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Después de que la Procuraduría General de Estado instruyó estudios y relevamiento de leyes sobre incendios e identificar a culpables de estas situaciones que golpearon a diferentes regiones del país, desde la bancada de Creemos piden incluir en las investigaciones al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Fue la diputada María René Álvarez quien remitió el pedido por escrito al procurador, César Siles, para pedir una intervención estas instancias estatales ante las acciones que fueron anunciadas contra los responsables de los incendios que se registraron en el país, siendo uno de los casos mencionados por la autoridad el registrado en la provincia cruceña de Guarayos.
“Esto porque las entidades responsables de controlar, fiscalizar y proteger las áreas protegidas a nivel nacional son estos despachos (INRA y ABT), pero que no lo hacen o se limitan a tareas administrativas y políticas”, denunció la legisladora.
Asimismo, Álvarez anunció que se está pidiendo que la Procuraduría notifique cuando inicie procesos penales referidos a los incendios forestales, como terceros interesados, tomando en cuenta la representación que ostenta de la Chiquitania y de los pueblos afectados directamente con avasallamientos, desmontes y quemas ilegales.
En días pasados, el procurador general del Estado, César Siles, instruyó el relevamiento de información sobre las acciones, estudios, proyectos que ejecutaron o ejecutan las entidades estatales nacionales, departamentales y municipales para proteger el medio ambiente, los derechos humanos y el patrimonio natural.
“La Procuraduría va a solicitar los procesos judiciales contra aquellos que hayan sido acusados (por incendios). Es muy importante realizar las medidas de indagación e intervención a la ABT y al INRA (… ) Estas dos instituciones no han tenido ningún tipo de pronunciamiento”, apuntó la diputada.
Desde la oposición y colectivos ambientalistas denunciaron que las denominadas “leyes incendiarias” siguen vigentes y son permisibles con las quemas e incendios que se registran en diferentes regiones del país.
Entretanto, el INRA salió a negar que se estén dotando tierras en reservas forestales y áreas protegidas del departamento cruceño, en un contexto en el que se advierten desmontes y quemas en estos espacios que no están calificados para los asentamientos humanos.
La postura institucional emerge después de que diferentes actores apuntaron a esta instancia de facilitar la llegada de pobladores a áreas no calificadas para asentamientos, tema denunciado por el diputado Erwin Bazán (Creemos) que señaló que la expansión de los incendios forestales en Santa Cruz, tienen origen en las tierras presuntamente “dotadas de forma ilegal” por el INRA.
Del mismo modo, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho señaló que el 85% de los focos de calor se ubican en lugares donde hay asentamientos ilegales
.“El Gobierno centralista, a través del manejo político del INRA y la ABT, incumple las normas departamentales al momento de extender dotaciones de tierra o autorizar desmontes”, apuntó Camacho en sus redes sociales.
//FUENTE: UNITEL//
