciones que tuvo que pagar con sus recursos. Algunos reos le ayudaron en esa tarea, en uno de los pocos contactos externos que tuvo durante ese tiempo.
Rivas cuenta que solo se informaba al escuchar las noticias del televisor de un comedor próximo o recibía el periódico que un “canillita” vendía en el penal. Las conversaciones que tenía con otros internos las realizaba con sus eventuales compañeros de sección, quienes le llevaban la comida o libros, aunque estos siempre cambiaban o eran trasladados.
Las pocas veces que sentía el sol se daban en su traslado a las audiencias. Al menos así estuvo durante el primer año, que fue el más complicado para él.
Pese a esa experiencia, Rivas asegura que la Policía y los delegados de la cárcel siempre lo trataron con respeto, y entiende que las órdenes políticas fueron las verdaderas responsables de su confinamiento.
Luego de los casi dos años y medio en la celda de castigo, Rivas por fin pudo salir al sector Los Olivos, donde ya tenía horarios para salir a la terraza y tener sol y aire dos veces a la semana. En ese espacio pasó el otro año de encierro, antes de salir de la cárcel el pasado 12 de abril.
“Reflexioné durante mi detención y llegué a la misma conclusión del inicio, de que por supuesto que vale la pena, porque es cierto que hay mucha gente que no le interesa y que solo quiere aprovecharse del poder, pero hay millones de bolivianos que sí les importa y que quieren que exista una transformación en este país”, reflexionó Rivas.
IDENTIFICANDO A RESPONSABLES
En el recuento de hechos, Rivas asegura que hubo muchos implicados en la vulneración de todos sus derechos humanos y civiles, los procesos irregulares en su contra, la media docena de ampliaciones a la detención preventiva, la retardación de justicia y sobre todo la persecución política desde el gobierno del MAS.
Fue, precisamente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien “estrenó” su cargo con el anuncio de las investigaciones contra Rivas por el caso de las alertas migratorias. El exoficial mayor del Senado acusó a Rivas de haber “perseguido a exfuncionarios, políticos, periodistas, diplomáticos, incluso empresarios”, con ese recurso de control en pasos fronterizos. Además, el informe remitido a Del Castillo por la nueva directora de Migración, Katherine Calderón, tiene fecha de 19 de noviembre de 2020, coincidente con la aprehensión de Rivas.
Entre otros operadores figura la exjuez Claudia Castro, quien fue la encargada de cerrar todos los procesos abiertos contra Evo Morales, Ramón Quintana y otros, apenas se oficializó la victoria del binomio del MAS en las urnas. Castro, actual vocal del TDJ de La Paz y postulante a magistrada, fue quien dio lugar al traslado de Rivas de la clínica a la cárcel, derivando en la celda 10 de La Grulla.
El exdirector de Migración fue acusado por las figuras de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por el presunto favorecimiento en la salida del país de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, el 5 de noviembre de 2020, un día después de que Rivas había renunciado al cargo.
En agosto de 2023 se dictó sentencia absolutoria para Rivas y su defensa pidió el cese a la detención preventiva y su liberación, pero los vocales de sala del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz guardaron el recurso de apelación por cuatro meses, alargando su encierro, en una muestra de negligencia y retardación de justicia.
Para octubre de 2023, Rivas logró transmitir un video en las redes sociales, desde el penal de San Pedro, para anunciar que se declaraba en huelga de hambre seca, pues no iba a tolerar más el abuso judicial. “Si iba a morir, no iban a ser ellos, sino yo, quien decida cómo hacerlo”, recordó ahora, con la voz entrecortada.
Esa acción le valió otro castigo y durante 13 días afirma que no tomó ni una gota de agua y su estómago empezaba a quemarle. Su medida de presión fue seguida por la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, a quienes ahora agradece por no haberlo olvidado.
En tanto, en el otro juicio en su contra, abierto por el Ministerio de Gobierno, se determinó responsabilidad por haber emitido las 445 alertas migratorias sin respaldo durante su gestión y tuvo sentencia de tres años que se cumplieron en noviembre.
Tras esa experiencia, Rivas logró mantenerse en pie y en marzo de este 2024 se aprobó su salida de la cárcel, efectiva en abril, tras tres años y cinco meses de encierro.
Finalmente, Rivas anunció que tomará todas las medidas legales para denunciar su injusto encierro, tanto a nivel nacional contra los operadores de justicia vinculados al MAS, como en instancias internacionales, mediante una demanda que el politólogo ya está preparando con su defensa, para llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y abrir causa contra el Estado Plurinacional.
“Hay responsables en general de todo este proceso que todavía no ha terminado”, expuso.
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