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Durante la jornada, la legisladora realizó una visita al área protegida, donde pudo verificar que varias casas improvisadas fueron censadas, pese a la prohibición que existe para los asentamientos humanos y la Acción de Cumplimiento que en octubre de 2023 emitió la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para exigir que el alcalde de San Ignacio de Velasco realice todas las acciones para evitar los avasallamientos.
Álvarez deploró la actitud del alcalde, pues durante todo este tiempo fue alertado sobre la construcción de esas casas, incluso cuando un grupo de representantes indígenas de Porvenir, Florida, Picaflor, Piso Firme y Bella Vista destruyó unas 20 casetas y advertían el intento de trasladar a más gente para hacerse censar y con ello adquirir algún tipo de “derecho de propiedad” en la zona.
“El Bajo Paraguá es competencia de la Alcaldía de San Ignacio de Velasco y desde octubre de 2023 existe una Acción de Cumplimiento que el alcalde Ruddy Dorado rehúsa acatar. Se le exigió que tome todas las medidas para evitar los asentamientos ilegales y los avasallamientos en esta reserva natural”, expresó la legisladora.
La diputada reiteró que mandó cartas a Dorado para que éste pueda brindar explicaciones sobre el trabajo cartográfico que se realizó antes del censo en todo el municipio de San Ignacio de Velasco, pues con ello se podría verificar si esas construcciones improvisadas estaban registradas para ser tomadas en cuenta por los voluntarios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La legisladora se encuentra en la comunidad indígena chiquitana de Piso Firme, donde mañana viernes se realizará una inspección con la participación de la Comisión de Autonomías de la Cámara Baja, diputados, representantes de la Gobernación de Santa Cruz, del Instituto Geográfico Militar (IGM), Brigada Parlamentaria cruceña, cívicos y autoridades indígenas.
//FUENTE: DIPUTADOS//
