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“Por favor, salven mi vida”, es el pedido que hizo el dirigente de los Yungas, César Apaza, a través de la activista Jhanisse Vaca, quien visitó en la cárcel de San Pedro, en La Paz, al expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). El cocalero denunció que funcionarios del Ministerio e Gobierno ingresan al penal, cada semana, para presionarlo y pedirle que se someta a un juicio abreviado a cambio de su libertad y la atención médica que necesita, para tratar la embolia que le paralizó medio cuerpo.
“Acabo de visitar a César Apaza, un preso político del Gobierno de Luis Arce. Su estado de salud se encuentra profundamente deteriorado, tiene paralizado la mitad de su cuerpo, no puede sentarse, caminar o ir al baño por su cuenta, depende de otros presos. En la conversación que tuvimos él me pidió que transmita este mensaje a la sociedad boliviana, a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional: ‘Salven mi vida’”, relató Vaca, ayer, a su salida del penal de San Pedro.
La activista de derechos humanos detalló que Apaza tiene un nivel alto de glicemia y que esto podría producirle un “cómo diabético”, debido a que no recibe atención médica de especialistas independientes, ni medicamentos, por lo que “en cualquier momento podría perder la vida en el penal”, remarcó Vaca.
Asimismo, aseguró la activista, Apaza le pidió que haga pública la información de que, “semanalmente recibe visitas de funcionarios del Ministerio de Gobierno”, quien lo presionan para que se inculpe por delitos no cometidos y solicite un juicio abreviado, “con el chantaje de que, de esta forma podrá salir de la cárcel para tener atención de salud”, relató.
Ante el testimonio de Apaza y lo presenciado en su celda, Vaca anunció que elevará una denuncia nacional e internacional, “respecto a que no hay estado de derecho en Bolivia, no se sigue el debido proceso contra Cesar Apaza y su salud está en un terrible riesgo”, declaró Vaca por un mensaje en sus redes sociales. Recalcó que estos hechos constituyen un caso de tortura estatal, además de la tortura física que sufrió por parte de policías cuando fue detenido.
Antecedentes del caso
Apaza está recluido desde septiembre de 2021, es uno de los 21 cocaleros procesados por el caso de la quema del mercado ilegal de coca que mantenía abierto el dirigente del MAS, Arnold Alanes, que ese año aún contaba con el apoyo del Gobierno de Luis Arce, luego fue desconocido por estar ligado a Evo Morales. Ese mes, policías de civil, encapuchados y en un vehículo sin placas, capturaron a Apaza en un violento operativo, ejecutado por la madrugada a metros de las oficinas de Adepcoca.
El dirigente denunció que fue víctima de un secuestro, pues los uniformados lo acogotaron y lo subieron al vehículo, sin haberle mostrado una orden de aprehensión ni notificarle con la denuncia en su contra. Aseguró que sufrió torturas por parte del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Rojas y el personal policial de turno, esto antes de ser entregado ante el fiscal del caso, hecho que fue cuestionado por la jueza Lorena Camacho, quien ordenó una investigación por la “aprehensión ilegal”.
Las lesiones sufridas durante ese brutal operativo, registradas en videos de las cámaras de vigilancia, dejaron secuelas en la salud de Apaza, quien afirma que, además de la depresión que sufre procesado por un delito que asegura no haber cometido, esas lesiones contribuyeron al ataque de embolia que sufrió el 15 de febrero, mientras estaba recluido en el penal de Chonchocoro.
Pese a su estado de salud, los médicos de Régimen Penitenciario lo extrajeron del hospital donde fue internado y lo devolvieron a su celda, sin atención médica especializada. Tiempo después, Apaza fue trasladado a San Pedro, pero continúa sin recibir el tratamiento de fisioterapia, necesario para tratar de rehabilitar su cuerpo de la embolia que sufrió.
Persecución policial
Por otro lado, Vaca, que el pasado miércoles recibió el reconocimiento por su trabajo en “Defensa del Medioambiente”, en el marco del programa del Premio Nacional de Periodismo que organiza la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), también denunció que, a su salida del penal de San Pedro, fue interceptada por un hombre que afirmó ser periodista, quien trató de extraerle información sobre visita hecha al cocalero.
La activista grabó con su celular al supuesto trabajador de la prensa, quien tenía la apariencia de un policía vestido de civil y finalmente no mostró ninguna identificación. Periodistas consultados por este medio, dijeron desconocer al individuo y que el mismo no sería parte de algún medio de comunicación reconocido.
//FUENTE: PERIODISMO SIN PHOTOSHOP//
