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El dirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, denunció que desde un Ministerio le propusieron declararse culpable y someterse a un juicio abreviado a cambio de dádivas o, de lo contrario, recibiría una sentencia de 15 años.
Uría se pronunció delante un juez, que llevó adelante su audiencia de manera virtual este viernes.
“Lamentablemente el Ministerio vino dos veces el 17 y el 24 de noviembre de 2023 a proponerme que mi única salida era el abreviado”, afirmó el detenido.
La defensa legal del yungueño precisó que se refería al Ministerio de Gobierno, en particular un abogado de esa entidad gubernamental.
Uría fue detenido en 2022, acusado de portación de explosivos. En la audiencia aseguró que es inocente y que no admitirá un hecho que no ha cometido.
Aseguró que el Ministerio le ofreció trabajo y licencia de comercialización de coca, pero él no aceptó porque tiene principios.
También relató la advertencia que habría recibido si se negaba: “El Ministro me iba a dar 15 años si yo no aceptaba el abreviado, fue una amenaza contundente hacia mi persona violando mis derechos humanos”.
Explicó que ha rechazado esa propuesta porque sería inmoral, pero también existe un daño a su dignidad y un perjuicio económico. Dijo que en la cárcel “todo es plata” y que su madre hizo el esfuerzo de haber conseguido los recursos.
El yungueño lamentó que haya autoridades que se manejen de esa manera y pidió a juez que le otorgue la libertad, puesto que tiene una familia y una madre que está sufriendo.
Sin embargo, se conoció que se ha rechazado su pedido de libertad y se amplió su detención hasta el 13 febrero, mientras se siguen las investigaciones.
Su abogada, Carmen Arista, lamentó que se haya ampliado la detención bajo el argumento de que es un caso complejo, cuando en realidad sólo Raúl está investigado.
Agregó que su defendido nunca fue encontrado en posesión de armas o explosivos.
No es el primer caso en que dirigentes yungueños denuncian presiones para declararse culpable y recibir una sentencia reducida. César Apaza también atravesó esa situación. Otros dirigentes accedieron a declararse culpables y ya recibieron su libertad.
“Esto es abuso de poder, esto es injerencia, esto es hostigar a las personas inocentes a que se declaren culpables para que el estado no se haga responsable de la ilegalidad de estos actos”, agregó la abogada.
//FUENTE: ERBOL//
