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El detenido preventivo que esté en condiciones de hacerlo podrá comprar una manilla o tobillera electrónica y beneficiarse con una medida alternativa a la detención preventiva, en el marco el proyecto de ley de Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia.
Así informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, al indicar que la manilla comprada por el detenido pasará al Gobierno como donación, una vez que deje de usarla.
“Al ser una medida que beneficia al imputado o al investigado, es él que debe asumir el costo”, explicó en ATB Radio, respecto a cómo se gestionará la habilitación de estos dispositivos, una vez se apruebe y entre en vigencia la ley respectiva. En Bolivia ya se encuentran 500 tobilleras.
“El Ministerio de Gobierno debe elaborar los estándares, el dispositivo (que compre el imputado) tiene que tener compatibilidad con el sistema que tenemos y partir de eso puede adquirirlo y, cuando se lo retire, tienen la obligación de donarlo al Estado”, explicó.
Según la iniciativa legal, los dispositivos de vigilancia podrán ser adquiridos por tres instancias: el Gobierno nacional o el Órgano Judicial; las entidades territoriales autónomas, porque también es un pedido de las gobernaciones por la reducción del gasto de prediarios; y por el imputado.
Ríos informó que el uso de las manillas electrónicas promoverá la detención domiciliaria y reducirá el hacinamiento en el sistema carcelario.
El artículo 10 de la iniciativa legal establece que “no podrá sustituirse la detención preventiva impuesta por la medida cautelar de vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico de vigilancia cuando se trate de los siguientes delitos en los que la Constitución Política del Estado prevé imprescriptibilidad: feminicidio, infanticidio, parricidio, asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, secuestro, violación, violación de infante, niña, niño o adolescente”. También está incorporado el delito de corrupción.
Con estos dispositivos, se ayudará además a las mujeres y niños que sufren violencia al protegerlos de sus agresores.
“Con este dispositivo se puede fijar hasta 10 perímetros para que el agresor no se pueda acercar a la víctima”, explicó.
Actualmente, 300 policías están destinados a la custodia de detenidos domiciliarios y supervisión periódica de otros. Con el uso del dispositivo, estos uniformados pasarán a fortalecer la seguridad ciudadana. El proyecto de ley debe ser aprobado ahora en el Senado.
//FUENTE: CORREO DEL SUR//
