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Un total de 73 casos de agresiones a periodistas y medios de información, el silenciamiento de voces independientes y la tendencia a una vocería oficial única preocupan a los diarios bolivianos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), según la evaluación publicada hoy.
La ANP integrada por 10 medios escritos, destaca el trabajo de su Unidad de Monitoreo que en 15 años de actividad permanente registró, verificó y entrevistó a los reporteros agredidos para ofrecer un informe con credibilidad para sus públicos del país y de organismos internacionales.
Los reportes de la Unidad de Monitoreo se diferencian de otros que acuden a la fácil contabilidad y presentan datos con tendencia al sensacionalismo, dejando de lado la documentación y la valoración jurídica que demanda un tratamiento periodístico serio.
Muchos de estos informes toman datos producidos por la ANP pero incurren en una práctica de vulneración de principios éticos y evitan citar la fuente.
En su evaluación anual, la ANP advierte una preocupante tendencia a la imposición de una vocería oficial única que afectará a la pluralidad de voces y diversidad de medios para reflejar noticias y opiniones.
Pluralismo lesionado
El cierre del diario Página Siete, el 29 de junio, el segundo medio independiente que dejó las calles en gobiernos de izquierda, confirmó que el cerco financiero denunciado por la ANP desde 2008, tiene por finalidad silenciar voces que cuestionan al poder de turno. En enero de 2016, apagó rotativas el diario La Prensa.
A ello siguieron las denuncias de los propietarios fundadores del diario Los Tiempos de Cochabamba que develaron presiones para la venta de la totalidad de acciones del medio con una historia de 80 años.
La operación de venta se concretó a fines del mes de noviembre, y el grupo empresarial Valdivia, nuevo propietario de diario, se apresuró en señalar que se garantiza el trabajo periodístico, la calidad informativa y el pluralismo en sus contenidos.
Radio Yungas, de la Iglesia Católica y de la red Erbol, silenció sus emisiones en enero tras 40 años de actividades. La administración de la emisora localizada en el centro de la región productora de hoja de coca legal, en Chulumani, provincia Sud Yungas, declinó en las gestiones de renovación de licencia.
El 18 de agosto, la emisora privada FMBolivia, también de Chulumani, sufrió el retiro de su licencia de funcionamiento porque su señal fue amplificada por otras emisoras que no contaban con autorización estatal. La pausa duró una semana y actualmente realiza gestiones por el retiro definitivo de la sanción.
FMBolivia reportó durante varios años la disputa por el poder sindical de los agricultores de hojas de coca, entre opositores y militantes del partido oficialista. Otras emisoras sin autorización sufrieron el decomiso de equipos de transmisión.
Periodismo bajo amenaza
Hasta el pasado 23 de diciembre, 19 mujeres y 62 varones periodistas sufrieron agresiones, mientras 14 medios fueron afectados por sanciones o violencia contra sus instalaciones, según la Unidad de Monitoreo de la ANP.
En la ciudad de Santa Cruz, el periodista del diario El Deber, Guider Arancibia, fue amenazado por difundir noticias sobre narcotráfico, en julio pasado. El 6 de diciembre, el secuestrador de periodistas, Nicolás Ramírez, amenazó al diario El Deber por difundir noticias sobre la toma violenta de tierras agrícolas.
En enero, el periodista Joel Orellana y su camarógrafo Miguel Ángel Rivero, ambos de la red privada Unitel, fueron golpeados por policías mientras cubrían protestas contra el arresto violento del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Afectada por acoso judicial, la periodista de la ciudad de Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, Dalia Surubí, defendió el secreto de fuente ante una petición de la Fiscalía, en septiembre pasado.
El 24 de julio, una turba intentó estrangular, amenazó de muerte, robó un anillo de bodas y el equipo de trabajo a la periodista de la ciudad de Sucre, Daniela Valdez. La justicia no sancionó a los responsables de la agresión y como en otros casos continúa imperante la impunidad.
Las injurias expresadas por dirigentes de cooperativistas mineros contra periodistas de la ciudad de La Paz, se transformaron en violencia, entre el 6 y 7 de noviembre, y al menos 11 enviados de prensa que cubrían las protestas de este sector, sufrieron amenazas de agresión, empujones y fueron obligados a retirarse de los puntos de bloqueo organizados por los manifestantes.
Seis fotógrafos de prensa internacional, dos reporteros y dos camarógrafos de medios nacionales y el periodista del programa Tomando el Pulso de Radio Televisión Popular (RTP), Víctor Hugo Rosales, fueron agredidos verbalmente, y en otros casos sufrieron empujones y amenazas según datos obtenidos de diferentes fuentes por la Unidad de Monitoreo de los diarios representados por la ANP.
//FUENTE: ANP – UNIDAD DE MONITOREO//
