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#VISOR21
La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, se pronunció este martes, sobre el caso de los guardaparques del Madidi, que fueron procesados por la denuncia de un dirigente cooperativista minero y le recordó al Estado boliviano su responsabilidad para salvaguardar el trabajo de estos funcionarios.
Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano fueron enjuiciados a denuncia de Ramiro Cuevas, quien trató de ingresar a esa área protegida con maquinaria para comenzar operaciones mineras, pese a no contar con los permisos respectivos.
“Frente a reportes de ataques, acoso y una demanda penal por calumnia y difamación en contra de dos guardaparques del Parque Nacional Madidi, Amnistía Internacional recuerda al Estado de Bolivia que debe garantizar la seguridad de personas defensoras del medio ambiente y proteger su labor”, cita la nota difundida en redes sociales de la organización.
“Debe prever acciones para quienes criminalizan, estigmatizan y cometen violaciones de derechos humanos y abusos en contra de personas defensoras”, agrega Amnistía.
Para el abogado y activista de derechos humanos, Franco Albarracín, la denuncia del cooperativista minero que derivó en una causa penal contra ambos guardaparques, que finalmente fue desestimada en juzgados, debe ser investigada y sancionada.
“Deben imponerse sanciones a aquellos que criminalizan a los defensores. El caso no puede quedar impune; no podemos seguir permitiendo la criminalización a defensores del medioambiente”, posteó Albarracín.
El caso provocó la indignación de la sociedad y activistas medioambientales, pues ambos funcionarios quedaron en un estado de indefensión porque ni la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT) ni el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, quisieron asumir defensa de ambos guardaparques al argumentar que se trataba de un caso “entre particulares”.
El 29 de febrero, la jueza de Apolo, Jhaneth Espinoza Colque, dictó sentencia absolutoria a favor de los guardaparques Santa Cruz y Uzquiano.