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La crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos se sale de control para la administración de Joe Biden, que vuelve a aplicar medidas que vulneran los derechos humanos de las personas, sobre todo los niños, con expulsiones masivas y detenciones que no se veían en muchos años.
La frontera común se ha llenado casi imperceptiblemente de decenas de miles de solicitantes para cruzar de México a territorio estadounidense arrastrados por la esperanza del sueño americano que para ellos se ha convertido en una auténtica pesadilla, reseñan portales internacionales.
El pasado lunes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés) de EEUU reportó que, en lo que va del año, más de 2,2 millones de inmigrantes han llegado al país a través de su frontera sur, lo que denota el tamaño de la crisis migratoria que vive la región.
De acuerdo con las últimas estadísticas de la CBP, de enero a noviembre del presente año 2.240.000 llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. En el informe se destaca que México representa el mayor emisor de migrantes con más 700.000 personas en este año, luego le sigue Guatemala, Honduras y Colombia.
Ante este panorama, analistas consideran que Biden incumplió con sus promesas electorales y ahonda la crisis migratoria de su antecesor en la Casa Blanca.
“La situación es muy complicada y se agrava por la falta de habilidad política del propio Biden, quien no ha logrado avanzar en una ley migratoria. Este fracaso lo ha llevado a instrumentar algunas series de medidas administrativas, pero insuficientes ante un marco legal más amplio”, dijo el analista político mexicano y maestro en Relaciones Internacionales, Dámaso Morales, citado por Sputnik News.
El día de su posesión, 21 de enero de 2021, Biden había declarado: “Construir un muro masivo a lo largo de toda la frontera sur no es una solución política seria”.
Sin embargo, en octubre, el mandatario estadounidense anunció la construcción de un nuevo tramo al muro fronterizo con México, en un intento de limitar la llegada de migrantes.
“Actualmente existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y carreteras cerca de la frontera estadounidense para impedir la entrada ilegal”, justificó entonces el Secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.
El tema llegó a primeras instancias con una comunicación telefónica directa entre Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el pasado jueves, precisamente cuando se daba a conocer la retención de 5 mil migrantes en la ciudad de Eagle Pass, en Texas, que se conecta con Piedras Negras en el estado mexicano de Coahuila.
El cruce es uno de los puntos calientes de la línea y, en los últimos días, ha visto aumentar el flujo de personas que tratan de llegar a EEUU. Las autoridades estadounidenses están concentrando en un terreno baldío a las afueras del municipio a los migrantes, que pasan la noche con el único abrigo de una manta térmica a la espera de ser procesados por los agentes fronterizos.
Según los activistas de Derechos Humanos, Estados Unidos no solo debe impedir el establecimiento de campos militares donde los menores seguirán detenidos sino también agilizar los procedimientos para su liberación respetando los derechos humanos y las normas de protección de la infancia.
De acuerdo con reportes internacionales, el Pentágono ha aprobado el uso de Camp Roberts para retener a cinco mil personas bajo custodia de Aduanas y Protección Fronteriza.
Para el miércoles, López Obrador recibió a la comitiva estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y se acordó mantener los pasos fronterizos abiertos por el flujo comercial entre ambos países, pero también se informó sobre una caravana de 12 mil migrantes que salió del sur de México hacia la frontera con EEUU, en un tema que marca de forma negativa el cierre de año para la administración Biden.
En cifras, según reporte de BBC Mundo, los migrantes de México y los países del Triángulo Norte de América Central continúan representando la mayor parte del total, y solo los mexicanos representan alrededor de 744.000 de las detenciones durante el último año.
Sin embargo, las cifras de agosto de la CBP evidencian cambios en los patrones de migración.
El número de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños cayó un 43% con respecto a agosto de 2021. Los números de cubanos, nicaragüenses y venezolanos, en cambio, han subido un 175% en el mismo período.
//FUENTE: AGENCIAS/ SPUTNIK/ BBC/ TELESUR//
