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ANGÉLICA SILES
La Constitución Política del Estado establece en el Art. 58 que “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menos de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional: y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”. Sin embargo, hoy están en completa indefensión, las y los huérfanos de feminicidio, porque su madre está en el cementerio y su padre en la cárcel.
En marzo de 2013, en Bolivia se aprobó la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia”, para erradicar la violencia hacia ellas. Pero NO se aplica ni en 30%, porque el sistema es insensible, burocrático, revictimizador y las mujeres ya están en el cementerio y sus familiares de escasos recursos, no cuentan muchas veces con abogado. La Ley 348 establece en el artículo 36 que, en casos de feminicidio, los hijos e hijas deben ser puestos de manera inmediata bajo custodia de la familia ampliada de la madre. Muchos de los padres de la víctima asumen el cuidado de los niños de sus hijas asesinadas y la mayoría sobrepasa de los 60 y 80 años de edad. No están en condiciones emocionales ni económicas para hacerse cargo y a veces son varios hermanitos y los separan. Y estos niños crecen en desamparo, con probabilidad de que presenten conductas como mutismo, aislamiento y autolesiones, porque en algunos casos vivieron episodios de violencia en sus hogares. En el futuro podrían mostrar comportamientos violentos, hasta llegar a conductas delictivas, pues son niños vulnerables a las drogas, el alcohol y hasta el robo.
Datos sobre niñas y niños huérfanos por feminicidio revelan: en el año 2016, quedaron huérfanos 68 niños, en 2017 hubo 64, en 2018 fueron 75, en 2019 la cifra ascendió a 135, alcanzando el pico más alto de la década en 2020, pues fueron 93, en 2021 hubo 106, en 2022 la cantidad llegó a 121, y en 2023, quedaron en la orfandad 90 niños, en Santa Cruz, con un 31%, seguida por La Paz con el 23% y Cochabamba con el 10%. El restante 36% es del resto del país. Esos niños quedan en indefensión total.
El pasado 8 de marzo, por el Día de la Mujer, se presentó un proyecto de “Ley de Protección del Estado a las Hijas e Hijos de las Mujeres Víctimas de Feminicidio en el País”. Esta propuesta fue puesta a consideración de la Asamblea Legislativa, luego de aportes y socialización en diferentes instancias estatales y organizaciones sociales. Entre los puntos más importantes está brindar: Un pequeño apoyo económico, becas de estudio, alimentación, atención médica y terapias psicológicas para estos menores, para ayudarles a «sanar las heridas». Es vital que la sociedad y las autoridades actúen de manera urgente para poner fin a esta situación de desamparo y brindar un futuro digno a estos niños que han sufrido tanto a tan corta edad, ya que las Mujeres no son importantes para el Estado, porque las ignoran, solo las ven cuando están en el hospital, con impedimentos de hasta 30 días, o en el cementerio y la justicia no llega.
Lamentablemente, para niñas, niños y adolescentes huérfanos por causa del asesinato de la madre, no hay políticas de prevención. En su mayoría acuden a las defensorías, que no cuentan con equipos especializados de Cámara Gesell. La Fiscalía insta a arrancar datos de forma hiriente para los niños y lo peor es que no reciben ayuda para recuperarse del trauma, lo que en el futuro puede afectar su integridad emocional, provocando depresión crónica y un sentimiento de culpabilidad. No se toma en cuenta que romper el silencio para un niño es incómodo, porque tiene que revivir lo que ha sufrido, convirtiéndose en revictimización y un flagelo para su salud mental. Ni siquiera se vela por la salud clínica de estos menores, pues deberían recibir terapias para que se recuperen del terror que vivieron al ver morir a su madre.
Mediante ley se busca apoyar a las familias ampliadas con un bono económico, porque la abuela se hace cargo de los niños, pero tiene 70, 80 años y aparte de buscar justicia, tiene que alimentar a los menores que son víctimas de feminicidio. El Proyecto de Ley se sustenta en que las empresas estatales y otras instancias podrían destinar ingresos económicos, como lo hacen para los bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto o la Renta Dignidad.
