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Redacción VISOR21
La reunión entre el vicepresidente David Choquehuanca y los jefes de las tres fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa concluyó con un ultimátum para que el Tribunal constitucional Plurinacional emita la resolución que definirá el proceso de las Elecciones Judiciales; también se habló de elaborar una ley corta con 180 días de plazo para cumplir con la designación de nuevos magistrados.
Tras la reunión, que también incluyó a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez e Israel Huaytari, respectivamente, se insistió en que debe ser el TCP el que destrabe la consulta a tres artículos del proyecto ley 144, sobre la convocatoria a postulantes para las Elecciones Judiciales, que lleva más de 40 días en análisis en Sucre.
“Conminamos que en 72 horas necesitamos que se pueda emitir esta declaración constitucional como consulta del proyecto de ley 144, esto es necesario para primero, el objetivo mayor que tenemos, es la preselección de las elecciones judiciales”, afirmó Rodríguez.
A su vez, el jefe de bancada en el Senado por Creemos, Henry Montero, dijo que se decidió que toda solución debe pasar por el respeto a la Constitución y por ello la figura de prorrogar o delegar funciones por decreto presidencial está fuera de discusión.
El jefe de bancada en la Cámara Alta por Comunidad Ciudadana, Guillermo Seoane, informó a radio Panamericana, que la reunión abordó la necesidad de elaborar una ley corta que establezca como plazo máximo los 120 días para cumplir con todo el proceso de preselección y elección de postulantes a magistrados, cuyas listas deben ser remitidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la segunda fase de las Elecciones Judiciales.
Al concluir el encuentro, se definió volver a la mesa de la Vicepresidencia del Estado el martes 12 para evaluar la respuesta que dé el TCP y plantear los siguientes pasos rumbo a este proceso que ya se encuentra desfasado en el plazo constitucional.
El 2 de enero concluyen las funciones de los magistrados electos en 2017 como cabezas del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Por mandato de la CPE, esos cargos no pueden reelegirse y tampoco se habla de una prórroga. Sin embargo, tampoco se estipula qué sucede en este tipo de casos, cuando la designación de nuevos magistrados no se cumplió en el tiempo previsto.
