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El gobierno de Venezuela se opone a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decida sobre su controversia territorial con Guyana por una región de 159.000 kilómetros cuadrados, conocida como el Esequibo, a pesar de que ese tribunal ya ha sentenciado sobre casos similares en América, como el diferendo dirimido entre Colombia y Nicaragua.
Las buenas relaciones entre Venezuela y Guyana han saltado por los aires desde septiembre pasado, cuando el gobierno del presidente guyanés Irfaan Ali anunciara la entrega de concesiones a empresas extranjeras para operaciones energéticas en áreas marítimas que Caracas denuncia como parte de la zona en reclamación.
Ante ello, el mandatario Nicolás Maduro contestó promoviendo un referendo consultivo que conllevó a que presentara una ley para crear un estado en el Esequibo y anexarlo a Venezuela, que designara a una autoridad única para esa región y que autorizara a la estatal petrolera PDVSA a entregar concesiones energéticas en la zona.
Guyana declaró a sus fuerzas armadas en “alerta máxima” y dijo que elevaría el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos, por considerar que la postura de Venezuela es una “amenaza existencial” a su integridad nacional.
El gobierno de Maduro desconoce la jurisdicción de la CIJ sobre el caso y pide que se dirima según un acuerdo firmado en Ginebra en 1966, que contemplaba varios mecanismos de solución del diferendo. La consulta en Venezuela refrendó esa postura.
Una larga querella
La Corte Internacional de Justicia ya ha fallado en dos ocasiones sobre una prolongada disputa similar entre Colombia y Nicaragua. Primero, en 2012, y luego, hace pocos meses, decidió sobre un asunto limítrofe entre Colombia y Nicaragua, cuyos gobernantes se han mostrado ideológicamente cercanos al ejecutivo de Maduro.
El máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, que suele recordar que sus decisiones son finales y legalmente vinculantes, rechazó el 13 de julio de este año la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de su frontera marítima con Colombia.
En su demanda, Nicaragua pidió a la CIJ que le concediera desde su costa caribeña una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, cerca de 370 kilómetros.
Colombia defendió que la plataforma de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.
La controversia no sólo incluye al archipiélago, ubicado a 800 kilómetros de la costa noroeste de Colombia y a 240 kilómetros de la costa de Nicaragua, sino además a un área de 50.000 kilómetros de aguas pesqueras.
Es una zona marítima rica en recursos pesqueros y minerales. En el Esequibo, reclamado por Guyana y Venezuela, abundan reservas petroleras y gasíferas.
La solicitud nicaragüense fue rechazada por 13 votos contra 4 de los jueces de la Corte, que tardó años en dictar sentencia en esa querella, pues fue en noviembre de 2013 cuando Nicaragua denunció la presunta violación de sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de Colombia.
En abril de 2022, el organismo ya había determinado que Colombia violó “los derechos soberanos y la jurisdicción” de Nicaragua en su zona económica exclusiva. Luego, entonces, se pronunció sobre la última petición de Managua en el asunto. Ambos Estados reconocieron la validez del fallo.
El primer fallo de 2012
Colombia y Nicaragua firmaron en 1928 un tratado sobre cuestiones territoriales en sus costas, pero Managua lo desconoció en 1980, reclamando su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés.
En diciembre de 2001, demandó por primera vez ante la CIJ.
La Corte deliberó y realizó audiencias durante 11 años antes de su fallo de noviembre de 2012, según el cual las islas, islotes y cayos del archipiélago son de Colombia.
La sentencia desconoció el meridiano 82 como frontera marítima (como alegó durante años el Estado colombiano) y estableció unos nuevos límites marítimos en la controversia.
Esa primera decisión de 2012 decidió que Colombia mantenía la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero perdió casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar con los que Nicaragua obtuvo algunos yacimientos submarinos de petróleo y gas, así como derechos de pesca, detalló la ONU.
Un precedente de “peso”
El diplomático venezolano Milos Alcalay apunta que toda la jurisprudencia de situaciones limítrofes “tiene su peso” en las deliberaciones de la Corte Internacional de Justicia, si bien cada sentencia estará basada en “los aspectos específicos” del caso.
“Es evidente que cualquier precedente que pueda ser alegado debe ser considerado por los jueces, pero insisto, el tema de Colombia tiene otra formulación distinta a la de la actual situación”, comenta el embajador retirado a la Voz de América.
Recuerda que la controversia entre Venezuela y Guyana es “territorial”, mientras que la de Colombia y Nicaragua trató las delimitaciones de zonas marinas y submarinas.
Guyana reclama la validez de un laudo arbitral de 1899, en París, pero Venezuela ha insistido por décadas en que aquello fue un momento “nulo e írrito”.
El próximo 8 de abril de 2024, el Estado venezolano deberá presentar su contramemoria con documentos históricos y argumentos para reivindicar sus alegatos de potestad territorial en el Esequibo.
La Corte Internacional de Justicia es un organismo “respetado” por las naciones en América Latina y por ello es un mecanismo usual para la resolución de esos conflictos limítrofes, explica el experto en relaciones internacionales Luis Peche Arteaga.
Subraya que el presidente brasileño y aliado del chavismo durante todo este siglo, Luiz Inácio Lula da Silva, recomendó permitir que la CIJ hallara una solución pacífica a un conflicto que parece escalar las tensiones entre las naciones en disputa.
Peche Arteaga dice lamentar el curso que parece haber tomado Caracas en cuanto a su postura de respeto a la Corte Internacional de Justicia.
“Se está desatendiendo un caso que es altamente recomendable que se atendiese con argumento legal, con documentos históricos”, remarca.
El oficialismo venezolano dice tener en su poder más de 135 documentos históricos que comprueban que el Esequibo es parte de su territorio, mientras acusa a Guyana de ocupar “de facto” esos espacios, de 159.000 kilómetros cuadrados.
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