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ANGÉLICA SILES
La Constitución Política del Estado manda en el Art. Artículo 158. I. “Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: Num.11. Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de sesenta días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.
Arce aplica el modelo de Keynes que se basa en la intervención del Estado, entendiendo que la solución de cualquier crisis pasa por la política económica. La teoría keynesiana aboga por el aumento del gasto público para estimular la demanda agregada incrementándose así la inversión, el “empleo” y la producción, pero a costa de más deuda. Y por otro lado el gobierno con su modelo populista sumado a la subasta distributiva por las rentas de los recursos naturales, con el corporativismo de grupos de intereses particulares, que se arrogan la representación de los intereses nacionales buscando sus propios intereses sin tomar en cuenta el daño que causan al resto del país, como nuevo populismo boliviano del siglo 21 es la aparición de movimientos sociales, supuestamente como defensores de la patria que ocupan espacios como SERVIDORES Públicos con escaso conocimiento solo por un voto.
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, fue enviado en Noviembre cuando debió ser remitido al Parlamento en septiembre por el Ministro de Economía Marcelo Montenegro, se puede advertir que el plan de gastos para el próximo año es de Bs 265.558 millones, un 8,9% más a lo asignado en 2023 que tiene previsto un DEFICIT fiscal de -7,80%. Y la “inversión pública” asignada es de $us 4.274 millones, el aumento de los recursos consolidados para 2024.
Un 58,6%, serán para cubrir los gastos corrientes de la administración estatal, como, sueldos a los servidores públicos de Bs.49.089 millones, pago de bienes y servicios, aportes a la seguridad social, entre otras obligaciones, la subvención de combustibles porque la compra de bienes y servicios es por YPFB, lamentablemente el gobierno recurre al crédito público interno y externo afectando a la generación presente y futuro de los bolivianos al asumir compromiso de usar ingresos públicos para amortizar el capital y el pago de intereses, el 59,84% del gasto del subsidio para cubrir la compra de diesel por $us 1.408 millones. En los últimos meses existen problemas en el suministro de hidrocarburos, porque se observa colas para adquirir diesel y gasolina demandado por sectores productivos y el transporte público.
Lamentablemente el PGE 2024 en su artículo 7, Endeudamiento Público, contempla la búsqueda de liquidez por lo que tiene previsto la emisión de bonos soberanos por $us 2.000 millones y el artículo 8, Líneas de Crédito Contingente, autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo la firma de un crédito externo por otros $us 700 millones. Situación que generaría un endeudamiento por $us 2.700 millones, en un contexto de menor crecimiento de 3,71% previsto para 2024.
La Ley Financial plantea que las empresas estatales pueden aliarse a otras empresas nacionales del sector privado o extranjeras. Lamentablemente no existe incentivo para atraer inversiones a las Empresas ESTATALES, porque seguirá bajo el control del Estado o sea Capitalismo de Estado, pero con financiamiento externo de créditos tanto interno como externo, el Gobierno nacional espera para el 2024 adquirir una deuda pública externa adicional por $us 4.187 millones, y la deuda interna, llegará a $us 11.043 millones, casi tres veces más que la primera, recursos que pretende obtener de la GESTORA, o sea de los ahorros de las y los jubilados y los servidores públicos.
El país está nuevamente en riesgo de una crisis y podría llegar a una situación de impago (default). Desde el año 2007, hasta la actualidad, la deuda de $us 13.408 a septiembre de 2023. Según Jubileo a diciembre de 2022, la deuda externa llegó a 13.408 millones de dólares y la deuda interna 18.407 millones de dólares, total 31.807 mil millones de dólares.
