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MAGGY TALAVERA
Ya no hay duda: en Bolivia,quienes delinquen, amenzan de muerte y toman con violencia tierras, sean fiscales o privadas, gozan de licencia para matar. Claro, antes deben cumplir un requisito principal: ser partidarios o afines al gobierno central y al partido oficialista. Así lo confirma el conflicto más reciente provocado por otra toma de tierras en Santa Cruz. Guarayos volvió a ser el blanco de una violencia que dejó como saldo un muerto.
Esta vez, dejando una evidencia irrebatible aportada nada menos que por el viceministro de Régimen Interior y Policía, y por el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, ambos dependientes del Ministerio de Gobierno. Jhonny Aguilera y Erick Holguín acudieron presurosamente al encuentro de los interculturales que, horas antes, condenaron “a muerte a los empresarios terratenientes asentados en Las Londras”.
Una amenaza que Holguín dijo desconocer, añadiendo una frase cuando menos infeliz: “no tenemos empresarios heridos”. La primera, una afirmación grave sea o no verdad lo dicho por el jefe policial. De ser cierto que ignoraba la amenaza pública, hecha de manera oficial por el dirigente de los interculturales de San Julián, Holguín debería dejar el cargo de inmediato, por negligente e incluso incumplimiento de deberes.
Que un jefe policial ignore una amenaza a muerte hecha a través de un pronunciamiento público, registrado en videos y divulgado por los medios de comunicación y en las redes sociales, es también una muestra fehaciente de incapacidad para ejercer el cargo. Pero no es creíble esa declaración, considerando lo dicho luego por el mismo Hoguín: que las declaraciones “de quienes han sido víctimas” apuntaban a los empresarios como los culpables de la violencia que dejó heridos y un muerto en el último conflicto.
Un tenor similar tuvo la declaración del viceministro Aguilera, que pareció más un apoyo a los interculturales que una preocupación para esclarecer los hechos. No otra cosa se deduce de una de varias justificaciones esgrimidas por Aguilera, entre otras la de afirmar, antes de iniciar las investigaciones, que la toma de tierras era “por parte de particulares o empresarios, siendo (que las tierras son) de propiedad de los bolivianos.
Por supuesto que las declaraciones de ambas autoridades son preocupantes, porque entrañan un grave peligro tan o más amenazadoras que la condena a muerte hecha por los interculturales contra los empresarios. Estamos hablando de autoridades a cargo de tareas de protección ciudadana y de lucha contra el crimen, que están actuando más bien en sentido contrario, alentado la impunidad de los violentos afines al gobierno.
Esta situación es más grave aun si se considera que tanto el viceministro como el jefe policial actúan bajo un mando del Ejecutivo, vinculado directamente al presidente del país. Y peor aun si se toman en cuenta los antecedentes de hechos similares sucedidos no solo en Santa Cruz, sino también en Cochabamba, Beni y La Paz, por citar los casos más conocidos. El caso Las Londras es el más emblemático del último tiempo.
Una licencia para matar, sí, dada por el gobierno central a través de sus subalternos y en beneficio de sus partidarios y afines. Esta vez, sin ningún rubor o cuidado para guardar las formas. La premura del viceministro y del jefe policial de Santa Cruz para ir hasta San Julián a “escuchar a las víctimas”, ignorando a los amenazados de muerte y a los medios de comunicación señalados como “vendidos” a “los terratientes”.
No debería extrañarnos, dirán muchos, considerando lo visto ya en el caso Las Londras, en el que al menos siete ciudadanos, entre periodistas y policías, fueron secuestrados y agredidos física y verbalmente por encapuchados armados que no ocultaron ser afines al gobierno central y al partido oficialista. Pese a que los policías fueron los más golpeados por esos encapuchados, su institución nada hizo para defenderlos.
Grave, muy grave esta realidad. Mucho más ahora cuando aumenta la incertidumbre y desconfianza hacia el poder judicial, cada vez menos atento a la defensa del estado de derecho y de las garantías constitucionales. Parece que no quedará otra opción como ciudadanos que la de repetir lo que decía el Chapulín Colorado: y ahora, ¿quién podrá defendernos?.
