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Entre 2006 y 2022, el sector cooperativista explotó el 94 por ciento de todo el oro que se extrajo de suelo boliviano, lo equivalente a 16.284 millones de dólares, según información expuesta por el expresidente de la Comibol, Héctor Córdova, con base en datos del Ministerio de Minería. Casi el 98 por ciento de ese monto fue a parar a bolsillos de particulares, ya que el aporte al Estado a través de regalías que rondan el 2 por ciento fue mínimo, añadió el experto.
Córdova y otros entendidos en la materia señalaron que el cooperativismo aurífero, que en los últimos días se ha movilizado para acceder a las áreas protegidas y pagar un impuesto único de 4,8 por ciento, ha dejado de pedir “derechos” y ha pasado a exigir “privilegios” que se sobreponen a los intereses del país.
En los 17 años mencionados (2006-2022) se explotó oro por un total de 17.324 millones de dólares, dijo Córdova en la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se realizó el pasado jueves. Con los cooperativistas liderando la producción, el Estado y los privados tienen porcentajes marginales.
“Más de 16.000 millones fueron a las cooperativas, en realidad a gente sin solidaridad ni cumplimiento de la norma. El valor del oro explotado comparado con las regalías que se han dejado es irracional”, sentenció Córdova, que es también investigador y docente universitario.
“¿Cómo es posible que tanta riqueza del pueblo boliviano vaya a manos de particulares?”, cuestionó al explicar que la Constitución otorga “derechos de uso y aprovechamiento” sobre los recursos naturales, pero no así “derechos propietarios”. Pero en el caso del oro y los cooperativistas esto no se cumple, y el sector pasó a ser “el dueño” del metal precioso, apuntó.
El pago de regalías, que debería llegar a un 2,5 por ciento del valor del oro, se reduce hasta un 1,5 por ciento si la comercialización se realiza al interior del país, lo cual, en criterio del investigador, “es una barbaridad”.
Añadió que la subvención al diésel podría beneficiar a este sector hasta con 500 millones de dólares anuales, en un momento en el que el país atraviesa por falta de divisas, caída de reservas, e interrupciones en el abastecimiento de este combustible.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta resaltó, en tanto, que las exportaciones de oro en 2022 (3.003 millones) superaron a las de hidrocarburos (2.974 millones), pero el Estado recaudó más por el gas que por el oro por las diferencias tributarias que se aplican a estos rubros.
También hay señales claras de evasión de impuestos, ya que actores privados (nacionales y extranjeros) se camuflan tras cooperativas para dejar de pagar tributos. Esto se evidencia en el hecho de que la mayoría de las concesiones en la Amazonía boliviana están a nombre de privados, pero el 99 por ciento del oro se extrae como si perteneciera a cooperativas.
Si un privado extrae oro y lo hace pasar como si viniera de una cooperativa evita pagar hasta un 37,5 por ciento de IUE, 13 por ciento de IVA, 3 por ciento de IT, y hasta un 7 por ciento en regalías.
El sector cooperativista ha señalado estar dispuesto a pagar un impuesto único de 4,8 por ciento y ha resaltado que su aporte al país no sólo debería medirse en lo tributario, sino también en la generación de empleo y movimiento económico en varias regiones.
¿Derechos encima de otros?
Los dirigentes auríferos exigen que se reconozcan sus “derechos preconstituidos” en áreas protegidas. Existe aún debate sobre el significado de estas palabras; sin embargo, algunos ambientalistas temen que la definición sea tan amplia y ambigua que reconozca la posibilidad de hacer minería mecanizada dentro un área protegida por el simple hecho de habitar el lugar antes del 2014 (cuando se promulgó la Ley de Minería N° 535).
La representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Ruth Alipaz, manifestó que “el derecho es progresivo. Antes no había una Constitución que resguarde las áreas protegidas, medioambiente e indígenas, pero ahora la hay, por lo que las demandas de los mineros son inconstitucionales”.
La líder indígena añadió que “lo que ellos piden no son derechos, son privilegios, porque quieren estar por encima de la Constitución”. Comportamiento similar se advirtió en el expresidente Evo Morales, que esgrimió su derecho humano a la reelección indefinida.
El presidente de la Fecoman, Ramiro Balmaceda, explicó anteriormente que su sector no busca destruir el mediombiente ni obtener privilegios, sino generar fuentes de trabajo y aportar al país con un impuesto de 4,8 por ciento, ya que muchos productores obtienen “apenas unos gramos de oro con alto esfuerzo”, y no necesariamente kilos como en el caso de algunos privados.
Añadió que si el Estado no quiere más minería aurífera debería dar oportunidades laborales para miles de personas que son el sustento de sus familias y que encontraron en el oro una oportunidad de trabajo.
Para Alipaz, “llama la atención tantos años de minería y que sigamos sumidos en la pobreza, y peor los indígenas, que vemos cada vez más y más despojo de nuestra forma de vida”. Indicó que el uso masivo de mercurio y otros químicos, sumado a la deforestación, tienen impactos altamente dañinos en poblaciones de la Amazonía.
Se exporta más oro que hidrocarburos
La exportación de oro a agosto de este año alcanzó los 1.791 millones de dólares, un 13 por ciento menos de lo registrado en el mismo periodo del 2022. Pese a ello, la cifra es aún mayor a las exportaciones de hidrocarburos, que llegan sólo a 1.421 millones a agosto de este año.
La producción de gas natural va en caída mientras que la del oro aumenta, principalmente en el norte de Bolivia.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//
