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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “infundado” el recurso de casación y ratificó la sentencia de 10 años de prisión de la expresidenta Jeanine Añez, en el marco del proceso denominado golpe II, porque asumió la presidencia del Estado en 2019.
Después de más de un año, el TSJ resolvió el recurso de apelación a la sentencia de 10 años de privación de libertad, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en el caso “golpe II”.
“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el artículo 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jeanine Añez, contra el Auto de Vista 59/2023 de 12 de mayo, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, se lee en el documento.
El Ministerio Público y la Justicia establecieron que la exmandataria asumió de manera “ilegal” la Presidencia del Estado, sin seguir el procedimiento de sucesión constitucional, en medio de la crisis de 2019.
El Auto Supremo N° 2064/2023-RRC fue dictado el 22 de diciembre, Olvis Egüez fue el magistrado relator, además fue firmado por el magistrado Edwin Aguayo, y dos secretarios de la Sala Penal. El Auto está expuesto en 97 páginas en las que responde a la petición de anulación de la condena.
Dicha instancia “no encontró mérito con base jurídica ni argumento fáctico en las denuncias realizadas por la recurrente (Jeanine Añez), así como establece que la contradicción pretendía en ninguno de los casos fue cierta o evidente, debiendo en consecuencia fallar en ese sentido”.
Añez fue procesada en el denominado caso “golpe II” por haber asumido la presidencia del Estado durante la crisis política de 2019, en ese tiempo todas las autoridades que debían asumir la presidencia en sucesión constitucional, renunciaron.
El entonces presidente Evo Morales dimitió el 10 de noviembre, seguido del vicepresidente Álvaro García Linera, antes había dejado el cargo el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; finalmente lo hizo Adriana Salvatierra que en ese tiempo era la presidenta del Senado.
Añez ese año era parte de la directiva de la Cámara Alta, la Fiscalía General del Estado sostiene que se violó el mecanismo constitucional de sucesión presidencial, sin embargo la defensa dice que asumió el cargo de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento del Legislativo.
La defensa de la exmandataria presentó una apelación en 90 páginas, en el documento los juristas detallaron todas las vulneraciones al debido proceso para que quede constancia como evidencia ante la comunidad internacional.
El Tribunal Supremo de Justicia es la última instancia de pronunciamiento en el país. Aunque sus abogados anticiparon en más de una ocasión que recurrirán a tribunales internacionales tras agotar todas las instancias en Bolivia, con el único objetivo de encontrar una administración correcta de la justicia.
//FUENTE: ANF//
