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El dirigente de los gremiales de El Alto Antonio Siñani rechaza la disposición séptima del Presupuesto General del Estado reformulado 2023, que prevé quiénes pueden reportar “operaciones sospechosas”, manifestó que esta medida podría afectar a la mayoría de los propietarios de los cholets porque no facturan y se los podría vincular con ilícitos.
Argumentó que en la urbe alteña muchos son trabajadores cuenta propia, comerciantes, quienes pueden verse afectados con el proyecto de ley de Modificación del PGE reformulado por el contenido de la disposición séptima.
“Donde dice que el comerciante debe transportar mercadería lícita, si no tiene lícito automáticamente van a decir que es contrabando o ganancias ilícitas, por eso va afectar a los cholets, a las casas construidas, porque la mayoría no factura”, sostuvo Siñani.
Los cholets son enormes infraestructuras particulares o privadas construidas en la ciudad de El Alto. Son edificaciones arquitectónicas en las que se invierten millonarios montos de hasta 2 millones de dólares. Tienen diferentes funcionalidades, sirven de vivienda, tienen salones de eventos, tiendas, entre otros .
Esa disposición adicional establece quiénes son los “sujetos obligados” para reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) “operaciones sospechosas”, estas personas que informen estarán liberadas de responsabilidad administrativa, civil y penal.
“Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembros de la unidad de cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF de buena fe operaciones sospechosas con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad, administrativa, civil y penal, por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte, cualquiera fuera su naturaleza. Queda prohibido revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un Reporte de Operaciones Sospechosas o la información relacionada al mismo por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos”, dice el texto del proyecto de ley.
Rechazó la posibilidad de que los legisladores reconsideren estas disposiciones adicionales, precisó que están de acuerdo con los artículos de dicha norma en la que se establece el presupuesto para los diferentes niveles de gobierno. Mientras tanto, los gremiales se declararon en estado de emergencia.
“Se ha visto una preocupación que mañana con la UIF va a investigar y (los comerciantes) no van a poder demostrar de dónde han sacado el dinero, van a tener facturas y recibos de hace años para darle la legalidad, pero si no pueden demostrar automáticamente van a ser investigados y les van a quitar sus bienes”, dijo Siñani.
Insistió que cualquier persona con razón o sin razón podría denunciar a otro ciudadano dejándolo expuesto, ya que no podrá defenderse porque en el país no existe una justicia o fiscalía independientes. Expresó su temor de que algunos ministros quieran usar la norma para creerse “dioses” y fiscalizar a la población.
//FUENTE: ANF//
