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La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya se declaró incompetente para resolver la demanda que interpuso Soboce para que el Estado boliviano pague los 269,4 millones de dólares como compensación por la estatización de las acciones de Fancesa (2010).
La Procuraduría General del Estado (PGE) celebró el fallo que admite las solicitudes, objeciones y argumentaciones presentadas por el Estado Boliviano; mientras que el grupo empresarial y sus accionistas del Grupo Gloria del Perú anunciaron que acudirán a otras instancias y buscarán un diálogo con autoridades del país.
Tras conocer la determinación del tribunal internacional, Soboce emitió un comunicado, en el que asegura que “la decisión no afecta la validez de nuestros derechos y justos reclamos”.
“La acción legal para conseguir la justa compensación por la expropiación de acciones en Fancesa el año 2010 tiene fundamento en el Decreto Supremo 616 de 1 de septiembre de 2010, norma interna de la legislación boliviana que permanece firme”, señala el pronunciamiento.
Por ello, anuncia que “continuará acudiendo a los canales judiciales y/o arbitrales (nacionales o internacionales) para el reconocimiento de sus derechos” y enfatiza que la Constitución boliviana garantiza el pago de indemnizaciones en caso de expropiación. “La confiscación de bienes, activos y derechos está prohibida por la propia Constitución”, agrega.
Además, Soboco avisa que buscará un “diálogo constructivo” con autoridades bolivianas, con la finalidad de encontrar una solución al conflicto.
“Nuestro objetivo es encontrar una solución amistosa que beneficie a todas las partes involucradas y contribuya al desarrollo sostenible de Bolivia”, finaliza el comunicado.
El grupo empresarial había invocado el “Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú-Bolivia” y pedían una compensación económica, más intereses, por un total de $us 183,2 millones, además de los dividendos de las acciones estatizadas por $us 86,2 millones, de acuerdo con información publicada por Erbol.
Sin embargo, según el mismo portal, el Estado boliviano presentó “Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación”, alegando falta de jurisdicción. La PGE informó que el laudo fue emitido este lunes, 27 de noviembre, y que el Tribunal Arbitral decidió admitir la objeción, declarándose sin jurisdicción para resolver la controversia de fondo entre las partes.
//FUENTE: CORREO DEL SUR//
