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MAGGY TALAVERA
No siempre llega la calma después de la tormenta. En algunos casos, le siguen fenómenos aun más peligrosos, como los huracanes. Este es el tránsito que parecen estar recorriendo los medios de comunicación en Bolivia: de la tormenta perfecta, como la que provocó el cierre definitivo del diario Página Siete, a las huracanadas que amenazan cada vez más y con mayor fuerza no solo a uno u otro medio, sino también a la prensa en su totalidad.
El caso de Página Siete no es el primero registrado en los últimos veinte años, pero sí es un caso emblemático: en trece años de vida, el diario paceño logró ser un referente del buen periodismo, con énfasis en el periodismo de investigación que le permitió revelar hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos protagonizados principalmente por el gobierno central, su partido y las instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil controladas por el Ejecutivo nacional y el MAS.
El cierre de Página Siete fue señalado como resultado de una tormenta perfecta, en la que confluyeron varios factores: el acoso político alentado desde el oficialismo, el bloqueo de la pauta publicitaria estatal y la merma de los auspicios del sector privado, además de los cambios en los hábitos de consumo de información. En el listado falta un factor clave, no expuesto por los propietarios del diario paceño: ineficiencia en la administración interna y fallas graves en la atención de sus diferentes públicos, entre ellos los trabajadores.
Este último un factor determinante, responsable no solo de la dificultad de enfrentar y de superar los obstáculos impuestos por el régimen masista, sino también de mantener en la indefensión y abandono a setenta trabajadores que quedaron desempleados de la noche a la mañana, después de haber soportado siete meses de laburo sin percibir sueldos. Abandono que continúa hasta hoy y que ha obligado a los extrabajadores de Página Siete a iniciar al menos tres procesos judiciales en contra de los dueños del diario.
Ya no se trata de una tormenta perfecta, tras la cual se supone tendría que llegar la calma, sino y definitivamente de una huracanada de esas que no deja vestigios tras su paso, como lo reflejan los testimonios compartidos por los extrabajadores de Página Siete. Acá da para repetir las críticas, cada vez más numerosas y duras, hechas a los políticos de oposición: no son consecuentes ni coherentes con lo que dicen defender, y parecen haber nacido el año pasado. Su actuación da a entender que desconocen al monstruo que se enfrentan.
Un absurdo imperdonable si consideramos que van casi dos décadas del ejercicio abusivo del poder por parte del MAS. Un abuso que ha dejado, y sigue provocando, víctimas fatales y cientos de otras sometidas a un doloroso vía crucis. Absurdo que se repite en medios de comunicación que, al igual que lo visto hoy en el caso de Página Siete, están cometiendo graves errores en su administración y, peor aun, sometiendo a sus trabajadores a tratos injustos que profundizan la precariedad laboral en la que desempeñan sus tareas.
Ya no se trata apenas de un problema que afecta a los medios de comunicación. Se trata de un drama que está matando al capital humano esencial para el ejercicio de una prensa libre, garantía para la vida en democracia: a los trabajadores de la prensa, a los obreros de la información. Son estos los que están cargando con las consecuencias de esas tormentas perfectas o huracanadas, mientras que los dueños de los medios pueden salvar el pellejo.
Una realidad que parece estar lejos de ser modificada, superada, si no somos capaces de ver el problema de fondo y de reconocer que, si bien hay una causa o responsabilidad principal del gobierno y su partido en estas tormentas o huracanadas, hay también una gran responsabilidad en los propietarios de los medios de comunicación y en la sociedad civil, en la que hay que incluir a empresarios, profesionales y políticos que se autodefinen como opositores al régimen.
Ojalá haya un cambio, urgente, antes de que enfrentemos mucho más que huracanadas.
