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Charles Fernando Mejía Cardozo, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) inhabilitado, presentó un amparo constitucional por considerar que sus derechos fueron vulnerados y pidió que, como medida cautelar, se paralice el proceso de preselección en la Asamblea. Los diputados Carlos Alarcón (CC) y Deisy Choque, del ala arcista del MAS, expresaron su preocupación.
Mejía dio a conocer su disconformidad con el trabajo desarrollado por los integrantes de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, en su labor de revisar los requisitos generales y específicos de los postulantes a los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.
Ambas comisiones concluyeron la evaluación de requisitos y publicaron las listas de candidatos judiciales el fin de semana. Ayer lunes iniciaron su labor de evaluación de méritos de postulantes que quedaron habilitados, como una de las etapas previas a la remisión de las listas finales de aspirantes a magistrados al presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca.
Mejía informó que su caso será atendido por la Sala Penal Segunda. El abogado confirmó a “Detrás de la Verdad” que solicitó como medida cautelar la paralización del proceso de preselección de candidatos judiciales, por considerar que, si deja que avance el proceso, él se vería perjudicado porque considera que fue injustamente inhabilitado.
Es más, indicó que en las dos comisiones mixtas legislativas se cometieron irregularidades al momento de evaluar los requisitos de los postulantes a magistrados.
Por este caso, Choque lamentó que esta persona vele sólo por sus intereses y los ponga por encima de los integrantes de la comisión mixta que consideraron su caso y por los de toda la población boliviana que quiere unas elecciones judiciales.
La legisladora arcista recordó que, el año pasado, la presentación de un recurso de amparo similar paralizó el proceso de elección judicial que debía concluir en diciembre de 2023.
Con esa posición, Choque expresó su sospecha de que son los otros frentes políticos de oposición que buscan perjudicar la realización de las elecciones judiciales, para elegir a los nuevos magistrados.
Por su lado, el diputado Carlos Alarcón, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), apuntó al ala arcista de estar en sintonía con este tipo de recursos judiciales, con el objetivo de que los magistrados “autoprorrogados”, que cumplieron sus seis años de mandato el 31 de diciembre de 2023, se mantengan en el cargo y puedan inhabilitar a candidatos que hagan frente al presidente Luis Arce en las elecciones generales de 2025, algo similar a lo que pasó en Venezuela y Nicaragua.
El diputado de oposición sostuvo que si la Justicia le da la tutela a Mejía, el proceso de preselección de candidatos no debe quedar paralizado, pues sólo se debe analizar el caso del postulante inhabilitado.
“El amparo no tiene efectos generales, por eso que el año pasado fue prácticamente desnaturalizado el amparo, cuando se utilizó el amparo para hacer caer las dos convocatorias a las elecciones judiciales del 2023 que tienen un alcance general. Acá el amparo es para quien lo presenta y si llega a tener una decisión favorable de tutela, el efecto es que el que estaba inhabilitado se lo da por habilitado y nada más que eso y el proceso continúa su curso”, explicó.
No obstante, Alarcón dijo a radio Panamericana que con los actuales magistrados “autoprorrogados” se puede esperar de todo, incluso la emisión de fallos inconstitucionales y aberrantes.
“No se puede generalizar los efectos (del amparo), salvo que estemos nuevamente ante una maniobra del Gobierno, como ocurrió el año pasado, y se utilice de manera espuria el amparo, como un mecanismo, ya de sabotaje de la elección judicial y no de restablecimiento de derechos y de garantías constitucionales que hubieran sido vulnerados”, acotó Alarcón.
//FUENTE: BRÚJULA DIGITAL//
