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Los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigieron públicamente una acción inmediata de la justicia contra el secuestrador de periodistas, Nicolás Ramírez Taboada, por las amenazas contra el trabajo periodístico y del diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Ramírez está procesado por homicidio en grado de tentativa y uso de armas de fuego durante el secuestro de seis periodistas, el 28 de octubre de 2021, en el municipio de Guarayos, departamento de Santa Cruz, y goza del beneficio de arresto domiciliario.
La ANP lamentó la actuación judicial contemplativa que alienta la impunidad en casos de violencia contra periodistas y medios de información.
Ramírez fue identificado como autor de la agresión a policías y de haber pisado en el cuello al comandante policial coronel Rolando Torrico, al que además despojó de su arma. En las investigaciones de la Fiscalía se determinó que el encapuchado que apuntó con un arma de fuego contra el camarógrafo de televisión, Percy Suárez, fue Ramírez.
Este martes, el procesado nuevamente entró en escena y amenazó con violencia en una disputa por tierras agrícolas en el municipio de Guarayos, y advirtió con el uso de armas en una “segunda revolución agraria”.
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) rechazó las sindicaciones contra los trabajadores de la prensa que fueron expresadas por la Federación de Comunidades Interculturales San Julián Norte y comunidades afiliadas a la central Pailitas y Las Londras, el 6 de diciembre.
El dirigente Tito Flores Condori, portavoz de la Federación de Comunidades Interculturales -afín al partido de gobierno- criticó la labor de la prensa de Santa Cruz a la que acusó de “mentir, tergiversar y manipular discursos, para favorecer a élites de poder. Son defensores de los terratenientes”, dijo.
La presidente de los periodistas cruceños, Maggy Talavera, expresó a la Unidad de Monitoreo de la ANP dijo que la acción de los interculturales “es alentada por la falta de accionar del gobierno para contrarrestar discursos y acciones que no corresponden a un estado de derecho, y también deja en evidencia que en nuestro país no están dadas las garantías para ejercer la labor de prensa ni la libertad de expresión”.
//FUENTE: ANP – UNIDAD DE MONITOREO//
