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Tras el reconocimiento público del viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, sobre la portación de armas de los avasalladores que causaron muerte y heridos en la provincia Guarayos el fin de semana, la diputada nacional María René Álvarez exigió a ese funcionario que actúe con todo el rigor de la ley contra estos grupos irregulares.
Mediante una carta enviada al viceministro, la diputada representante de Santa Cruz, pidió que ese despacho active las acciones pertinentes bajo las figuras de porte ilegal de armas, sedición, lesiones graves y gravísimas e impedimento al auxilio, pues luego de disparar con escopetas y provocar heridas de bala y balines, los avasalladores no permitieron el ingreso de ambulancias para socorrer a los heridos.
Aguilera reconoció en declaraciones públicas, que los avasalladores actuaron disparando “escopetas de caza” en la comunidad de Pailitas, zona cercana a Las Londras; por tanto, tiene conocimiento que los avasalladores usan armas de fuego para amedrentar a los pobladores.
“Tenemos que recordar al viceministro que la Ley es para todos y existen casos en los que el Gobierno ha actuado con todo rigor, tipificando incluso el porte de armas de uso deportivo como un delito de sedición”, agregó Álvarez.
Aguilera también se refirió a la levedad de las penas para el delito de avasallamiento, como justificativo ante la reacción tardía de la Policía en la zona de conflicto.
En respuesta, Álvarez recordó que existe un proyecto de ley que ella presentó en 2022 y que actualmente se encuentra paralizado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
La propuesta pide incrementar la pena de cárcel de nueve a 18 años para el avasallamiento de tierras, además de establecer multas mayores para quienes incurran en este delito.
En esta jornada, la legisladora remitió una nota a dicha comisión para pedir que se pueda tratar el proyecto con prioridad y de esa forma dar respuestas a los pueblos afectados con las tomas violentas de tierras.
La diputada Álvarez hace el seguimiento a los casos registrados en la provincia Guarayos, como los hechos de julio del año pasado, cuando un grupo de avasalladores secuestró a cuatro personas, o los hechos de violencia de octubre de 2021 en Las Londras, que derivó en torturas, secuestro y amenazas contra un grupos de policías, trabajadores y periodistas que se había desplazado al lugar para verificar la instalación de campamentos en esos predios.
//FUENTE: PRENSA DIPUTADOS//
